¿Están acreditando vándalos como indígenas?

Un procedimiento de rutina del Escuadrón Móvil Antidisturbios en la ciudad de Cali terminó en un enfrentamiento con un grupo de personas que construyeron una barricada para impedir el paso de la Policía. Con bombas molotov, los uniformados fueron atacados hasta que fue necesario responder con la misma contundencia: gases lacrimógenos y bombas aturdidoras. Por fortuna no hubo heridos, pero sí capturados que, en el marco de las audiencias preliminares ante un juez, resultaron acreditados como integrantes de una comunidad indígena.

Mientras la Policía trataba de recuperar el control en la zona, identificaron a dos personas: un hombre y una mujer que no solo estaban promoviendo los enfrentamientos con la fuerza pública, sino que asistían los artefactos incendiarios que lanzaban a la Policía. Esas dos personas fueron capturadas y, de acuerdo con las indagaciones, serían residentes en la ciudad de Cali. Sin embargo, horas después, cuando estaban en el proceso de judicialización, y por medio de sus abogados, presentaron un certificado que los acreditaba como integrantes de un resguardo indígena.

El certificado fue presentado al juez, que entre otras cosas le llamó la atención a la Fiscalía y la Policía por los procedimientos de captura, al punto que dejó en libertad a la mujer bajo el argumento de que recibió “malos tratos” al momento de la detención. El fiscal del caso apeló la decisión del juez, que finalmente legalizó la captura del hombre identificado en medio de la revuelta.

Los investigadores le contaron a SEMANA que lograron demostrar el arraigo de los dos capturados en la ciudad de Cali, que viven en la capital del Valle del Cauca y que su presunta vinculación con una comunidad indígena debe ser objeto de verificación, pues apenas y ante la judicialización se intentaron acreditar.

La Fiscalía continuó con las audiencias preliminares para imputar cargos por los delitos de terrorismo y violencia contra servidor público, con el objetivo de conseguir del juez de garantías una medida de aseguramiento en contra del único capturado que quedó tras el procedimiento policial.

Los funcionarios judiciales que estuvieron presentes en las audiencias, que dejaron en libertad a la mujer capturada y permitió la imputación de cargos al hombre que la acompañaba, aseguraron que la actitud del juez de garantías fue bastante despectiva con los fiscales, investigadores y policías que se encargaron del procedimiento, al punto de reprocharles capturar a quienes forman parte de las manifestaciones. La diferencia en este caso, según los propios investigadores, es que los capturados no estaban en una movilización; al contrario, participaban del bloqueo de vías y el ataque directo a la fuerza pública con artefactos incendiarios.

Para esos investigadores, la acreditación que la defensa de los capturados pretende llevar a los jueces tiene como objeto que sea la jurisdicción indígena la que adelante los procesos en contra de las personas detenidas y que a través de certificados se convierten –según los investigadores– en integrantes de comunidades indígenas a propósito de las audiencias judiciales.

“La autoridad ancestral del cabildo indígena San Lorenzo de Caldono, en uso de sus facultades legítimas y legales que le confiere la ley de origen, el derecho propio de las resoluciones internas, de control social político y administrativa, a la vez bajo el amparo Constitucional de la Ley 89 de 1890 (…) Se encuentra registrado dentro del sistema del censo realizado por el cabildo indígena de San Lorenzo de Caldono, es indígena, convive y conserva nuestros usos y costumbres”, señala el documento que fue presentado al juez.

Pendiente está la definición de las medidas de aseguramiento que solicitó la Fiscalía en contra del hombre que aún se encuentra en calidad de capturado. Por ahora el llamado que hacen los investigadores y policías es al respeto, incluso por cuenta de los jueces.