“Este fue el año de la extinción de dominio”: fiscal

La época en que la extinción de dominio únicamente ocurría en casos relacionados con narcotráfico es sólo un recuerdo en Colombia. Ahora ese procedimiento, en cabeza de la Fiscalía, se aplica a un largo catálogo de delitos que incluye a la corrupción.

Esa posibilidad de ocupar con fines de extinción de dominio los bienes de falsificadores, corruptos y ladrones de “cuello blanco” o “raponeros”, permitió que en 2020 la cifra de estos operativos alcanzara, en criterio del fiscal general Francisco Barbosa, la suma de 12 billones de pesos.

“Desde el extremo suroccidental del país, en frontera con Ecuador, el fiscal general reveló que, gracias a las directrices impartidas en tiempos de pandemia para intensificar la lucha contra las finanzas ilícitas, la entidad obtuvo una cifra histórica de afectación de bienes con fines de extinción del derecho de dominio”, señaló la Fiscalía en un comunicado para entregar los detalles de los operativos contra las finanzas criminales y cómo los resultados se convierten en un hecho histórico para la Fiscalía.

El propio fiscal Barbosa, en su recorrido por las seccionales de la Fiscalía, anticipó estos resultados y aseguró que es la primera vez que al cierre de un año el ente acusador puede mostrarle al país los alcances de esta herramienta legal: la extinción de dominio.

“En 2020 fueron impuestas medidas cautelares a 8.701 bienes, cuyo valor supera los 12 billones de pesos. Este es el año con mayores resultados en extinción de dominio por el avalúo de las propiedades”, dijo el fiscal desde la sede de la Fiscalía en el municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño.

Barbosa discriminó los alcances de esos operativos en cada frente:

Narcotráfico: 12 operaciones estructurales en las que se materializaron medidas cautelares contra 5.067 bienes avaluados en más de 5 billones de pesos.

Crimen organizado: al ‘Clan del Golfo’ le fueron ocupados 519 bienes por más de 4 billones y se le impusieron medidas a 1.506 bienes de la organización criminal ‘La Oficina’, por un valor cercano al billón y medio de pesos.

Delincuencia organizada: contra las redes dedicadas al narcomenudeo, homicidios, extorsión y otras conductas, se realizaron 85 operaciones por más de 453.000 millones de pesos.

Delitos ambientales: a las estructuras vinculadas a minería ilegal, deforestación y otros delitos se afectaron 46 bienes por más de 53.000 millones de pesos.

Corrupción: se ocuparon 66 bienes avaluados en más 40.000 millones de pesos.

En un renglón aparte, la Fiscalía explicó que incluso los operativos de extinción de dominio se extendieron a organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual de menores de edad y mujeres.

“356 bienes por más de 16.000 millones de pesos y las organizaciones involucradas en lavado de activos y enriquecimiento ilícito, a las que se les ocuparon 76 bienes por más de 34.000 millones de pesos”, señaló el fiscal Francisco Barbosa.

Explicó la Fiscalía que esta ocupación con fines de extinción de dominio significa un logro histórico en la misma entidad, pero que no se hubiese logrado sin el apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares que participaron en al menos 126 operativos en varios departamentos.

“Los bienes afectados habrían estado al servicio de actividades ilegales o fueron adquiridos con recursos provenientes del narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción, el deterioro a los recursos naturales, entre otras actividades”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Los bienes ocupados fueron puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, para su posterior venta o administración, según sea el caso.