Esto no huele bien: el caso Chiquita

Uno de los pocos procesos que adelantaba la Justicia colombiana para determinar la eventual responsabilidad de grupos de empresarios y gremios en la financiación de los paramilitares tuvo un sorpresivo final el pasado 6 de marzo. Ese día el fiscal 33 especializado de Medellín decidió precluir la investigación a favor de un grupo de empresarios bananeros de las firmas Chiquita Brands International, de su filial en Colombia (Banadex) y de la comercializadora Banacol.

El argumento principal de la Fiscalía para archivar el caso es que los miles de millones de pesos que durante años aportaron las empresas bananeras a las llamadas Convivir en Urabá ocurrieron "dentro de un contexto de buena fe y confianza, generado por el respaldo estatal que tenían este tipo de organizaciones de seguridad en el país". Según el fiscal, no se demostró que el dinero que aportaron las empresas a las Convivir fue utilizado para financiar las actividades ilegales de las autodefensas. Este tipo de argumentos son los que usa la Fiscalía para precluir la investigación. Sin embargo, la realidad es que la voluminosa resolución del fiscal 33, a la que tuvo acceso SEMANA, así como el proceso que terminó con el archivo del caso, dejan serios y graves interrogantes.

Las denuncias sobre la financiación de las AUC por parte de los bananeros llegaron a la Fiscalía en abril de 2007 y se abrieron varias investigaciones. A la Fiscalía 8 de Medellín le correspondió el caso de Chiquita. Pero el año pasado, esa Fiscalía fue suprimida con argumentos presupuestales, los procesos que allí se adelantaban fueron distribuidos a otros despachos y el caso de Chiquita pasó a la Fiscalía 33, que en pocos meses decidió precluirlo. Más allá de las suspicacias que esto pueda despertar, lo que llama la atención es que en su resolución el fiscal 33 hace un relato muy detallado en el que pone especial énfasis en la condena a Chiquita por parte de la Justicia estadounidense.

En Marzo de 2007 Chiquita Brands se declaró culpable de "involucrarse en transacciones con terroristas globales" ante el juzgado del Distrito de Columbia, en Estados Unidos. La multinacional admitió que les pagaron a las autodefensas y la Justicia estadounidense condenó entonces a Chiquita a pagar una multa de 25 millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos porque se determinó que los pagos de la bananera a organizaciones paramilitares fueron "revisados y aprobados por altos ejecutivos de la corporación, incluyendo directores y empleados de alto rango". A cambio del pago y la aceptación de responsabilidad, la Corte estadounidense no encarceló a ninguno de los directivos de Chiquita.

El año pasado The National Security Archive logró que se desclasificaran los documentos del Departamento de Justicia sobre el caso y allí se encontraron pruebas de que Chiquita pagó a los paramilitares, entre 1997 y 2004, más de 1,7 millones de dólares no solo por vacunas y sobornos extorsivos, que era el argumento de la compañía para justificar los pagos, sino también por 'seguridad activa', es decir, patrullajes y protección de los cultivos y los trabajadores de la compañía, como lo reveló en su momento el portal La Silla Vacía. El fiscal 33 consigna todo lo anterior en su resolución, a la vez que recuerda que la condena de Chiquita en Estados Unidos fue una de las bases para que la Fiscalía colombiana abriera en 2007 la investigación sobre los vínculos de bananeros con paras.

El fiscal 33 recolectó también más de una docena de testimonios de directivos y exfuncionarios de compañías bananeras en los que aceptan que se realizaron pagos a las Convivir, aunque la mayoría afirma que se trataba de pagos por extorsión. El fiscal descalifica las declaraciones de cinco jefes paramilitares que contaron cómo eran los aportes de los bananeros a las AUC, entre ellos Salvatore Mancuso; Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán; RodrigoTovar Pupo, alias Jorge 40; Nodier Giraldo Giraldo, alias el Cabezón, y Éver Veloza García, alias HH.

Pero tal vez la declaración descartada por la Fiscalía que más llama la atención es el muy detallado testimonio de Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, que no solo fue empresario bananero de la zona, sino jefe del bloque bananero y, además, creador y diseñador del modelo financiero por medio del cual las empresas de banano pagaron aportes a las Convivir, que terminaron en manos de los paramilitares. El fallo del fiscal 33 absuelve a los demás implicados, pero concluye que Hasbún es presuntamente responsable de varios delitos.

La polémica resolución de la Fiscalía ha sido celebrada por los empresarios. "Chiquita se enteró en días pasados de que un fiscal colombiano concluyó una investigación que duró más de cuatro años, al encontrar claras evidencias de que Chiquita se vio forzada a ceder a la extorsión por parte de las AUC. Dicha decisión coincide con el resultado de las distintas investigaciones que se han adelantado ante diversas instancias y con lo que la compañía ha dicho desde un principio: fue víctima de la extorsión de los grupos armados ilegales", dice el comunicado oficial de la multinacional sobre el caso. No menos polémico ha resultado también el hecho de que la preclusión se produjo a pesar de que la investigación implica casos de delitos de lesa humanidad, como las masacres efectuadas por los paramilitares.

La decisión del fiscal ya fue apelada por el propio paramilitar Raúl Hasbún y el viernes una ONG también anunció acciones similares. Para ellos, como para muchos otros, algo huele raro en este caso.