“Están beneficiando a congresistas y personas cercanas”: sigue polémica por escándalo de 800 contratos que involucran a Roy Barreras

No para la polémica luego de dos columnas publicadas por el columnista Aurelio Suárez en SEMANA, quien reveló en su última publicación varias presuntas irregularidades en la celebración de millonarios convenios interadministrativos, suscritos por la dirección administrativa del Senado, entre el 26 de julio y el 5 de septiembre de 2022.

SEMANA conversó con el economista, quien llama la atención sobre el hecho de que sean más de 800 contratos que, según él, benefician a personas cercanas, entre ellas, la esposa de Mauricio Lizcano: “Son 800 contratos, pueden ser más, pero suprimí los que tienen que ver con empresas, las compañías de seguros. Pero me aparecen esos cientos de contratos, yo no me quedé con el enunciado, sino que me quedé a buscar beneficiarios. Me encuentro con que le dieron contratos a la esposa del doctor Mauricio Lizcano, secretario general de la Presidencia o director del Dapre; me encuentro un contrato para su señora esposa Catalina Meza Ramírez, firmado el 20 de noviembre por 40 días por 13 millones de pesos, para apoyar la secretaría general del Senado”.

Y agrega: “Me empiezo a hacer preguntas, por ejemplo, si esto es de tipo político. Por qué esa plata. Aparece la señora que fue la jefe de prensa del exalcalde de Itagüí, del hoy presidente del partido Conservador, no estamos hablando de un senador, sino del presidente del partido Conservador... Trujillo. Y esa persona que tiene un contrato por 20 millones de pesos, a ella la ubican como de la rosca del senador Trujillo. A los congresistas los están beneficiando con contratos a personas cercanas. Se están nombrando gente en UTL, cargos que dicen asesora 1, tal, de la senadora Gloria Flórez. Es que los senadores tienen cupo limitado de UTL. Usted no puede pasar eso con contratos de servicios, dado que se trata de una labor misional”.

Los convenios 784, 1561, 983 y 984 fueron firmados por la recién reelecta directora administrativa del Senado, Astrid Salamanca Rahin, quien también aparece involucrada. Teniendo en cuenta los lineamientos en materia de celebración de contratos que tiene el Senado, todos tienen que pasar por la oficina del presidente para su conocimiento y firma. De esta manera, los cuatro convenios interadministrativos tuvieron que ser aprobados por Roy Barreras.

Entre estos se destaca el firmado con la empresa Impretics -la imprenta de la Gobernación del Valle del Cauca- y que tenía como objetivo suministrar un sistema integrado de control de acceso para el Senado. La empresa ya ha recibido varios millonarios contratos en los últimos años en el Senado.

Suárez confirmó que la Fiscalía, tal como anticipó en primicia este medio, abrió investigación de oficio por estos hechos. Suárez no tuvo “pelos en la lengua” para señalar que estaríamos ante el peor escándalo de corrupción política en el Congreso, durante el actual Gobierno: “Roy Barreras sale a defenderse diciendo que una cosa es lo legislativo y otra lo administrativo. Eso no es cierto. Mi columna fue específica en cuatro cosas. Lo primero es que al citar la ley quinta, es evidente que lo que sucede en lo administrativo no es ajeno a los derroteros que le fije la mesa directiva del Senado”.

Y agrega: “La teoría de que lo administrativo va, por un lado, y lo legislativo, por otro, se cae por su propio peso. Hay que revisar el artículo 41 de la ley quinta y otros artículos dejan claro que la parte administrativa está subordinada a la mesa directiva del Senado. Lo segundo, que creo que es importante, es algo que ocurrió en el año 2000. Cuando fue presidente de la Cámara, Pomárico Rojas”.

Según los documentos presentados por Suárez, Impretics subcontrató con Acin, una firma de seguridad que tiene su origen en la ciudad de Pereira. El contrato se tasó en 3.670 millones de pesos, pese a que el convenio inicial tenía un valor de 4.170 millones de pesos.

Lo mismo ocurrió con el contrato 983, firmado el 5 de septiembre de 2022, y que buscaba la “operación y producción de contenidos del Canal del Congreso de la República” por 8.159 millones de pesos con Dicitec, empresa de “infraestructura civil y servicios especializados de gestión para las regiones”.

Muchos de los convenios que fueron denunciados por Suárez tienen relación con empresas cercanas a familiares y amigos de funcionarios del Senado. Estas empresas tienen un largo historial de celebración de convenios con el Congreso, en algunos casos, pese a no cumplir con los requisitos.

El contrato 984, firmado el 5 de septiembre de 2022 con la Dicitec por un valor de 2.101 millones de pesos, tenía como finalidad “preproducción, producción y postproducción de productos audiovisuales”. Esta empresa, curiosamente, recibió en un solo día varios contratos con el Senado por un valor de 10.260 millones de pesos pese a su poco tiempo de vida y experiencia.

Suárez advirtió en su columna que todos los procesos de contratación tuvieron el mismo modus operandi: se realizaba una selección direccionada del contratista, había sobrecostos en el valor total y se presentaron objetos extraños al beneficiario que subcontrata a menos precio para causar excedentes. Esta práctica, indicó, se ha venido presentando con frecuencia en el Senado y representa un grave detrimento patrimonial y una afectación a los principios básicos de contratación estatal.