Estos son los contratos que enredan a dos congresistas con hechos de corrupción en Caldas

Un grupo de funcionarios, contratistas y hasta congresistas, terminaron metidos en un lío judicial que está por aterrizar en la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía destapó un “cartel de la contratación” en el departamento de Caldas. Contratos por más de 49.000 millones de pesos terminaron enredados en una vergonzosa defraudación al Estado.

Los hechos, que son materia de investigación, advierten que un grupo de contratistas se organizó con funcionarios encargados de la toma de decisiones en departamento de Caldas y sobre millonarios contratos que, en teoría, traería beneficios para la población más vulnerable en esta zona del país.

“La Fiscalía General de la Nación avanza con determinación en las distintas líneas investigativas definidas para poner en evidencia a los integrantes de diferentes redes de corrupción, que estarían conformadas por congresistas y funcionarios, y serían las responsables de direccionar la contratación en entes regionales y territoriales”, dijo la Fiscalía.

Justamente este viernes la fiscalía en el curso de la investigación logró la captura y judicialización de dos contratistas que tenían algún tipo de relación con los hechos que fueron advertidos en diferentes denuncias y que se convirtieron en un proceso formal en la dirección contra la corrupción del ente acusado.

“Se trata de Raúl Alfonso Cardozo Nuncira y Andrés José Ospina Rosales, a quienes fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputaron los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Los cargos no fueron aceptados”, advirtió la Fiscalía luego de las audiencias preliminares.

Los contratos están relacionados en un convenio suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS y la Empresa Industrial y Comercial del Estado ‘Proyecta Quindío’, por un valor superior a los 49.000 millones de pesos, para gestionar la construcción o mejoramiento de vías secundarias en varios departamentos.

“En ese sentido, los favorecidos, al parecer, conocieron anticipadamente los requisitos técnicos y financieros de los contratos, y ajustaron las propuestas de tal manera que fueron invitados las personas referidas por ellos, resultando adjudicatarios de los contratos, particulares previamente seleccionados”, explicaron los encargados de la investigación.

Los contratos fueron identificados así:

• Contrato de obra denominado ‘Quindío Varios’, por valor de 10.188 millones de pesos, para el mejoramiento de vías de bajo tránsito del Quindío.
• Contrato de consultoría para el contrato ‘Quindío Varios’, por valor de 713 millones de pesos.
• Contrato de obra Saldaña (Tolima) para el mejoramiento de vías en pavimento rígido, por 5.179 millones de pesos.
• Contrato de consultoría para Saldaña – Tolima por 362 millones de pesos.
• Contrato de obra denominado ‘Tolima Varios’, cuyo objeto era el mejoramiento de vías rurales en placa huella por valor de 8.994 millones de pesos.
• Cesión del contrato Córdoba – Circasia (Quindío).

El detalle de la investigación advirtió que al menos dos congresistas estarían involucrados en esta red de corrupción sobre quienes la fiscalía ya hizo la compulsa de copias respectiva además de una judicialización a una funcionaria de la Unidad de Trabajo Legislativa del hoy senador, Ciro Ramírez.