Estación de Policía del terror | Procuraduría realiza inspección para verificar las denuncias

La Procuraduría General abrirá investigación por los hechos que se habrían presentado en la estación de Policía de Cartagena. Un delegado de derechos humanos realiza una inspección para recolectar más información de la denuncia revelada en exclusiva por SEMANA frente al caso de diez internos que fueron secuestrados, golpeados y violados por los custodios.

Los hechos se presentaron el pasado 30 de agosto cuando los jefes del Clan del Golfo que se encontraban retenidos en dicha estación de policía decidieron organizar una fiesta. Con la complicidad de los agentes, ingresaron licor y todo tipo de elementos prohibidos.

Como si fueran reyes, los comandantes de la banda criminal señalaron a diez internos para que fueran trasladados a la parte de atrás de la estación de Policía. Con cuchillos, palos, hojas de cuchillas para afeitar y hasta cucharas afiladas que usan como armas mortales, empezaron a golpearlos y torturarlos. Eran 16 los hombres que cometían los hechos. La descripción es pavorosa. A cada uno lo pusieron a practicar sexo oral; si se resistía, lo golpeaban y lo cortaban con las improvisadas armas. Además, les quitaron los celulares y les vaciaron las cuentas.

El trago y las drogas hacían su efecto, pasaron del sexo oral a las violaciones. Un recluso, ya entrado en años, se negaba y forcejeaba para que no lo obligaran a esos vejámenes, pero recibió un castigo. Lo violaron con un palo de escoba y lo dejaron tirado en el piso, ensangrentado.

Las seis horas de terror pudieron extenderse, pero la suerte asomó con algo de piedad. Uno de los detenidos tenía una audiencia de su caso, así que tan pronto tuvo conexión advirtió al juez y a la Fiscalía lo que estaba sucediendo, poniendo fin a la barbarie. Pero con una orden: que apuntaran en la minuta claramente, sin omitir detalle, todo lo que ocurrió.

Debido a las amenazas y a las retaliaciones, los internos prefirieron guardar silencio de los vejámenes que sufrieron. Incluso, deicideron no comentarlo siquiera a sus familiares. Debido al poder de los jefes de la banda en la cárcel sabían que si hablaban podían ser atacados en su integridad personal.

Según pudo establecer SEMANA, los agentes de Policía habrían propiciado la pérdida de cualquier tipo de evidencia, omitiendo de sus registros lo ocurrido durante esas seis horas, borrando además pruebas con la excusa de un operativo para controlar un intento de motín, para lo cual utilizaron dos tanquetas. Sacaron lo que tenían los reclusos: colchonetas, cobijas, utensilios de aseo, ropa, sábanas, vasijas para depositar agua y comer.

Crisis carcelaria

Frente a esta grave situación, el Ministerio Público advirtió sobre varios casos de hacinamiento de la población sindicada en las estaciones de Policía de los municipios de Valledupar, Becerril, El Paso, Curumaní, La Jagua de Ibirico, Manaure, Bosconia, El Copey, Pueblo Bello, San Diego, La Paz y Agustín Codazzi.

La Procuraduría requirió a las administraciones municipales para que adelanten los trámites pertinentes con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), para la atención de esta población recluida en las unidades policiales, puesto que carecen de capacidad.

También pidió información de los recursos asignados para la presente vigencia y su próxima asignación en los puestos de detención, en busca de establecer planes para la precisa ubicación de los sindicados.

Finalmente, el ente de control solicitó a las autoridades competentes acciones inmediatas, con el fin que el cuerpo policial adelante sin inconvenientes las capturas y allanamientos pendientes.