Estalló nuevo escándalo de presunta corrupción en Cartago

Cuando los cartagüeños creían que lo habían visto todo en materia de corrupción, aparecen nuevas investigaciones de la Fiscalía, que salpicarían a un grupo nutrido de funcionarios de alto perfil.

Si bien la cifra del presunto desfalco (2.307 millones de pesos) esta vez no se acerca a recientes escándalos destapados en esa misma ciudad, lo llamativo es que involucraría a personas cercanas a la Administración Municipal.

Como se sabe, el alcalde de Cartago, Valle, es el liberal Carlos Andrés Londoño Zabala, recordado porque llegó a ese cargo como heredero tras recoger las banderas políticas de su hermano, Ignacio Londoño, más conocido como Nacho y afamado como el polémico abogado de narcotraficantes. Nacho fue asesinado en 2015 en vísperas de la campaña electoral.

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Cartago es una ciudad intermedia del Valle con apenas 130.000 habitantes y un presupuesto anual que no supera los 150.000 millones de pesos. Pero desde hace décadas está en el radar de los medios nacionales e internacionales no solo por sus famosos bordados a mano, sino por la estela de terror que sembró el extinto cartel del Norte del Valle.

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Hace apenas cuatro meses la Fiscalía hizo una redada con al menos 30 personas vinculadas a otra investigación por el presunto desvío de diez mil millones de pesos del Plan Municipal de Aguas. Aunque casi todos quedaron en libertad, siguen vinculados al proceso y entre los salpicados aparecen el exalcalde Germán González Osorio y varios de sus ex funcionarios.

Ahora el ente investigador le puso la lupa a tres contratos que se firmaron este año, que suman $2.307 millones y apenas se están ejecutando. La novedad es que en ese supuesto ilícito estarían involucrados varios funcionarios de la alcaldía actual.

Fuentes cercanas a la investigación aseguran que los contratos en cuestión son el de la interventoría a la concesión del tránsito municipal, que se firmó por 150 millones de pesos con la Corporación Para el Desarrollo y la Calidad de Vida, cuyo representante legal es Rafael Antonio García Manrique.

El otro contrato en líos es por alimentación escolar que se hizo con la Unión Temporal Alimentamos Valle, de Cali, por valor de 2.132 millones de pesos, representada por la señora Zunilde Palacios Córdoba.

Y el tercero corresponde a un estudio contratado por la oficina jurídica de la alcaldía, para fijar las tarifas del transporte público en la ciudad. Se trató de un contrato de mínima cuantía por valor de 25 millones de pesos y fue seleccionada la empresa Induseñales SAS, también de Cali y representada por la señora Diana Cristina Ossorio Calad.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron que la investigación busca establecer si en esos contratos se “favorecieron los intereses de determinados contratistas”. Añadió la misma fuente, que para demostrar la presunta irregularidad, los investigadores recopilaron pruebas documentales y audios en los que se habla de “ofrecimiento de dineros”.

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Sin embargo, el mayor revuelo en esa ciudad del Valle lo causó una "verificación" judicial que realizaron este martes 15 de agosto miembros de CTI en el edificio donde vive Jesusita Zabala de Londoño, madre del alcalde y gestora social del municipio. Hasta el cierre de esta edición las autoridades no confirmaron la existencia de órdenes de captura.

Sin embargo, otras fuentes cercanas a la Fiscalía explicaron que no se descarta que la señora Zabala se acerque a la entidad para aclarar su situación jurídica dentro de esa investigación y que para ello ya habría nombrado como apoderado al abogado y exfiscal Jaime Ángel Londoño, pariente del alcalde.

Así las cosas, con esta nueva investigación Cartago suma medio centenar de personas entre funcionarios y particulares, involucrados en cinco escándalos de corrupción que estallaron en menos de un año.