Estos son los contratos que la Fiscalía usará para imputar nuevos cargos a Nicolás Petro; más de $3.600 millones

No se había terminado la acusación en contra de Nicolás Petro y la Fiscalía ya estaba anunciado una nueva imputación en su contra. El fiscal Mario Burgos aseguró que algunas pruebas recolectadas en el curso del proceso permitieron establecer la presunta responsabilidad del hijo del presidente Gustavo Petro, en delitos contra la administración pública.

De acuerdo con el fiscal, una serie de contratos y declaraciones advierten de un interés indebido en la celebración de acuerdos a través de la Fundación Conciencia Social, millonarios contratos que, de acuerdo con la Fiscalía, permitieron incrementar el patrimonio económico del entonces diputado del Atlántico.

Son contratos firmados entre el año 2021 y 2023, que, sumados alcanzaron más de 3.000 millones de pesos y que en criterio de la Fiscalía incluyen varias irregularidades que ahora son materia de investigación y de una imputación de cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y peculado por apropiación.

“Derivadas de su actividad económica, sino, por el contrario, injustificadas y provenientes del enriquecimiento ilícito entregado incluso por algunas personas y no relacionadas con su rol de diputado, como es el caso del señor Samuel Santander López Sierra, Óscar Camacho, Pedro Flores, Máximo Noriega, Jorge Robayo”, dijo el fiscal Mario Burgos en la audiencia de acusación.

Los cinco contratos incluyen centros de atención para los adultos mayores en el departamento del Atlántico y apoyo, según el ente acusador, a los estudiantes en situación de discapacidad. SEMANA conoció un informe de investigador de campo que condensa toda la información recopilada por los investigadores y que incluso fueron confirmadas por quien ahora se convirtió en la principal testigo en contra de Nicolás Petro.

La Fiscalía tiene en su poder las constancias, certificados y el detalle de los contratos que ahora serán la pieza fundamental en la imputación de cargos por cuatro delitos y que podría incluir una solicitud de medida de aseguramiento, diferente a la Barranquilla por cárcel que tiene en este momento el hijo del presidente de la república.

“Cabe resaltar que el contratista en cuatro (4) de los cinco resultados encontrados es la “Fundación Conciencia Social”, mientras en el contrato correspondiente al No. de referencia CD-05-2023-0438 se trata de la “Unión Temporal Conciencia Incluyente” NIT901.677.413, de la que Gustavo de la Ossa Vélez es representante legal y cuya dirección registrada es la CARRERA 45 No 82 52, como se pudo observar en la información de proveedores disponible en SECOP, la cual también se entrega anexa. Cabe indicar que la dirección referida corresponde con la misma ubicación de la Fundación Conciencia Social, en la ciudad de Barranquilla”, explica el informe de la Fiscalía.

SEMANA pudo conocer que en los próximos días la Fiscalía hará la solicitud formal ante los jueces de control de garantías para imputar cargos por las presuntas irregularidades en la celebración de los contratos entre la Fundación Conciencia Social y la Gobernación del Atlántico, y donde Nicolás Petro tendría algún tipo de partición, en calidad de interviniente.

Con este serían dos los proceso contra el hijo del presidente, uno, por el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito, y el segundo, por los hechos de corrupción que saltaron de los hallazgos preliminares en la búsqueda de información y los detalles de la millonaria fortuna que acumuló Petro en menos de dos años.