Nación
Estatua de Andrés López de Galarza fue quemada y pintada de grafitis
El hecho hizo recordar el momento en que la estatua de Sebastián de Belalcázar, un conquistador español del siglo XVI, fue derribada recientemente por indígenas.
La estatua de Andrés López de Galarza, fundador de Ibagué, resultó quemada, llena de grafitis y con personas alrededor de la misma haciendo arengas y mostrando sus partes nobles. Se trata del fundador de Ibagué (14 de octubre de 1550) y cuya estructura en bronce fue quemada por un grupo de personas que, tras su accionar, desaparecieron.
Andrés López de Galarza era español y, al igual que sucedió en Popayán, su estructura, de tres metros de altura, fue objeto de la furia ciudadana. Carlos Andrés Portela, secretario de gobierno de Ibagué, dijo que la estatua se puede recuperar, al tiempo que condenó el accionar de la ciudadanía con un hecho de esta naturaleza.
Este caso hizo recordar otro del 16 de septiembre pasado en Popayán, cuando indígenas colombianos derribaron con cuerdas una estatua de Sebastián de Belalcázar, un conquistador español del siglo XVI, en repudio a la violencia que históricamente han enfrentado, según justificaron sus voceros.
Entre gritos, los manifestantes celebraron el momento en que la efigie del fundador de las ciudades de Cali y Popayán golpeaba el suelo tras caer de su pedestal de varios metros de altura. “Con la fuerza de la gente se logró derribar como acto simbólico de rechazo a tanto exterminio de los pueblos”, dijo Diana Jembuel, del pueblo indígena Misak.
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Según Jembuel, el hecho se produjo en el marco de “una movilización” convocada por los pueblos indígenas misak, nasa y pijao para protestar “por el exterminio físico y cultural” de “los pueblos indígenas del Cauca” y “los diferentes líderes sociales del país”. La protesta revivió las recientes imágenes de estatuas de esclavistas y colonizadores derribadas en Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido y Martinica, en el marco de las manifestaciones desencadenadas tras la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco a finales de mayo.
El alcalde de Popayán, Juan Carlos López, rechazó la acción de los indígenas por considerarla “un acto violento contra un símbolo de (…) una ciudad que es multicultural”. En una declaración a los medios, aseguró que el monumento será restaurado y agregó que “la discusión cultural e histórica (…) se puede dar pero no con violencia”.
La estatua de Belalcázar, quien también sentó las bases de las ciudades de Quito y Guayaquil, en Ecuador, fue levantada en 1937 en un cerro aledaño a Popayán. De acuerdo con un comunicado publicado por el Movimiento de Autoridades Indígenas del sur occidente, la decisión de tumbar la estatua de Belalcázar se tomó luego de que en un juicio se declarara culpable al conquistador de varios delitos, entre los que están genocidio, despojo y acaparamiento de tierras.
“Este juicio lo enmarcamos dentro de un compromiso que tenemos frente a la memoria colectiva de nuestra sangre, razón por la cual estamos convocados a reescribir la historia liberándonos de toda huella producto de la colonialidad del saber”, señaló el comunicado.
Justamente, miles de indígenas se movilizaron este lunes en el suroeste del país para exigir al Gobierno detener la ola de violencia que afecta particularmente a los territorios nativos, el día en que se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América. Vestidos con sus tradicionales colores verde y rojo, así como con tapabocas y bastones de mando, los manifestantes se desplazaron en buses y a pie desde diferentes regiones hasta la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, donde se reunieron con una delegación encabezada por el Ministerio del Interior, sin llegar a un consenso.
“El principal objetivo por el cual nosotros marchamos hoy es la sistematicidad de masacres que se están presentando en nuestros territorios sin importarle al Gobierno lo que nos sucede”, dijo Franky Reinosa, guardia indígena del Consejo Regional Indígena de Caldas (oeste). Además, los manifestantes reclaman la plena implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con la entonces guerrilla Farc, así como el derecho a ser consultados acerca de la realización de megaproyectos en sus territorios.
Con información de AFP