Este es ‘Mauricio Caballo’, el secuestrador del subteniente Moscoso

El frente 32 es una de las estructuras de las FARC que hace parte del Bloque Sur y que durante años ha azotado al departamento del Putumayo y algunos municipios de Caquetá. Su cabecilla es Orlando Molano González, más conocido como 'Mauricio Caballo' o 'Alexander Duque', a quien las autoridades consideran un “despiadado” por la forma cómo actúa.

Este hombre de 44 años, a juzgar por la información entregada por el Ejército, sería el directo responsable del secuestro del subteniente Cristian Moscoso Rivera, un joven militar que terminó a manos de las FARC cuando se propuso evitar el derrame de crudo en Puerto Caicedo (Putumayo) el martes pasado.

El hecho se presentó en horas de la mañana, cuando varios guerrilleros del frente 32 del bloque Sur de las FARC atacaron una patrulla militar de la VI División. Al parecer, los insurgentes pretendían bloquear el paso a una caravana de 12 tractomulas cargadas de crudo para derramarlo sobre la vía Mansoyá-Santana.

En el enfrentamiento murió el militar Luis Felipe Arango Hernández, dos soldados profesionales resultaron heridos y desapareció el subteniente Moscoso Rivera.

Pero ¿quién es ‘Mauricio Caballo’? Este hombre, nacido en Pereira, entró a las filas de las FARC en 1995. Fue cabecilla de las fuerzas especiales del frente 13, el segundo al mando de la Columna Móvil ‘Danilo’ y, ahora último, lidera el frente 32 del Bloque Sur, que tiene como objetivo principal atacar la infraestructura petrolera de Putumayo.

Junto al frente 48 –que hace poco menos de un mes obligó a abrir los grifos de carrotanques que llevaban crudo y ocasionó una de las peores tragedias ambientales en los últimos años–, son los que han hecho los principales atentados contra el ecosistema, entre ellos el derramamiento de 20.000 galones de crudo en una vía de la vereda La Alea de Puerto Asís (Putumayo).

Fue el temible ‘Mauricio Caballo’ quien lideró en julio de 2012 un fuerte ataque al pozo petrolero Sibundoy 1 en el municipio de Puerto Caicedo (Putumayo). Una ofensiva que dejó como resultado cinco trabajadores de Ecopetrol muertos y tres heridos.

Prontuario

El cabecilla de esta estructura también dio de qué hablar en diciembre del 2012, cuando dos desmovilizados que integraban las Redes de Apoyo al Terrorismo de ese frente contaron que fueron obligados y presionados por ‘Mauricio Caballo’ para instalar minas antipersona y cobrar ‘vacunas’ a los putumayenses.

Y es que minar el territorio ha sido otra de las características de este guerrillero. Tanto así que en junio del 2014 se conoció que era el ‘dueño’ de un cargamento de minas y de más de 1.300 kilos de explosivos que fueron confiscados por el Ejército en el municipio de San José de Fragua, en Caquetá.

La actitud déspota e intimidante de este guerrillero también quedó confirmada en un informe de la fundación Ideas para la Paz, donde cuentan que desde el 2013, ‘Mauricio Caballo’ implementó en Putumayo un Manual de convivencia para el buen funcionamiento de las comunidades, donde establece restricciones a la movilidad, uso del suelo, oficios y otras disposiciones de regulación de la vida cotidiana de los putumayenses.

“Según el Manual, ningún habitante rural de municipios del bajo Putumayo puede desplazarse a las cabeceras municipales ni recibir visitas sin una carta de autorización aprobada por la guerrilla y las Juntas de Acción Comunal. Tampoco pueden tener ningún tipo de relación con miembros de la fuerza pública y los familiares de estos últimos deben salir de la zona”, explica el informe.

Las mismas autoridades lo definen como una persona que “maltrata verbalmente a los guerrilleros, así como a la población civil. Si alguien comete un error, lo amenaza con aplicar castigos severos”.

El Gobierno lleva mucho tiempo pisándole los talones a esta estructura. Hace un año, en julio del 2014, el Ejército dio un duro golpe al dar de baja a ‘Camilo Jaramillo’, segundo comandante de este frente.

Las autoridades han hecho hasta lo imposible para dar con ‘Mauricio Caballo’, quien tiene una orden de captura por Fiscalía de Neiva (Huila) por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y terrorismo.

Entre las actividades para dar con él, está el ofrecimiento de una recompensa hasta de 470 millones de pesos por quien dé información valiosa que conduzca a su paradero.

Las autoridades apuran en su búsqueda. Mucho más ahora cuando se atrevió, en medio de nuevos aires en el proceso de paz, a secuestrar a un uniformado que quiso evitar que la guerrilla le hiciera más daño a la convulsionada región de Putumayo.