Enfoque
Estos son los altísimos costos de los tratamientos contra las enfermedades más comunes
La reforma a la salud que propone el Gobierno Petro pone sobre la mesa el debate de cuánto debería pagar un colombiano si esos gastos fueran de bolsillo.
Mientras crece el debate entre todos los sectores de la salud, que siguen aguardando que la ministra, Carolina Corcho, socialice el texto de la reforma, hoy, ante la incertidumbre, los expertos consideran que, como están las cosas, el bolsillo de los usuarios podría sufrir un golpe fatal para, en el peor de los escenarios, enfrentarse a costos impagables tanto en enfermedades consideradas de alto impacto como en aquellas ruinosas, si el sistema llegara a colapsar.
Por ejemplo, una de las afecciones crónicas más comunes entre los colombianos es la diabetes que, en caso de ser detectada a tiempo, puede ser tratada y controlada, pero que cuando avanza desbordadamente trae consigo toda una serie de enfermedades adicionales que comprometen diversos órganos como los riñones y el corazón, por ejemplo.
Según cifras de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), cerca de 1,6 millones de personas en nuestro país sufren de esa enfermedad, de las cuales el 53 %, de acuerdo con lo que reporta la Cuenta de Alto Costo –organismo técnico no gubernamental que analiza diferentes aspectos sobre tema de salud en Colombia– tiene un buen control de la enfermedad, gracias a que el sistema de salud actual garantiza su atención, seguimiento del tratamiento y acceso al mismo.
El costo de ese tratamiento está cubierto por el aporte de cada usuario –asumido en gran parte por el empleador en caso de tener un contrato de trabajo–, y de las cuotas moderadoras, que hoy se calculan con base en el ingreso salarial. Pero si llegara a desaparecer el actual sistema, sería un golpe contundente para los pacientes, especialmente para los de más bajos ingresos.
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“Si un paciente se viera en la necesidad de costearlo por sí mismo, esto representaría un costo anual superior a los 4,8 millones de pesos para un paciente controlado, y podría llegar a superar los 20 millones de pesos en un paciente complicado o con múltiples comorbilidades. Hoy, solo con realizar los aportes a seguridad social, si es del régimen contributivo, o sin necesidad de ello si se es del régimen subsidiado, se puede acceder a la mayoría de servicios y tecnologías en salud para el tratamiento integral: dispositivos, insumos, consulta médica con especialistas, exámenes diagnósticos y de control, los cuales se encuentran cobijados por el aporte”, explica Carlos Eduardo Márquez, gerente de Proyectos y Planeación de la Fundación Voces Diabetes Colombia, quien asegura que en Colombia habría cerca de 3,5 millones de personas con esta enfermedad.
Todo ello asumiendo que el paciente no se agrava, porque en ese caso los gastos se disparan. Por eso, asegura, si se desecha el esquema actual, se formaría una tormenta perfecta: pacientes que asumen costos totales, y otros que no saben que están enfermos y que cuando se enteren tendrían que asumir los tratamientos de sus propios bolsillos o se agravarían con enfermedades más catastróficas y mucho más caras.
“60 % de pacientes no controlados podrían desarrollar rápidamente graves complicaciones: enfermedades del corazón, de los ojos, los pies y riñones, que ponen en grave peligro su vida, siendo requeridos servicios de mayor costo y complejidad. En tanto, los pacientes que ya venían controlados se podrían descontrolar”, asegura Márquez.
Situación similar sucede con quienes padecen otra enfermedad menos frecuente pero mucho más impredecible e invasiva. Según la Cuenta de Alto Costo en 2022 se diagnosticaron 491.048 personas con cáncer, siendo el de mama el más común entre las mujeres con el 29,7 %, y el de próstata, entre los hombres, con el 21,6 %.
El manejo de esa enfermedad hoy está cubierto en el sistema actual “es decir, está exento de copagos y cuotas moderadoras por consultas médicas, ayudas diagnósticas, medicamentos y dispositivos médicos que se requieran para el control y manejo de estas condiciones de salud. Además, si la prestación del servicio ocurre en una ciudad o municipio diferente al de residencia del paciente, la EPS debe garantizar el transporte, la alimentación y el hospedaje del paciente y de un acompañante si es requerido”, explica Gustavo Campillo, presidente de la Fundación Rasa y vocero de Pacientes Colombia.
En caso de que las EPS desaparezcan o se modifique su funcionamiento, implicaría, según los expertos, que los pacientes con cáncer asumirían unos costos impagables.
“Depende del estadio de la enfermedad, pero puede estar mensualmente entre 30 millones de pesos en estadios tempranos a 300 millones de pesos en estadios avanzados; en la quimioterapia de rescate en metástasis ósea y cerebral, por ejemplo, el solo medicamento cuesta 250 millones de pesos mensuales, por eso las llaman enfermedades ruinosas”, explica Campillo, quien sostiene que apenas el 1 % de la población del país podría asumir semejantes costos.
¿Cuáles son las salidas?
Para quienes todos los días están gestionando la atención oportuna y adecuada de pacientes con enfermedades crónicas, lo primero que debe haber -para evitar llegar al escenario de que los pacientes corran el riesgo de pagar sumas astronómicas por la atención médica- es tener claridad en torno al texto de la propuesta de reforma, para que tanto quienes padecen las enfermedades como prestadores de salud sepan en qué terreno están parados.
En ese sentido, según Carlos Eduardo Márquez, quien lamenta que el Gobierno no haya dado a conocer el texto de la reforma ni haya abierto la puerta para evaluarlo antes de llevarlo al Congreso “debe existir una amplia discusión, con todos los actores incluidos representantes de los pacientes para allanar soluciones a las principales falencias del sistema actual: oportunidad en la atención, mejora y diferenciación del modelo para las zonas rurales y distantes, prevención y mejora de los resultados e indicadores en salud, sostenibilidad financiera. Ese es el escenario inteligente y controlado”.
Por su parte, Gustavo Campillo asegura que una de las prioridades es lograr que los pagos de salud no estén atados a los entes territoriales “debido al enorme riesgo de ineficiencias asociadas a corrupción o presiones de grupos al margen de la ley e incluso asociado a favores con interés de réditos políticos o electorales. En conclusión, sin conocer el proyecto de ley nos parece que no contar con una entidad que gestione el riesgo y dé orden al acceso de servicios de salud, sería un enorme riesgo en la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia en la población afectada por estas condiciones de salud”.
Sin duda, la pelota está en la cancha del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que el próximo 13 de febrero radicará y explicará detalles de la reforma a la salud. Por ahora, se conoce que las EPS no se eliminarán y que se adaptarán al nuevo esquema de salud, pero habrá que conocer el articulado para entender cómo funcionarán con el nuevo modelo propuesto.