Este es el capítulo del multimillonario robo a Ecopetrol que llegó a la Corte Suprema de Justicia

El multimillonario robo a Ecopetrol por parte de empresarios y el ELN se ha convertido en un escándalo sin precedentes en todo el país. Uno de los capítulos de este escándalo llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y revela la manera en la que una gigantesca red criminal extraía ilegalmente petróleo directamente de oleoductos y poliductos de propiedad de Ecopetrol, con el fin de refinarlo ilegalmente en plantas de procesamiento y obtener ACPM, nafta, API 80, disolventes, varsol y otros derivados.

Se sabe además que esta red criminal incluso llegó a ingresar al país crudo, ACPM y emulsión de origen venezolano por el departamento de La Guajira.

Según el expediente que estuvo en manos de la Corte Suprema, uno de los tentáculos de esta red operaba desde el 2015. El petróleo robado era transportado en carro tanques con guías de transporte en las que se consignaba falsamente que lo transportado era aceite residual.

El expediente conocido por SEMANA señala, además, que una vez ingresados los productos al país, al parecer con intervención de funcionarios de la DIAN y la Policía Nacional, los mismos eran trasladados a Barranquilla y Cartagena, donde se encubría la actuación ilegal mediante su ubicación en los parqueaderos de las empresas Reciambiente y Crude Oil Investors S.A.S.

“Las guías únicas de transporte se suministraban por Districombustibles y Krystal Energy, cobrando Luis Fernando Martínez Vargas –representante legal de la primera empresa-, Yesenia Cristo Vera y Julián David Cristo Vera, la suma de $600.000 por cada una, las que se utilizaban para aparentar la legalidad de los productos. Además de ello, los vehículos de propiedad de Districombustibles transportaban ilegalmente el petróleo hurtado o de contrabando”, dice el expediente.

El escrito señala que, en el sector de Caracolí de Barranquilla, la organización contaba con una planta artesanal de procesamiento de petróleo y el producto obtenido era comercializado a la empresa Gunvor. De igual forma, se señala que tenían refinerías ilegales en los municipios de Flandes y Lérida (Tolima).

Finalmente, a través de la empresa Star Petroleum, efectuaban la comercialización del producto, el cual contenía una mezcla de ACPM y petróleo 80/20.

En los hechos narrados por la Fiscalía, que se encuentran en este expediente, se revelan aspectos del modus operandi de la red criminal.

En febrero del 2015, por ejemplo, en una carretera del país, miembros de la Policía Nacional detuvieron un vehículo de la empresa Districombustibles. Al momento de ser indagado por las autoridades, el conductor del vehículo mostró una guía de movilización de 9 mil galones de aceite residual deshidratado que iba a ser llevado desde Villa Garzón, Putumayo, hasta Honda, Tolima. Sin embargo, tras someter el contenido de los galones a pruebas técnicas, se determinó que en realidad era petróleo.

En otro episodio, el 21 de julio de 2015, en Honda (Tolima), frente a la empresa Districombustibles, el conductor de un tracto camión de placas TGW354 exhibió frente a las autoridades que lo requirieron una guía de movilización de residuos peligrosos, pero al ser sometida la sustancia a los análisis químicos de rigor se determinó que correspondía a petróleo.

¿Por qué llegó el caso a la Corte Suprema?

En 2019 se produjeron las primeras capturas por hechos que se remontan al año 2015 y que están descritos en el escrito de acusación de la Fiscalía. Los procesados alegaron que los hechos por los que se les investigaba habían ocurrido presuntamente en los departamentos del Tolima, Huila, Putumayo y en zonas de la Costa Atlántica, por lo que pedían que sus procesos no se siguieran adelantando en Bogotá sino que se trasladaran a jueces en estas regiones.

Al alegar dicho conflicto de competencias, el proceso cayó en manos de la Corte Suprema de Justicia, que finalmente negó la solicitud de los investigados y determinó que los casos debían continuar su curso en Bogotá.

Escándalo nacional

En un verdadero coctel criminal en el que participaron pudientes empresarios y la guerrilla del ELN, hurtaron petróleo directamente del oleoducto Caño Limón-Coveñas y hasta metieron crudo de origen venezolano, justo cuando las sanciones a este país les imponían restricciones para venderlo. Este es el trasfondo de la investigación que hoy lleva la Fiscalía y da cuenta de un multimillonario robo continuado a la estatal petrolera.

Justamente, una de las primeras pistas que abrió el telón del gigantesco robo fue el análisis técnico que realizaron al petróleo en Colombia, por parte de Ecopetrol, cuando era presidente Felipe Bayón, y se dieron cuenta de que estaba “contaminado” con crudo de Venezuela.

De inmediato, la Fiscalía y Escuadrones Móviles de Carabineros, de forma conjunta, empezaron a investigar y se dieron cuenta de otra arista del silencioso pero gigantesco fraude que se estaba dando, y que se comprueba ahora con los resultados de la investigación que generó la incautación de bienes por un monto cercano a los 1.3 billones de pesos.

Ecopetrol es una víctima

La empresa nacional de petróleos colombiana, Ecopetrol, se declaró como “víctima” en el proceso judicial que se adelanta contra empresarios y sus compañías que habrían participado del saqueo continuado de petróleo y la posterior reventa del crudo a la misma empresa.

En realidad, no se trata de una noticia nueva. Desde hace más de dos años, cuando en Ecopetrol notaron que en sus existencias había un crudo que no era de ellos, empezaron las sospechas, presentaron las denuncias y conforme avanzó la investigación, bajo la dirección entonces de Felipe Bayón, se constituyeron en víctimas.

El escándalo supone una compleja operación en la que, con apoyo del ELN, eran extraídos miles de barriles de petróleo directamente del oleoducto Caño Limón-Coveñas de Ecopetrol. El fin era ponerlos en un gigantesco buque en alta mar, mezclarlo con operaciones legales, darle esta apariencia y luego venderlo de nuevo a Ecopetrol. Este hecho generó la reacción del presidente Gustavo Petro.

“Esta investigación de la Dijín muestra uno de los mayores robos al Estado colombiano. Se robaron cerca de 80 millones de dólares en petróleo y los delincuentes eran ‘gente de bien’ de los sectores más pudientes del país. Debe investigarse si el robo contó con apoyos al interior de Ecopetrol”, dijo el presidente Petro.

Las autoridades investigan un complejo entramado empresarial, que se habría prestado para darle apariencia de legalidad al robo continuado a Ecopetrol, alcanzando las ganancias fraudulentas de las que habla el mandatario.

La investigación

Luego de un arduo trabajo con interceptaciones telefónicas, fotografías satelitales, entre más material probatorio, se logró la incautación de bienes de por lo menos 17 empresarios colombianos.

Las compañías de estos empresarios están involucradas en una investigación transnacional, la cual en Colombia incluye dos procesos. Uno criminal y el otro de extinción de dominio, notificado el 18 de mayo pasado.

La incautación de barcos, un lujoso edificio en Cartagena, carros de lujo, megalotes, casas de veraneo y demás bienes, que ocurrió en cinco departamentos de Colombia, está avaluada en más de $ 1,3 billones.

Asimismo, continúa el proceso de acusación contra los empresarios por los delitos de concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos y falsedad en documento privado. Esto se da luego de una larga investigación de hombres de la Dijín que desenmascararon una gigantesca operación criminal con petróleo que era hurtado desde los mismos oleoductos.

El proceso de investigación empezó con las misteriosas entradas y salidas de buques petroleros con bandera panameña que se cargaban en puertos de la costa Caribe y tenían como destino Singapur, Ámsterdam y otros lugares en Asia y Europa.

Las agencias de inteligencia reportaron al país una carga equivalente a un millón de barriles de petróleo colombiano por mes, que costaban cerca de USD 10 millones, pero no figuraban en los registros de exportaciones.

En ese sentido, según los cálculos de los investigadores, que analizaron la operación continuada de hurto de petróleo, se trataba de más 20 camiones cisterna, con capacidad para 12.000 galones, que se cargaban con petróleo venezolano en Maracaibo, Cabimas y La Raya en el estado Zulia (Venezuela).

Posteriormente, se llevaba hacia Colombia y se mezclaba con el que se obtenía ilegalmente del oleoducto Caño Limón-Coveñas, perjudicando de esta manera las finanzas de Ecopetrol, que aparece como víctima dentro del proceso con Cenit, y Swiss Terminal Barranquilla S.A.S.

Así las cosas, se utilizó el nombre de varias empresas legales con reconocimiento en el sector de transporte, almacenamiento y exportación del crudo, para evitar sospechas.

La investigación con la cual se está judicializando a los protagonistas de este megarrobo señala que Gunvor Colombia comercializó internacionalmente el crudo de la investigación luego de haberlo recibido a Niman Commerce S.A.S., su proveedor.

Esta última compañía aparece representada por Hernando Silva Bickenbach, miembro de una prestigiosa familia colombiana y catalogado como uno de los principales dinamizadores de la compra, venta y recepción de hidrocarburos bajo investigación.

Según la investigación, esta empresa tiene un gran músculo financiero, por lo que, por medio de Niman Commerce S.A.S., puede ser el principal comprador de hidrocarburos provenientes de organizaciones sin autorización para su comercialización.

El proceso también llevó hasta Aceicar Ltda., en Cartagena, empresa a la que se le encontró un establecimiento comercial avaluado en $ 1.400 millones, sumado a un edificio de 12 apartamentos con un valor cercano a los $ 1.240 millones y 13 camiones.

Otras empresas involucradas en el proceso son Australian Bunker Suppliers C.I. S.A.S., cuyos activos superan los $ 105.594 millones, y a la que se le incautó un apartamento en el sector de Bocagrande, en Cartagena, y tres barcos: Matilda, Blas de Lezo y Marinse I.

Además de Exportécnicas S.A.S., una camioneta Porsche Cayenne verde jet, avaluada en $ 260 millones, 24 tractocamiones tipo volqueta y vehículos cisterna, 3 lotes en Tolima y un establecimiento de comercio en Ibagué de $ 6.173 millones.