NACIÓN
“Esto es supremamente equivocado y peligroso”: Yohana Jiménez sobre pedido de libertad condicional para Luis Alfredo Garavito
Jiménez manifestó su enérgico rechazo tras conocerse la revelación del programa ‘Los Informantes’.
En su edición de este domingo, el programa Los Informantes, de Caracol Televisión, reveló que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) pidió la libertad condicional de Luis Alfredo Garavito, el confeso asesino y violador de más de 150 niños y niñas en distintas zonas del país.
Yohana Jiménez, hija de la fallecida exsenadora Gilma Jiménez y quien ha luchado por la cadena perpetua para violadores de menores en el país, manifestó su enérgico rechazo tras conocerse la revelación.
En diálogo con SEMANA, Jiménez calificó de absurda la solicitud realizada por el exdirector de la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, donde se encuentra recluido el denominado monstruo.
“A mí me parece absurdo esto que está pasando. No me cabe en la cabeza que haya interesados, aparte del hampón y su apoderado, que quieran que quede en libertad un hombre como Luis Alfredo Garavito. Estamos hablando de un asqueroso hampón que secuestró, torturó y asesinó a más de 150 niños”, dijo.
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“Si Garavito queda en libertad y vuelve a cometer un delito contra un niño, el culpable sería ese señor que se interesó para que quedara en libertad”, expuso.
También manifestó que esta solicitud podría ser un precedente para que se realizaran pedidos similares para otros presos en esa cárcel, como Rafael Uribe Noguera.
“Esto es supremamente equivocado y peligroso. Me preocupa muchísimo que quede un antecedente tan peligroso para los otros detenidos en esa cárcel, hampones como Rafael Uribe Noguera, Adolfo Arrieta, todos los que están allá que cometieron delitos contra menores, como secuestro, tortura y asesinato”, subrayó.
Jiménez igualmente señaló que este hecho demuestra la necesidad de la cadena perpetua para violadores. “La cadena perpetua tiene que ser un hecho en Colombia. Ya la habíamos logrado, pero la Corte Constitucional consideró que estaban por encima los derechos de los hampones de los derechos de los niños que son prevalentes, según la Constitución”, sostuvo.
“Si nosotros los encerramos para siempre, eso va a ser lo único que va a garantizar que estos asquerosos hampones no vuelvan a salir a las calles y no puedan volverse a acercar a hacer daño a algún niño en Colombia. Cómo es posible que el mayor violador y asesino de niños pueda llegar a quedar en libertad. No se puede entender”, agregó.
Po su parte, Ximena Norato, directora Pandi, comunicación y derechos humanos, organzación que vela por los derechos de los niños, también expresó su rechazo frente al pedido del Inpec sobre Garavito.
“No sabe uno quién es más monstruoso. Si el que pide la libertad-sin tener la competencia- o el que cometió los 200 asesinatos de niños Es pésimo mensaje para la sociedad, para la salvaguarda de los derechos de los niños y las niñas. 16 millones de niños y niñas, 40 millones de colombianos, estarían en grave peligro”, sostuvo.
La revelación
Actualmente, Garavito cumple una pena de 40 años de cárcel, rebajados a 24, por crímenes que en realidad le costarían más de 1800 años en prisión pero que debieron ser conmutados. No obstante, y de acuerdo con una carta que fue revelada por los Informantes, que fue firmada por César Fernando Caraballo, ahora exdirector de la Penitenciaria de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar, más conocida como La Tramacúa, merece la libertad condicional.
La misiva enviada por Caraballo, el pasado 14 de mayo, a Camilo Manrique Serrano, juez primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Valledupar, pide que “se estudie y verifique por parte de su despacho, lo concerniente a la concesión o no del subrogado de libertad condicional en favor del PPL referenciado”. Se refiere a Luis Alfredo Garavito.
De acuerdo con el documento, la solicitud la hizo Caraballo para cumplir con las órdenes impartidas por la dirección regional Norte del Inpec en ese sentido. Encima de esa comunicación, el funcionario, que fue separado de su cargo dos semanas después, adjuntó una cartilla biográfica, un certificado de conducta y una resolución expedida por el Consejo de Disciplina del centro de reclusión, que evalúa lo concerniente a la conducta del recluso.
