Esto hay detrás de la solicitud de anulación de fallo que prohíbe uso de glifosato

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) le envió a la Corte Constitucional una solicitud de nulidad frente al fallo que frenó la posible reanudación de la erradicación forzosa de cultivos ilícitos con glifosato en el país.

La ANDJE pide en su texto que el Alto Tribunal deje sin efectos el fallo emitido el pasado 19 de enero, que además pide no dar renovación al uso del glifosato, pues impide avanzar en el plan de manejo ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

En este sentido, con la incapacidad operaria el Gobierno no podrá realizar la aspersión aérea de cultivos ilícitos en un total de 14 departamentos, comprendiendo una extensión de 104 municipios.

Cabe recordar que esta decisión de la Corte indicaba que la suspensión de la erradicación aérea se mantendría hasta que la población afectada accediera a toda la información posible. Sin embargo, se conoció por medio de una tutela que esta comunidad involucrada no pudo conocer en su totalidad el plan contra el narcotráfico, por lo que este sería un pero en esta solicitud de nulidad.

Otro de los argumentos de la ANDJE dentro de su solicitud es que el Estado debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales con la lucha contra el narcotráfico. Asimismo, reveló que el glifosato permitió la erradicación de 130.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito entre el año 2000 y 2014, pasando de 180.000 a 50.000.

Sin embargo y según las nuevas cifras reveladas por la agencia, los sembradíos de hoja de coca alcanzaron ya las 220.000 hectáreas, lo que genera el surgimiento y el financiamiento de los grupos alzados en armas.

Adiós a la fumigación aérea con glifosato

La lucha contra los cultivos ilícitos en Colombia, que hoy tiene más de 200.00 hectáreas sembradas con hoja de coca, es una “partida de ajedrez” que viene desde hace casi tres décadas y que, por ahora, está en jaque. La estrategia de aspersión aérea ha tenido que sortear la oposición de los críticos que suelen acudir a la Corte Constitucional para que le ponga freno.

Primero se convirtió en la manera más efectiva de combatir el crecimiento de cultivos ilícitos y a ella han querido regresar desde el gobierno, pero ha sido imposible. Esta semana, la Corte Constitucional le puso, nuevamente, puntos suspensivos al tema. El Plan de Manejo Ambiental que preparó la Anla para la erradicación de cultivos ilícitos no pasó el examen de los magistrados, puntualmente de Cristina Pardo, ponente de la decisión que señaló que “no es posible concluir que en el trámite administrativo ambiental se haya garantizado el derecho a una participación pública”.

La carta sobre la mesa que puso en jaque la posibilidad, por ahora, de continuar con la aspersión aérea es una tutela que fue presentada por un ciudadano, José Ilder Benavides, en la que el argumento principal es que en Florencia, Caquetá, se realizó una audiencia pública y virtual sin la debida participación de las comunidades del sector.

Por un lado, la Corte les ordenó a la Anla, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que, en el término de un año, prorrogable hasta por seis meses más, hagan un proceso de consulta previa. Un año que, sin duda, significa un paso atrás en la batalla que se viene dando.

Por esa razón, la Corte ordenó adelantar una consulta previa. El asunto de fondo es que el gobierno quedó con las manos atadas, por la dificultad que significa realizar una consulta de este tipo en más de 104 municipios priorizados, para reiniciar la aspersión. La puja no es nueva.

En 2015, el “banderillazo” a la aspersión aérea vino por cuenta de la evaluación de un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que calificó el glifosato como “probablemente cancerígeno para los humanos”.