Este es el drama que están viviendo miles de familias con la debacle de la vivienda de interés social en Colombia

Doblando rodillas para suplicarle a Dios no perder la vivienda por la que estuvo pagando cuotas desde hace dos años está Tatiana Arzuza, una profesora de primaria en Cartagena, que a pesar de ganar el salario mínimo y ser madre cabeza de hogar, le prometió a su hijo de 10 años que le compraría un apartamento para vivir y dejar la pieza que comparten en una casa de alquiler que habitan con otras familias.

Su sueño nació en 2020, día en que vio un proyecto de vivienda de interés social cerca de la terminal de transporte de la capital de Bolívar. Dos habitaciones –una para ella y otra para él– dos baños, sala, comedor, espacio para lavar la ropa, cocina, todo ubicado en 55 metros cuadrados y con piscina en el área social. Parecía un lujo, pero viable de conseguir cuando se enteró de que ese predio costaba 106 millones y que tenía facilidades de pago.

A partir de ese momento se subió a una montaña rusa que la llevó a experimentar múltiples emociones de incertidumbres y alegrías cada vez que empezaba a acumular documentos, solicitudes y esfuerzos para reunir el dinero. Contaba con dos años para conseguir la cuota inicial del apartamento, es decir, algo más de 31 millones de pesos, y para apoyarse pidió a la caja de compensación el subsidio de vivienda, que era aproximadamente de 21 millones. Luego de un sorteo salió favorecida, así que solo le faltaban 10 millones, que dividió en 24 meses para completar la cuota inicial.

El dinero faltante lo cubriría con el subsidio del programa del Gobierno Mi Casa Ya, que para ella era de 29 millones de pesos, en promedio. El valor restante del predio lo subsidiaría con un crédito bancario. Por sus ingresos no le prestaban más de 38 millones. Aún le hacía falta, al menos, 11 millones para pagar el saldo y los documentos de escrituración.

De su sueldo no tenía cómo sacar un peso más, ya había hecho esfuerzos comiendo menos, ahorrando servicios, dándole como respuesta un “no” a su hijo cuando le pedía un helado y caminando varios minutos en lugar de pagar un transporte que la llevara de un lugar a otro. Pero la promesa que le hizo a su hijo de tener una vivienda propia no la dejó rendirse. Empezó un trabajo extra, después de dictar clase hacía anchetas. Se puso como meta no reunir 11 sino 22 millones de pesos en los 24 meses y consignar el dinero a la fiduciaria que maneja la constructora. Fue una de las clientes ejemplares.

“El plan con mi hijo era salir a caminar y darle vuelta al proyecto, vimos desde que pusieron el primer ladrillo y fuimos testigos de su evolución, estaba muy ilusionado. Tomábamos fotos del que sería nuestro próximo hogar”, dice con voz entrecortada antes de relatar que el sueño se convirtió en pesadilla. Cuando ella ya había hecho los pagos y solo restaba del desembolso del subsidio de Mi Casa Ya, se conoció el anuncio del Gobierno en el que decía que no alcanzaba el dinero, que de 67.000 subsidios que se habían entregado en 2022 la plata alcanzaba para cubrir 44.000.

Tatiana no entendía cómo ese anuncio afectaría el esfuerzo realizado, hasta que le llegó una carta de la constructora en la que le informaba que ella tenía que garantizar el pago de esos 29 millones restantes y que contaba con muy poco tiempo para hacerlo, de lo contrario perdería el apartamento por incumplimiento de contrato al no tener cómo pagar. Si no reunía la plata debía desistir de la compra y cancelar una multa correspondiente al 15 por ciento del valor total del contrato, es decir, que los ahorros que con esfuerzo consiguió se quedarían para la constructora y ella sin techo y sin plata.

Caminó por todos los bancos y ninguno le prestó más de 30 millones de pesos, porque con un mínimo y cubriendo los gastos de su hijo, la capacidad de endeudamiento no daba. “Han sido días horribles, me cuesta comer de la angustia, no entiendo qué pasó y no sé cómo explicarle a mi niño”, dice que ya se enteró de que su apartamento lo está ofreciendo la constructora en más de 140 millones de pesos.Mensualmente, las constructoras reportan 12 desistimientos.

Según Camacol, en el primer bimestre del año, los desistimientos alcanzaron el 47 por ciento, con la gravedad de que el 72 por ciento de la vivienda que se vende en Colombia es de interés social, porque el 80 por ciento de los trabajadores ganan menos de cuatro salarios mínimos. En la misma situación de Tatiana están 40.000 familias en este momento, algunas con los agravantes del alza en los precios.

Compra de apartamento

Fernando Córdoba es otro profesional (administrador de empresas) que gana 1.500.000 pesos mensuales y desde octubre de 2020 empezó a pagar su apartamento en Neiva, Huila. Espera poder llevarse a vivir con él a su mamá, que no tiene un techo propio y que se turna por semanas las habitaciones donde estén instalados sus dos hijos, que no les alcanza para el arriendo de un apartamento. Fernando inició la compra de una vivienda de 50 metros cuadrados con un valor equivalente a 135 salarios mínimos legales vigentes, para ese entonces, cerca a los 121 millones de pesos.

Tenían que haberle entregado la propiedad a finales del año pasado, no le llegó el subsidio, pero sí desde enero de 2023 aumentó el salario mínimo y ahora el mismo apartamento vale cerca de 156 millones de pesos. Ya no solo tiene que conseguir la plata del subsidio, sino el excedente del valor o, de lo contrario, deberá desistir y pagar una multa del 15 por ciento del valor total del contrato, está en riesgo de perder todo el esfuerzo y quedar sin un peso en el bolsillo.

“Presidente Petro y ministra de Vivienda, tengan un poco de corazón, quizás para ustedes un subsidio de vivienda por 20 millones de pesos no sea mucho, pero para mi hijo y para mí era nuestra única esperanza”, dice Tatiana. Espera solo un milagro, que alguien se compadezca de ella. No puede creer que cuando llegó el Gobierno que dice apoyar a maestros, mujeres cabeza de hogar, comunidades de raíces afro y a los más vulnerables, a ella se le esfumara el esfuerzo de las manos cumpliendo con todos los requisitos.

“Podemos estar cerca al fin de la vivienda de interés social en Colombia”, señaló el arquitecto Andrés Cely, director del Fondo de Vivienda de Duitama (Boyacá), quien en reunión con la ministra Catalina Velasco, le mostró la preocupación que existe en ciudades intermedias que no tienen otros subsidios diferentes al de Mi Casa Ya, pues no todas las Cajas de Compensación Familiar cuentan con recursos para respaldar estos proyectos. Solo Comfaboy (Caja de Compensación de Boyacá), que tiene cubrimiento en 123 municipios del departamento, entregó, durante el último año, 250 subsidios, de los cuales solo 16 familias de Duitama salieron beneficiadas.

Además, los puntajes a los que les apuesta el Gobierno de Gustavo Petro para otorgar la cobertura de subsidios no son acordes con la realidad de las poblaciones. Una persona con trabajo e ingresos de uno a tres salarios mínimos tendrá un puntaje favorable en el Sisbén, lo que evitará que se le otorguen beneficios. La mayoría de la población en ciudades intermedias devenga un salario mínimo y en los bancos el promedio del valor de un crédito hipotecario para quien gana esto no es superior a 30 millones de pesos.

Algo insuficiente para el actual valor de las viviendas, que cada vez están más costosas. Abogados expertos en temas civiles sugieren a los colombianos que se están viendo obligados a desistir de sus contratos, a revisar con detenimiento su caso y buscar otras alternativas con el constructor para evitar pagar la multa de incumplimiento y perder sus ahorros.

En la mayoría de los casos que se están presentando hay causas de fuerza mayor y que involucran al Gobierno nacional, así que se podría llegar a una rescisión del contrato, que se da por causa de lesión o alguna causa sobreviniente, y lo que busca es que no le apliquen la multa. “Yo sé que lo material va y viene, pero una vivienda es una necesidad, por eso, suplico al Gobierno que nos ayude”, dice la profesora Tatiana, pidiendo que sean atendidas sus necesidades y las de miles de familias.