La historia de Jonathan Ramírez, secretario general del DPS, que cayó tras explosiva grabación de SEMANA

Jonathan Ramírez Nieves se convirtió en el primer funcionario de alto nivel del Gobierno Petro en ser retirado de su cargo de manera inmediata por un escándalo de corrupción.

Todo se dio luego de que SEMANA reveló este miércoles un audio en el que el saliente secretario general del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) se confabula con un empresario para manipular, presuntamente, las licitaciones de esa entidad.

Ramírez Nieves, abogado de profesión, ocupaba el cargo desde el 30 de septiembre del año pasado, de acuerdo con el registro de la Función Pública. “Desde la dirección general, apoyará con su conocimiento a la misionalidad de la entidad”, anunció en ese momento la directora del DPS, Cielo Rusinque.

Según su hoja de vida, en los últimos diez años trabajó en diferentes entidades de Bogotá, como las secretarías de Gobierno, Ambiente, Integración Social, el Instituto de Protección y Bienestar Animal. En 2016 aspiró a ser alcalde local de Teusaquillo. Igualmente, entre enero y marzo de 2021, estuvo vinculado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Antes de llegar al DPS, era abogado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

SEMANA confirmó, además, que Ramírez Nieves y Sosa estuvieron el 27 de noviembre del año pasado durante la entrega de 812 kits de asistencia humanitaria en Carmen de Bolívar para las víctimas de la ola invernal en esa región de la Costa Caribe. En las redes sociales del Departamento de Prosperidad Social se publicó una imagen en la que aparecen Ramírez Nieves; Sosa; la directora del DPS, Cielo Rusinque; y la primera dama de la nación, Verónica Alcocer, junto a otras personas.

Explosiva grabación destapa escándalo de posible corrupción en el Departamento de Prosperidad Social del Gobierno Petro

Una explosiva grabación en poder de SEMANA deja al descubierto un escándalo de corrupción en el Departamento de Prosperidad Social (DPS) del Gobierno Petro. En el audio se escucha al hoy secretario general de esa entidad, Jonathan Ramírez Nieves, quien funge como ordenador del gasto en esa dependencia. La conversación se desarrolla con un empresario identificado como Eduard Sosa.

En el diálogo, el funcionario y el particular planean cómo manipular presuntamente las licitaciones del DPS, dándoles una cara de aparente legalidad y pluralidad de oferentes.

Aunque en el audio que conoció SEMANA se escuchan solo las voces de los dos protagonistas mencionados, la forma en que se conversa sugiere que hay más asistentes en la reunión.

En la primera parte de la grabación, hablan de un computador con un IP que permite que los particulares modifiquen los pliegos de las licitaciones como si los cambios fueran realizados por el propio Ramírez Nieves, secretario general del DPS.

EDUARD SOSA: un IP, un IP diferente (…) Entonces (te) toca comprar un IP a ti.

JONATHAN RAMÍREZ: no, no, no, no es pa’ mí, sería un computador para que ustedes manejen (…).

La instrucción de Ramírez Nieves es clara: “Que no esté registrado a mi nombre (…), que cuando hagan (sic) los cambios diga Jonathan Ramírez, no aparezca Eduard Sosa…”. El empresario le responde: “Entonces (te) toca comprar un IP a ti”.

La trampa consiste en que los empresarios accedan de manera directa a las condiciones de las licitaciones, sin que nadie lo sospeche, porque el nombre que aparece del IP en el computador será el de Ramírez como secretario general del DPS.

Por eso, el funcionario es insistente: “No es pa’ mí, es para tu equipo, es pa’ ́tu equipo, marica, que me cojan y me hagan la proyección, que cojan la licitación (confuso)…”.

Pero la estrategia es redonda. El secretario general del DPS les pide además a sus interlocutores que entren a la licitación con varias de sus empresas de tal suerte que, al final, la elegida sea de ellos, y todo se vea como si fuera un proceso transparente y con múltiples oferentes.

“Yo qué necesito, y esta petición no sé cómo cerrarla, necesito que en la licitación haya harta gente, harta gente, varias compañías, que sean tuyas, que las metamos y qué…”, les pide Ramírez Nieves.

Sosa responde de inmediato y deja ver todo su arsenal y hasta dónde estaría dispuesto a llegar, presuntamente, para ganarse los contratos.

EDUARD SOSA: somos 14 empresas, yo te zampo siete de las cuales…

JONATHAN RAMÍREZ: y de las cinco, las cinco cumplen, entonces ahí ya hay pluralidad de oferentes.

Al final de la grabación se escucha que el secretario general del DPS está preocupado por algo en particular y le lanza una pregunta directa a Sosa y, aparentemente, a las otras personas que están allí.

JONATHAN RAMÍREZ: ¿quién de ustedes está manejando Iraca?

EDUARD SOSA: mi hermano, yo le dije que tenemos toda la experiencia en la Unidad...

JONATHAN RAMÍREZ: porque lo que pasa es que hay una mierda con una unión temporal, sobrecostos del 50 %...

En ese momento la grabación se interrumpe, y queda clara la estrategia que planean para amañar, supuestamente, las licitaciones del DPS de manera corrupta.

El Iraca al que se refieren en la grabación es un programa de seguridad alimentaria dirigido a hogares y comunidades étnicas indígenas y afrocolombianas, según el propio DPS.

Transparencia por Colombia prende las alarmas por el “impacto” de la corrupción en el sector de “seguridad y defensa”

Andrés Hernández, director del organismo, habló con SEMANA sobre el estudio internacional que dejó mal parado al país en materia de corrupción. Dice que muchas normas necesitan “voluntad decidida”, presupuesto y personal técnico para funcionar.

SEMANA (S.): ¿qué indica el informe internacional conocido este martes sobre la corrupción?

ANDRÉS HERNÁNDEZ (A. H.): este informe se publica cada año y nos da una fotografía de cómo analistas, expertos y académicos internacionales están viendo a cada uno de los 180 países analizados respecto al nivel de afectación de la corrupción en el sector público. Para este año, la última medición del índice nos muestra que Colombia queda con un puntaje de 39 sobre 100, siendo 0 un país percibido como completamente corrupto y 100 uno percibido como completamente transparente. Cualquier puntaje por debajo de 50 significa que los niveles de corrupción en un país están siendo percibidos como bastante serios.

S.: ¿qué significa para Colombia este puntaje?

A. H.: es el mismo puntaje que venimos recibiendo desde hace tres años. Incluso si hacemos una mirada un poco más amplia, no hemos logrado salir de un rango de entre 36 o 39 puntos, lo cual, de alguna manera, indica que hay un estancamiento en este indicador, el cual nos da un mensaje en el sentido de que se necesitan hacer un esfuerzo muchísimo más preciso, ambicioso y con resultados más claros en materia de corrupción.

S.: ¿a qué se debe este estancamiento?

A. H.: el índice lo que nos estaría mostrando es que persisten unas formas de corrupción que son aquellas que están siendo medidas por el indicador. Por ejemplo, la prevalencia del soborno en transacciones en el ámbito de la contratación pública, de trámites, licencias, pero también algunas fuentes de este indicador nos plantean unos problemas muy serios en materia de sanción efectiva de actos de corrupción, una persistencia de los niveles de corrupción en el sistema político y, por lo tanto, esto requiere una estrategia muchísimo más efectiva que ayude a tener una mirada sobre estas problemáticas y también sobre los impactos que está generando la corrupción.

S.: ¿cuáles son esos impactos?

A. H.: están relacionados con los temas de seguridad y conflicto y con un impacto muy fuerte de la corrupción en el sector defensa y seguridad y uno que sabemos que han tenido los actos de corrupción en todo lo que tiene que ver con la implementación del proceso de paz, en la cual hay unos riesgos que siguen latentes. Y seguimos insistiendo en la necesidad de abordar la corrupción como un crimen que está generando una afectación en derechos humanos, calidad de vida de la gente y en un medio ambiente que se pueda preservar.

S.: ¿es decir que las sanciones que se han aumentado y aprobado en los últimos años no han funcionado?

A. H.: efectivamente nuestra lectura, lo que interpretamos del indicador, es que es importante haber trabajado y haber hecho el esfuerzo sobre leyes y regulaciones, sobre tener instituciones encargadas de estos temas. Eso no lo podemos echar por la borda, pero el mensaje es que necesitamos avanzar mucho más en el nivel de implementación de esas leyes. Muchas de ellas son buenas. Incluso a nivel comparado con América Latina, en Colombia tenemos leyes de acceso a la información pública, un régimen de sanción a personas jurídicas en actos de corrupción. Son normas que están, en principio, bien elaboradas, pero que necesitan todavía un nivel importante de implementación.

S.: ¿y esto de qué depende?

A. H.: primero de una voluntad decidida no solamente del Gobierno, sino de otras entidades que forman parte de esta responsabilidad: los órganos de control, por supuesto, el sistema judicial y también capacidades para poder funcionar. Muchas veces esas leyes vienen con una alta carga de responsabilidad, pero no acompañadas de presupuesto, de personal técnico, de cooperación interinstitucional efectiva y en muchos casos deja por fuera un elemento que es fundamental, que es la recuperación de los recursos que se pierden.

S.: ¿qué casos emblemáticos en el sector de seguridad y defensa se podrían mencionar en este análisis?

A. H.: este análisis viene sobre todo a la luz del contexto internacional que arranca con la invasión de Rusia a Ucrania y que también ha visto una intensificación de conflictos en otras partes del mundo, y esto es muy relevante para Colombia. En el análisis que hizo Transparencia Internacional, los países que tienen peores desempeños en este indicador, también están mostrando mucha fragilidad para enfrentar retos de seguridad y poder abordar desafíos derivados del crimen organizado.

S.: y en el caso de Colombia, ¿esto qué significa?

A. H.: si llevamos eso a Colombia, lo que hemos visto en nuestros análisis de Transparencia por Colombia es que este es un sector que ha tenido muchos retos en materia de corrupción. Hemos visto desvíos en contratación en Fuerzas Militares, hemos visto también desvío de la función como tal de seguridad que termina beneficiando a intereses privados más que al público y eso nos lleva a poner nuevamente la alerta en este sector, junto al contexto que tenemos en el país de apostarle mucho más fuerte a los temas de paz. En este último tema, estos indicadores lo que nos dicen es ‘pilas con el tema de corrupción, no se les puede olvidar, porque si eso se deja de lado, la posibilidad de materializar esos esfuerzos de paz puede verse minada’.

S.: ¿qué se debe hacer para salir de este estancamiento en la lucha contra la corrupción?

A. H.: el problema que tenemos en Colombia en este momento es sistémico. Esto significa que es parte de la forma como nuestro sistema político y constitucional funciona. Lastimosamente, sigue habiendo grietas en algunos casos muy grandes para que esa corrupción se siga moviendo a lo largo de este sistema. Si la corrupción tiene esa característica de afectar y moverse en un sistema, necesitamos respuestas también de manera sistémica. No nos basta con una ley aquí u otra institución allá; tampoco con un caso que sea sancionado. Necesitamos darle una mirada conjunta y esto viene de una estrategia nacional anticorrupción. Hoy en día Colombia no tiene estrategia nacional anticorrupción, a pesar de la grave problemática que estos representa y entonces esto nos da la oportunidad de trazar una estrategia que reúna a diferentes entidades y también interpele e invite al sector privado, a la academia, a los medios de comunicación, a la sociedad civil a que realmente hagamos un esfuerzo conjunto y nos pongamos indicadores muy concretos. Necesitamos avanzar en aquellos sectores en los que la corrupción afecta la calidad de vida, el cierre de brechas de inequidad, los temas de paz y los derechos humanos.