Justicia
Este es el proceso contra Gustavo Moreno que la Fiscalía pidió archivar
El exfiscal anticorrupción, condenado por el escándalo del ‘cártel de la toga’, es procesado por presuntamente haber alertado a un investigado sobre una orden de captura en su contra.
El exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien cumplió una condena por los sobornos cometidos en el escándalo conocido como el ‘cartel de la toga’, tiene otro proceso judicial en su contra que pronto podrías ser archivado.
Se trata del caso que se adelanta en su contra en la Corte suprema desde hace seis años por, presuntamente, haber revelado información reservada sobre una orden de captura que no se había hecho efectiva.
Al revelar información sobre la captura esta podía frustrarse, por lo que se compulsaron copias contra Moreno.
Los hechos ocurrieron en el 2017 y dicha orden de captura era contra el entonces alcalde de Yacopi, Cundinamarca, Jhon Jaime Sánchez, quien estaba siendo procesado por los delitos de fraude procesal, uso de documento público falso y falsedad en documento privado.
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La Fiscalía habría pedido ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que se archive este caso contra Gustavo Moreno, argumentando venció el plazo para que el ente acusador presentara la querella por el delito de revelación de secreto.
En consecuencia, la Corte deberá decidir si acoge o no la solicitud de la Fiscalía y archiva el caso.
¿Qué pasó con Gustavo Moreno?
En octubre del año pasado, la Corte Suprema ordenó la libertad del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, que pasó del cielo al infierno, de codearse con los hombres más poderosos de las cortes del país, a terminar tras las rejas, tanto en Colombia como en Estados Unidos, por ser el protagonista del más grande escándalo de corrupción en la justicia del país. De flamante jurista pasó a soplón, desnudó el cartel de la toga y eso lo tiene en libertad.
La Corte lo condenó entonces por los delitos de concusión y utilización indebida de información oficial privilegiada, sentenciándolo a una pena 4 años, 10 meses y 15 días de prisión. Esto por haber usado su cargo para solicitar dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, a cambio de entregarle información privilegiada y obstruir las investigaciones adelantadas en su contra en la Fiscalía General de la Nación. Esta sanción fue confirmada en junio del 2020, cuando se resolvió la impugnación especial.
La Sala concedió la libertad de Moreno tras determinar que, además del tiempo que había permanecido detenido en Colombia por cuenta de este proceso, se le debía contabilizar también el periodo que estuvo privado de la libertad en Estados Unidos por la condena que impuso en su contra el Tribunal del Distrito Sur de Florida por concierto para lavar dinero.
Así las cosas, estableció que el tiempo de privación de la libertad de Moreno debe contabilizarse desde el 27 de junio de 2017, cuando fue capturado con fines de extradición a Estados Unidos.
Los millonarios bienes de Gustavo Moreno
SEMANA reveló en noviembre pasado el rastreo de los millonarios bienes que logró el entonces flamante abogado Moreno, buena parte de ellos conseguidos por vía corrupta con el dinero de las coimas que pagaban los políticos investigados en la Corte Suprema de Justicia a cambio de congelar sus casos. Todos esos lujos, bienes, apartamentos, oficinas, carros, le van a ser arrebatados vía extinción de dominio.
Moreno fue, nada más y nada menos, que el exdirector de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Paradójicamente, aquello que debía combatir terminó manejándolo como ficha de un ajedrez en la que él era el rey: en al menos 11 reuniones con magistrados y funcionarios públicos logró gestionar para su entramado criminal más de 5.000 millones de pesos y, para sí, al menos 1.200 millones de pesos.
El proceso lo adelanta el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio. Y además de concluir que Moreno se había enriquecido con esa espiral de corrupción que creó con sus compinches, entonces magistrados y hasta presidentes de las cortes, también habría usado a toda su familia para tratar de ocultar su operación criminal. Por ejemplo, su compañera sentimental, Carolina Rico Rodríguez, o sus suegros, Elizabeth Rodríguez Guerrero y Miguel Darío Rico Acosta.
La Fiscalía indaga la ilicitud con que fueron adquiridos costosos apartamentos en exclusivas zonas de Bogotá, en edificios como La Toscana, La Rioja; una oficina en el Edificio Centro Chicó, siete parqueaderos y dos lujosas camionetas.
Es decir, pese a su boleta de libertad, con lo que no contaba Moreno es que, paralelo al proceso penal, la Fiscalía General de la Nación notificó esta semana nuevos avances de ese proceso de extinción de dominio basado en una confesión rendida por él mismo, en el marco de un principio de oportunidad, por colaborar con la justicia, en la que detalló los bienes que adquirió con los recursos ilícitos.
También se vincularon a este proceso a varias entidades financieras que se vieron afectadas y consideran que tienen un perjuicio económico causado por estos actos de corrupción. La ecuación es fácil, Moreno estaba endeudado con estas entidades, no pudo responder, dejándolas como víctimas del coletazo de la corrupción.
Además, SEMANA pudo conocer en detalle los bienes por los que va la justicia en Colombia: primero se menciona un apartamento avaluado en casi 800 millones de pesos, de 145 metros cuadrados, ubicado en la calle 127 con carrera 13A, un exclusivo sector del norte de Bogotá. En el edificio La Rioja, se rastrea un inmueble a nombre de sus suegros: Miguel Darío Rico y Elizabeth Rodríguez Guerrero. En ese mismo edificio, hay dos parqueaderos a nombre de Luis Gustavo Moreno, cada uno avaluado en 25 millones de pesos.
Aparece también, otro apartamento de unos 54 metros cuadrados, en el barrio Chicó, en la calle 92, a nombre de la esposa de Moreno, que ronda los 300 millones de pesos y cuenta con un garaje.
A su vez, le fue rastreado un apartamento en el Edificio Torre La Toscana, en el mismo barrio –Chicó– de más de 125 metros cuadrados y avaluado en casi 1.300 millones de pesos. El propietario de dicho apartamento es un reconocido banco al que Moreno habría acudido para que le prestaran el dinero. Ese apartamento cuenta con tres parqueaderos.
SEMANA por su parte, indagó y, efectivamente, la necesidad de Moreno por encontrar más de uno o dos parqueaderos se da porque, tal como se ve en el proceso de extinción de dominio, era propietario de vehículos de alta gama, algo que al parecer compraba como si fueran juguetes: por ejemplo, una camioneta de color gris de una reconocida marca japonesa modelo 2014, a nombre de su suegro.
Pero hay más. El documento de 50 páginas, firmado por José Iván Caro, de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio, deja claro que existen pruebas e inferencias lógicas que permiten acreditar que los bienes adquiridos son ilícitos.
¿Pero qué tanta responsabilidad tiene la familia de Moreno en este caso? La demanda lo resume de manera contundente. En ella resulta evidente que la compañera sentimental en ese entonces y los padres de ella “fraguaron un plan para ocultar los bienes adquiridos por este último como producto de sus actividades criminales”.
No solo eso. La Fiscalía advierte que “se unieron para favorecerlo y ocultar sus bienes, circunstancia de la que ahora quieren mostrarse ajenos, aduciendo y tratando de arroparse en una condición que no pueden ni logran acreditar, máxime cuando probado está y es un hecho inobjetable que la fecha de la gran parte de traspasos ocurrió luego de su judicialización, lo que los constituye en un grupo delictivo organizado, asimismo la vinculación del afectado Moreno Rivera al denominado cartel de la toga y los hechos de corrupción en el caso del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons”.
A la Fiscalía, en el documento conocido por SEMANA, no le cuadra que el patrimonio de Moreno Rivera hubiera crecido más del 425 por ciento de 2010 a 2015; que la compra de vehículos sume más 719 millones de pesos, y que sus ingresos reflejen un incremento del 655 por ciento en 2012; 84,3 por ciento en 2013 y 187,3 por ciento en 2014.
La conclusión es demoledora para Moreno: resulta claro para la Fiscalía que con ocasión de los procesos penales y la inevitable extradición a los Estados Unidos, Moreno Rivera, en 2018, decidiera incluso, en el transcurso de esta investigación, que inició en 2017, pasar los bienes a sus familiares y tratar de esconder su origen ilegítimo.
También se evidencia que Moreno pasó de tener en sus cuentas 105 millones de pesos en 2010, a casi 800 millones de pesos en 2015. Los dos años siguientes su patrimonio se acercaba a los 1.800 millones de pesos.
En otras palabras, pocos sabían que bajo la mesa del exfiscal se movían los negocios más jugosos a cambio de conceder beneficios judiciales a políticos enredados en temas espinosos, como la parapolítica. El cartel de la toga, como se conoció este escándalo, operó entre los años 2012 y 2016. Por eso terminó preso.
En el cartel no solo participó Moreno, sino otros altos funcionarios judiciales y magistrados como Francisco Javier Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema, que terminó condenado; Gustavo Malo, condenado recientemente a 116 meses de prisión; José Leonidas Bustos, prófugo de la justicia en Canadá, y la larga lista de congresistas y altos funcionarios aforados que a cambio de millonarios sobornos lograban que sus procesos durmieran el sueño de los justos.
