Estas son las billonarias pérdidas que halló la Contraloría en el dinero público destinado a las EPS para la salud de los colombianos

SEMANA conoció el informe de 36 páginas de la Contraloría con los hallazgos más graves sobre la corrupción de dineros públicos y que tendría salpicadas a por los menos 18 Entidades Promotoras de Salud (EPS).

El documento reveló que más de nueve billones de pesos destinados a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos se han desviado en actividades, bienes y servicios que no tienen nada que ver con la atención del servicio de salud a los pacientes.

El estudio se basó en los análisis financieros de 26 EPS y dejó hallazgos de posibles irregularidades en por lo menos 16 entidades, entre las que se encuentran la Asociación Indígena del Cauca, Aliansalud, Anaswayu, Asmetsalud, Capresoca, Coosalud, Dasaki, Ecoopsos, Emssanar, EPM, Famisanar, Mallamas, Nueva EPS, SaludMía, Saludtotal, Sanitas, SOS y Sura.

Entre los hallazgos más escandalosos que reportó la Contraloría en este informe fue el de la EPS Famisanar por casi 500 mil millones de pesos, que fueron destinados a arrendamiento, cancelación de crédito, duplicado de carnet y giro directo, entre otros conceptos.

Sobre la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno la semana pasada, el ente de control reportó posibles irregularidades por más de un billón de pesos en impuestos, giro directo y otras deudas.

Otra de las intervenidas por la Superintendencia de Salud en los últimos días fue la EPS Sanitas, en la cual, según la Contraloría, los hallazgos fiscales reportaron más de un billón 600 mil millones de pesos por conceptos de asesorías, comisiones financieras, deudores varios, mejoras en propiedad ajena y pérdidas en activos financieros.

En las otras 15 EPS registradas en este informe también aparecen otros conceptos como futura suscripción de acciones, gastos de representación, dividendos y participantes, deterioro de inversiones, litigios y demandas, registros mercantiles, entre otras actividades que no tendrían ninguna relación con la prestación del servicio de salud a los afiliados.

Este informe de la Contraloría se basó en información suministrada por la Administradora de los Recursos de Salud (Adres), la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Salud y las Entidades Promotoras de Salud (EPS), para verificar el buen uso de los recursos de la salud.

“De este análisis surgieron aspectos y situaciones con respecto al uso y la destinación de los recursos por parte de las EPS, que llamaron la atención, por cuanto se pudo evidenciar la destinación de los mismos a actividades, bienes y servicios distintos a la atención y prestación de servicios de salud a sus afiliados, tales como: duplicados de carnés, cuentas por pagar a accionistas, anticipos para B&S, gastos extraordinarios, multas y sanciones, cancelación de créditos, entre otros”, dice el informe del ente de control.

Ese informe se volvió la pieza clave para que en las últimas horas la Fiscalía abriera una investigación por los presuntos manejos irregulares de los dineros públicos de la salud en esa EPS. El ente investigador ordenó la conformación de un equipo especial conjunto de fiscales, expertos y peritos para indagar las posibles inconsistencias en el uso de los recursos de la UPC y el presupuesto máximo.

Lo curioso es que estas investigaciones empezaron a tomar forma después de que el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado José Fernando Reyes, lanzara fuertes regaños contra los entes de control e investigación por la falta de avances en las investigaciones contra la corrupción en el sistema de salud en Colombia.

El llamado de atención se dio en medio de la sesión técnica que adelantó ese alto tribunal el pasado 4 de abril para hacerle seguimiento al pago de la UPC que el Estado les deposita a las EPS por cada afiliado.