Este es el grupo religioso que se estaría apoderando ilegalmente de tierras en el Meta; la Gobernación investiga

Un equipo de abogados en el departamento del Meta comenzó a investigar las presuntas irregularidades que rodean la adquisición de tierras de parte una comunidad religiosa conocida como Los Menonitas.

En el año 2016, Los Menonitas empezaron a asentarse en la Altillanura, una región que comprende los departamentos del Meta (municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripán) y el Vichada (municipios de La Primavera, Cumaribo, Santa Rosalía y Puerto Carreño).

Pues bien, las autoridades en el Meta están preocupadas porque, desde ese año hasta la fecha, Los Menonitas han acumulado más de 40 predios de terreno, representados en más de 33.000 hectáreas.

Esa denuncia la dio a conocer el senador del Pacto Histórico Wilson Arias. En sus declaraciones más recientes sobre ese tema, el congresista informó: “La Agencia Nacional de Tierras nos confirmó que han comprado 41 predios que suman 33.117 hectáreas de tierra; sospechosamente, el metro cuadrado lo han “pagado” a 200 pesos”.

La preocupación se concentra no solo en las supuestas ilegalidades que estarían relacionadas con la venta de las tierras, sino también en los daños ambientales que han ocasionado en los bosques de la región Altillanura.

“De estos predios, varios cuentan con medida de protección jurídica solicitada por la Unidad de Restitución de Tierras. Es decir, pueden haber sido tierras despojadas y luego comercializadas”, agregó el senador Arias.

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, visitó la zona en la vereda La Cristalina, municipio de Puerto Gaitán, y anunció la puesta en marcha de investigaciones pertinentes para esclarecer el caso. De encontrarse ante presuntas acciones ilegitimas, se impondrían sanciones con multas económicas y resarcimiento.

Alerta en Fedegán por presunta expropiación

El pasado 5 de mayo, el Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el Gobierno Petro fue aprobado por la Cámara y el Senado de la República. Dicho documento, que contiene los lineamientos de las políticas públicas, causó diferentes reacciones en los sectores políticos.

Uno de los artículos que generó la mayor polémica fue el denunciado por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático. En este se advertía una especie de compra forzada de las tierras en 21 días. La propuesta duró muy poco en la mesa. Se hundió en el Congreso.

La controversia por una posible expropiación no paró ahí. Ahora, la Federación Colombiana de Ganaderos también se mostró preocupada por otro artículo incluido en el documento. A través de un comunicado, su presidente ejecutivo, José Félix Lafaurie, se mostró sorprendido.

Los términos del artículo 61 incomodaron al directivo, que las disposiciones de ese artículo van en “contravía de los anuncios del Gobierno de no acudir a la expropiación sino a la compra por oferta voluntaria”.

Además, aseguró que este principio “inspira el convenio suscrito entre el Gobierno y la Federación Colombiana de Ganaderos en octubre de 2022″.

Para Lafaurie, la condición voluntaria de vender tierras se ve afectada, más específicamente en el numeral 5 del artículo en mención. Estos son algunos de los puntos que preocupan, según Fedegán:

Primero: todos los predios con áreas superiores a dos Unidades Agrícolas Familiares (UAF) serán identificados por el Ministerio de Agricultura y podrán ser priorizados para reforma agraria.

Segundo: si su predio cae en esas prioridades, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) le aplicarán el procedimiento de compra por oferta voluntaria, lo cual ya es contradictorio, pues ese procedimiento solo aplica a quien “voluntariamente” quiera vender.

Tercero: si usted no acepta la “venta voluntaria”, a su predio le harán “análisis de explotación económica”, sin que existan criterios objetivos y, por el contrario, un gran sesgo contra la ganadería.

Cuarto: si la ANT considera que su predio no está “bajo aprovechamiento económico”, lo requerirán “por una única vez” para que venda, y si se niega, la ANT aplicará los procedimientos agrarios establecidos para alimentar el Fondo Gratuito de Tierras: la extinción judicial de dominio a delincuentes, pero también la extinción administrativa dominio por incumplimiento de la función social y ecológica; o la expropiación por motivos de interés social o utilidad pública.

Lafaurie agregó que el artículo desarrolla un proceso coercitivo, que deriva en una especie de extinción de dominio o de expropiación y que esto “definitivamente nada tiene que ver con lo voluntario”.