Estados Unidos revela su informe anual sobre derechos humanos: panorama en Colombia es preocupante

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe anual sobre derechos humanos en el mundo. Este reporte hace una lectura detallada sobre los derechos individuales, civiles, políticos y laborales internacionalmente reconocidos, tal como se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales.

Según detalla el informe general, publicado en el sitio web del Departamento de Estado, cada informe de país habla por sí mismo, describiendo informes de prácticas realizadas durante el 2022. “Algunos de los informes destacan violaciones y abusos sin precedentes que son terribles en su escala y gravedad”, se lee en el prefacio del documento.

“Hoy publicamos el 47º Informe Anual de Derechos Humanos. #2022HRR demuestra nuestro compromiso con la promoción de los derechos humanos en todo el mundo. Los invito a tomarse un momento y leer el informe completo”, escribió en Twitter el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken.

En el informe específico sobre Colombia, el Departamento de Estado hizo una evaluación sobre el panorama de derechos humanos durante el año pasado, destacando la elección de Gustavo Petro como presidente de la República y los comicios legislativos.

“Los votantes eligieron presidente a Gustavo Petro en una segunda vuelta de elecciones que los observadores consideraron libres y justas y las más pacíficas en décadas”, reza el informe.

Si bien expone que, en general, las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad durante el 2022, también señala que “hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos”.

“Entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuraban informes fidedignos de: homicidios ilegítimos o arbitrarios; tortura y detención arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno y grupos armados; abusos graves en un conflicto; penalización de la difamación; corrupción gubernamental grave; la violencia y el desplazamiento forzado de personas afrocolombianas e indígenas; violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales; y asesinatos y otros actos de violencia contra sindicalistas”, detalla el reporte.

El documento menciona que el gobierno tomó medidas para investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, sin embargo, resalta que “la mayoría de los casos sufrieron largas demoras”.

“Muchas investigaciones incluyeron casos derivados de todo el conflicto armado en el país a partir de la década de 1960. En general, el gobierno implementó leyes que penalizaban la corrupción oficial”, anota el informe.

Disidencias, ELN y narcotraficantes siguen operando

Un punto clave del informe aborda las acciones cometidas por disidencias de las Farc, ELN y organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Esta lectura se da en un contexto en que el Gobierno Petro trabaja por una de sus banderas: la implementación de la denominada ‘paz total’.

“Continuaron operando grupos armados, incluidos disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcotraficantes. Se informó de que los grupos armados, así como los traficantes de estupefacientes, eran autores importantes de abusos contra los derechos humanos y delitos violentos, incluidos actos de ejecuciones extrajudiciales e ilegales, extorsión y otros abusos o delitos, como secuestros, torturas, trata de personas, atentados con bombas, restricciones a la libertad de circulación, violencia sexual, reclutamiento y utilización ilegales de niños soldados, y amenazas de violencia contra periodistas. mujeres, defensores de derechos humanos y líderes religiosos”, sostiene el reporte.

Frente a los delitos mencionados previamente, el informe del Departamento de Estado anotó que, en general, el gobierno también investigó dichas acciones y procesó a los responsables.

En el desarrollo del informe, el Departamento de Estado profundizó caso por caso, en referencia a las principales problemáticas que reseñó en la introducción, siendo los homicidios ilegítimos o arbitrarios, situaciones de tortura y detención arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad gubernamentales y grupos armados, así como la violencia y el desplazamiento forzado los más relevantes.