“Estaríamos ante el peor escándalo de corrupción política durante el Gobierno Petro”: Aurelio Suárez pide investigar “carrusel” de contratos que involucraría a Roy Barreras

No para la polémica tras dos columnas publicadas por el columnista Aurelio Suárez en SEMANA, quien reveló en su última publicación varias presuntas irregularidades en la celebración de millonarios convenios interadministrativos, suscritos por la dirección administrativa del Senado, entre el 26 de julio y el 5 de septiembre de 2022.

Los convenios 784, 1561, 983 y 984 fueron firmados por la recién reelecta directora administrativa del Senado, Astrid Salamanca Rahin. Teniendo en cuenta los lineamientos en materia de celebración de contratos que tiene el Senado, todos tienen que pasar por la oficina del Presidente para su conocimiento y firma. De esta forma, los cuatro convenios interadministrativos tuvieron que ser aprobados por Roy Barreras.

Entre estos se destaca el firmado con la empresa Impretics -la imprenta de la Gobernación del Valle del Cauca- y que tenía como objetivo suministrar un sistema integrado de control de acceso para el Senado. La empresa ya ha recibido varios millonarios contratos en los últimos años en el Senado.

SEMANA conversó con Suárez, quien confirmó que la Fiscalía, tal como anticipó en primicia este medio, abrió investigación de oficio por estos hechos. Suárez, no tuvo “pelos en la lengua” para señalar que estaríamos ante el peor escándalo de corrupción política en el Congreso, durante el actual Gobierno: “Roy Barreras sale a defenderse diciendo que una cosa es lo legislativo y otra lo administrativo. Eso no es cierto. Mi columna fue específica en cuatro cosas. Lo primero es que al citar la ley quinta, es evidente que lo que sucede en lo administrativo no es ajeno a los derroteros que le fije la mesa directiva del Senado”.

Y agrega: “La teoría de que lo administrativo va, por un lado, y lo legislativo, por otro, se cae por su propio peso. Hay que revisar el artículo 41 de la ley quinta y otros artículos dejan claro que la parte administrativa está subordinada a la mesa directiva del Senado. Lo segundo, que creo que es importante, es algo que ocurrió en el año 2000. Cuando fue presidente de la Cámara, Pomárico Rojas”.

Sobre el papel de Astrid Salamanca, dice que llama la atención la cantidad de propiedades adquiridas: “Un garaje en Santa Marta muy grande. Se ha vuelto inversora en los últimos años, de pronto hizo ahorros especiales. Pero me llama la atención que tenga apartamento en Cali, en Sierras de Normandía, y otros en Bogotá, en Usaquén. En fin, ella tiene unas propiedades que evidentemente ha venido declarando. Vi una de 2019 por 1.500 millones de pesos de patrimonio. Eso sería bueno mirarlo. Uno no descarta que se haya ganado un chance, no sé”. Advierte Suárez que todo lo que está ocurriendo le recuerda a Teodolindo Avendaño y Yidis Medina.

Según los documentos presentados por Suárez, Impretics subcontrató con Acin, una firma de seguridad que tiene su origen en la ciudad de Pereira. El contrato se tasó en 3.670 millones de pesos, pese a que el convenio inicial tenía un valor de $4.170 millones.

Lo mismo ocurrió con el contrato 983, firmado el 5 de septiembre de 2022, y que buscaba la “operación y producción de contenidos del Canal del Congreso de la República” por $8.159 millones con Dicitec, empresa de “infraestructura civil y servicios especializados de gestión para las regiones”.

Muchos de los convenios que fueron denunciados por Suárez tienen relación con empresas cercanas a familiares y amigos de funcionarios del Senado. Estas empresas tienen un largo historial de celebración de convenios con el Congreso, en algunos casos, pese a no cumplir con los requisitos.

El contrato 984, firmado el 5 de septiembre de 2022 con la Dicitec por un valor de $2.101 millones, tenía como finalidad “preproducción, producción y postproducción de productos audiovisuales”. Esta empresa, curiosamente, recibió en un solo día varios contratos con el Senado por un valor de $10.260 millones pese a su poco tiempo de vida y experiencia.

Suárez advirtió en su columna que todos los procesos de contratación tuvieron el mismo modus operandi: se realizaba una selección direccionada del contratista, había sobrecostos en el valor total y se presentaron objetos extraños al beneficiario que subcontrata a menos precio para causar excedentes. Esta práctica, indicó, se ha venido presentando con frecuencia en el Senado y representa un grave detrimento patrimonial y una afectación a los principios básicos de contratación estatal.

La respuesta de Roy Barreras

Roy Barreras, tan pronto se conocieron los hechos, publicó en Twitter que Suárez “omite” de “mala fe” que el Presidente del Senado no “tiene nada que ver con la parte administrativa”, que “cuenta con separada estructura y autonomía”. La mención del congresista se da porque, legalmente, la que debe firmar los convenios a nombre del Senado es la directora administrativa, en este caso Astrid Salamanca.

El Presidente del Congreso agregó que Suárez “sabe por qué revisó toda la normal contratación del Senado (necesaria para su funcionamiento y absolutamente legal) que el Presidente del Senado NO HA FIRMADO NINGÚN CONTRATO y, sin embargo, lo titula de mala fe “los convenios de Roy”.

“De los 4 convenios que de mala leche me achaca el sr Suárez, no solo NO firmo ninguno ni es mi función hacerlo (lo mío es lo legislativo. Las reformas que no le gustan al sr Suárez) sino que 3 de los 4 vienen desde la Presidencia de Juan Diego Gómez mi antecesor”, manifestó Barreras en otro de los trinos.