POLÍTICA
Se agudiza la división en el partido FARC: ¿qué es lo que está pasando?
Varios representantes del partido FARC anunciaron que no participarán en la primera reunión del año por considerar que hay una línea autoritaria. El movimiento atraviesa una profunda división. ¿Qué es lo que ocurre?
Desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, el proceso de reincorporación ha sido tortuoso. Además de que ya se registran más de 250 excombatientes asesinados luego de la firma, se le suma el hecho de que varios líderes decidieron volver a la ilegalidad, mientras que en el partido hay profundas divisiones políticas.
Esto se venía evidenciando desde hace varios meses. En la cúpula, algunos líderes denuncian que se están tomando decisiones arbitrarias y que se continúa con un régimen autoritario como el que se llevaba en la ilegalidad. Algunos reclaman que ahora son un partido democrático y que se deben permitir los disensos.
Las diferencias estallaron públicamente con la expulsión del representante a la Cámara Benedicto González –quien ocupó la curul de Santrich– y Ubaldo Zúñiga, más conocido como Pablo Atrato. Ellos alegan que en la colectividad algunos líderes, entre ellos Timochenko y Julián Gallo, no aceptan disensos o voces en contraposición.
En las últimas horas los senadores Victoria Sandino e Israel Zúñiga (Benkos Biohó), quien ya habían respaldado las posiciones de los expulsados, emitieron una comunicación en la que anuncian que no asistirán a la próxima Asamblea Nacional del partido, la primera del año, que se realizará entre el 22 y el 24 de enero.
“No vamos a participar de esta Asamblea antidemocrática atada a unos mecanismos amañados que excluyen a militantes y fundadores del partido que seguimos comprometidos con el Acuerdo de Paz. Una Asamblea que niega siquiera abrir las discusiones que sus delegados proponen es un atentado contra la reincorporación política y los derechos de los firmantes de la paz, por lo que interpondremos las acciones legales ante las autoridades correspondientes”, dice la comunicación.
Además, mencionan que la conversación que se dará en la reunión del partido está alejada de las problemáticas que traían desde la vida guerrillera y que no se está dando la conversación de frente al país. Consideran que de la manera como se está llevando se violan los estatutos, la legislación colombiana y hasta la reincorporación misma.
El problema fundamental, más allá de las disputas internas, ha estado centrado en los temas que se van a tratar este fin de semana. La preocupación de Sandino y Zúñiga, como ya lo han expresado en pasadas ocasiones, radica en que –para ellos– los temas que se discutan deben ir encaminados a solucionar las problemáticas de la colectividad, y no otros que planean conversar, como el cambio de nombre del partido, escoger al nuevo representante legal y otros que para ellos pasan a un segundo plano.
Aunque descarta que estas diferencias concluyan en una eventual renuncia al partido. “No vamos a renunciar a nuestro partido. No buscamos la división, sino la unión de la totalidad de los firmantes del Acuerdo de Paz y por eso no compartimos una Asamblea que profundiza la exclusión a militantes y estigmatiza opiniones políticas críticas”, dice la comunicación.
Así mismo, piden plenas garantías con lo pactado en el Acuerdo de Paz y que este no termine “convertido en un cascarón privatizado”. “Exigimos que se cumplan los estatutos y se reconozcan como militantes a todos aquellos que participaron en el Congreso Fundacional 2017, que se mantienen en el marco del Acuerdo de Paz”.
En la carta invitan a los demás reincorporados que tienen diferencias con esa cúpula a no renunciar al partido ni a los acuerdos de paz, y buscar una salida a la crisis. “Convocamos a todo militante injustamente excluido y desconocido por un sector de la actual dirección del partido a construir mancomunadamente espacios para ganar la reincorporación integral y continuar nuestra lucha por la paz y las transformaciones sociales”, dicen.
Y le solicitan a una misión de la ONU que haga un seguimiento a la reincorporación de la colectividad para evaluar esta situación y otorgar garantías a la implementación del componente político firmado en el Acuerdo de Paz.