Estadio de béisbol 20 de enero: dos alcaldes, más de $37 mil millones invertidos, y aún sigue en veremos. Procuraduría toma medidas

Han pasado más de ocho años y el esperado estadio, 20 de enero, para la práctica de béisbol en el municipio de Sincelejo, Sucre, no es más que una promesa. Se han enterrado más de 37 mil millones de pesos, ha tenido adiciones presupuestales, retrasos, estudios mal realizados y está aún lejos de ser inaugurado.

Por ese motivo, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra los alcaldes de Sincelejo, Sucre, Jacobo Quessep Espinoza (2016 – 2019) y Andrés Eduardo Gómez (2020 – 2023) por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución del proyecto para la construcción del estadio 20 de enero, en el que se invirtieron $37.142 millones del Sistema General de Regalías.

De acuerdo con la investigación adelantada por el Ministerio Público, las irregularidades habrían comenzado desde la etapa precontractual, pues los estudios, diseños, y documentos técnicos presentaron inconsistencias que ocasionaron  modificaciones para la inclusión de Ítems no previstos. También se detectaron presuntas fallas en el proceso de selección del contratista.

La construcción de esta obra ha sido toda una novela, no se hicieron bien los estudios ni los cálculos del dinero a invertir y hasta estuvo suspendida la obra. Las inconsistencias generaron retrasos del 56% en los tiempos de entrega y la necesidad de adicionar 49.8 % de los recursos asignados, por lo que finalmente la obra fue suspendida el 29 de agosto de 2022.

Luego de varias vueltas, inyectarle más dinero de las regalías buscando viabilizar la obra, el proyecto de inversión tuvo una nueva acta de reinicio de obra del 10 de julio de 2023 y actualmente se encuentra en etapa de ejecución, con los recursos que fueron adicionados; situación que también está bajo la lupa del ente de control.

Los cargos endilgados a los exalcaldes están relacionados con su presunta responsabilidad al haber presentado el proyecto al OCAD y autorizar su ejecución sin verificar sus óptimas condiciones. Las faltas fueron calificadas provisionalmente como Graves a título de Culpa Grave.

Por ahora, los mandatarios Quessep Espinoza y Gómez Martínez están bajo la lupa de la Procuraduría, pero tampoco es mucho lo que se haya logrado en la actual administración que, 10 meses después, tampoco ha logrado que esta megaobra ser por fin entregada.

Por estas irregularidades también son investigados Aristides Ortiz y Erbert Rosa, secretarios de infraestructura; Sandra Fernández, directora de gestión contractual; y Yovanis Benavides, jefe de presupuesto.