Estado fue permisivo con la creación de las ‘Convivir’

En la década de los 90 Medellín evidenció la creación de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la Autodefensa Agraria (CONVIVIR), las cuales terminaron convirtiéndose en una monstruosa fuerza paramilitar que dejó miles de víctimas.

Mucho se ha debatido por la creación de esas estructuras. Y ahora el Consejo de Estado declara la responsabilidad del Municipio de Medellín por los perjuicios causados a varios comerciantes con un artefacto explosivo accionado por un grupo armado ilegal en enero de 1997, en contra del edificio donde funcionaban unas asociaciones 'Convivir'.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, dice respecto a la creación de las ‘Convivir’ que el Estado estaba enterado de la constitución de grupos civiles armados que estaban actuando al margen de la Constitución y de la ley, y no hizo nada. Asegura que, por el contrario, con su omisión incurrió en un desprotección de los derechos de los ciudadanos. “El Estado aceptó con su silencio que se configurara, más allá del riesgo jurídicamente aprobado y tolerado, una fuente de peligro para la sociedad”, afirma la decisión.

El fallo afirma que “es un hecho censurable que las autoridades municipales manifestaran su aquiescencia con las labores adelantadas por las 'Convivir', manera ignominiosa de contribuir desde el aparato estatal en el fomento y promoción de grupos civiles armados al margen de la ley, circunstancia intolerable que no se puede volver a repetir en una sociedad que aspira a alcanzar con premura el valor supremo de la paz”.
 
Para la sección tercera es una certeza que las autoridades de Medellín conocían las oficinas del edificio donde funcionaba Asocomunal, asociación dedicada a actividades de carácter comunitario, donde también funcionaban la Asociación Convivir y el Comité de Participación Ciudadana Comerciantes Vecinos Empresas Públicas de Medellín, entidades que ejecutaban servicios especiales de vigilancia y seguridad privada.

Ellas, según el Alto Tribunal, “estaban involucradas en homicidios, abuso sexual contra las trabajadoras sexuales del sector, maltrato, lesiones personales, amenazas, injuria, suplantación de autoridad legítima y enfrentamientos con estas, piratería terrestre, hurto, boleteo, extorsión y prestación ilegal de servicios de seguridad y vigilancia privada, pese a que su objeto era de promoción comunitaria de programas sociales, morales, culturales y educativos”.

El edificio atacado había sido arrendado al municipio de Medellín para el funcionamiento de las oficinas de Asocomunal, sin embargo, allí se instalaron de forma ilegal cooperativas como la Asociación Convivir.

Por esta omisión el Alto Tribunal conmina al Municipio de Medellín a pagar cerca de $ 400 millones a los comerciantes que se vieron afectados por el funcionamiento de estas estructuras en ese inmueble de la capital antioqueña. Pero, más allá de la sanción, lo cierto es que el alto tribunal considera que el Estado fue permisivo con la creación de estas organizaciones que degeneraron en las ya conocidas y macabras agrupaciones paramilitares.