Este es el informe sobre las protestas que la Defensoría del Pueblo le entregará a la CIDH

SEMANA conoció en primicia el informe que Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la tarde de este lunes, frente a lo ocurrido en el primer mes del paro nacional en Colombia.

El jefe de la entidad entregó un balance de las cifras y la información conocida por la Defensoría del Pueblo en medio de la bomba social que explotó con las protestas.

Camargo Assis rechazó, de entrada, los abusos policiales ocurridos a lo largo de las últimas cuatro semanas y a propósito dio a conocer que la Defensoría del Pueblo trasladó a la Procuraduría, la Fiscalía y la Inspección General de la Policía los datos sobre 239 reportes de vulneraciones a los derechos humanos durante la protesta en Colombia. De estos, 174 serían, presuntamente, responsabilidad de la Policía Nacional.

Según el documento, de los 43 homicidios cometidos durante la protesta de los que tiene conocimiento la entidad, información de la Fiscalía señala que 17 corresponden a hechos sucedidos en medio de la protesta, 16 en contra de civiles y uno de un policía.

“Sobre 19 hay evidencia suficiente para establecer que no guardan vínculo con las manifestaciones o movilizaciones”, dice la entidad, con base en la información de las autoridades competentes, teniendo en cuenta que la Defensoría del Pueblo no puede adelantar acciones judiciales. Además, hay información sobre 1.040 civiles lesionados o heridos y 1.049 policías.

Uno de los aspectos más preocupantes, aparte de los ya mencionados, es el de los casos de denuncias de violencia de género. La entidad ha recibido 106 denuncias al respecto, de los cuales 23 corresponden a reportes de violencia sexual y, específicamente, dos son por violación o acceso carnal violento.

96 de los casos denunciados correspondieron a hechos en contra de mujeres y nueve contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Los hechos estuvieron concentrados en 19 departamentos del país, sobre todo en Valle del Cauca, seguido por Antioquia, Nariño, Boyacá y Cauca. En la última semana, relata la entidad, hubo un aumento en el reporte de casos en el Valle, en Boyacá y en Nariño.

“La Defensoría del Pueblo manifiesta su especial preocupación sobre los hechos que se constituyen como violencia sexual en el marco de la protesta social. El 23 % de los hechos reportados corresponde a este tipo de violencias en las que los agresores instrumentalizan los cuerpos de las mujeres como una estrategia de poder y de control frente a la participación de las mujeres en el marco de la protesta social”, señala el documento expuesto por el defensor.

Por otra parte, y mostrando una arista que también preocupa a la Defensoría del Pueblo, se identificó, según la información recibida, que se han presentado 25 amenazas de muerte o intimidaciones en contra de líderes de las manifestaciones o que han participado en las mismas. Esta, entre otras cifras de agresiones, amenazas y hostigamientos en contra de las personas defensoras de los derechos humanos en el marco de la protesta social.

Además, la entidad se refiere a la muerte de Lucas Villa a manos de personas de civil que le dispararon desde un vehículo o al ataque de la fuerza pública en contra de una misión de la Defensoría, la Procuraduría y organizaciones de derechos humanos, entre otros episodios.

Asimismo, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, se refirió a los bloqueos y a las afectaciones económicas y sociales que estos han tenido. Además, sostuvo que en los departamentos en donde hay problemas más graves de violencia vandálica, son también aquellos con alta presencia de grupos armados organizados dedicados a la producción, transformación y tráfico de drogas. Todo esto, de acuerdo con las alertas tempranas emitidas en el pasado por la entidad sobre departamentos como el Cauca y Nariño, entre otros.

“Lo que nos preocupa en este caso es que la situación de las movilizaciones en Colombia tiene muchas más complejidades de las que aparenta”, dice el informe, no solo porque en el país hay un conflicto armado vigente, producción de drogas como combustible de la guerra y un proceso de justicia transicional andando, sino porque “se trata de un país con profundas divisiones políticas, que está pasando además por una crisis económica, social y de salud, y en donde el ingrediente de la migración también requiere atención”.