La estrategia de los defensores de la JEP para ganar la batalla en Senado

Ahora que las objeciones a la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz naufragaron en la Cámara de Representantes, los parlamentarios que la defienden se preparan para dar la batalla en el Senado, en donde el ambiente es menos favorable.

El primer paso que dieron fue radicar este martes el informe con el análisis de las objeciones en el que piden que sean rechazadas. El documento lleva solo dos firmas, la de Alberto Castilla (Polo) e Iván Marulanda (Verde), minoría dentro de la subcomisión. El bloque mayoritario es progobierno: allí están Paloma Valencia (Centro Democrático), David Barguil (Conservador), John Milton Rodríguez (Colombia Justa Libres), Jonatan Tamayo (ASI), y José David Name (La U), quien a pesar de que su partido anunció que votará en contra de las objeciones, se inclina más por apoyarlas.

"Cada uno puede tomar la determinación de firmar o no la ponencia colectiva o individual. Yo voy a esperar la audiencia el jueves", aseguró Name a SEMANA.

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El ritmo de esta subcomisión ha sido mucho más lento que el de la de Cámara -que salió victoriosa al ganar la votación en plenaria-. Varios analistas y parlamentarios han advertido que lo que quiere el presidente del Senado Ernesto Macías, y en general los gobiernistas, es dilatar el proceso, para ganar tiempo y votos.

En un primer momento Castilla y Marulanda aceptaron esperar para tratar de llegar a un consenso. Pero el punto de quiebre se dio el pasado 26 de marzo, durante la segunda reunión de la comisión. Allí los dos ratificaron su rechazo a las objeciones, y los demás -Paloma Valencia, David Barguil, Milton Rodríguez y Jonatan Tamayo- se mantuvieron firmes con el gobierno.

Llegar a un consenso y presentar un solo informe de la comisión era una verdadera odisea. Los defensores del acuerdo de paz, de hecho, se lo advirtieron varias veces a Marulanda. La senadora Paloma Valencia dijo que ahora que las fuerzas del No ganaron las elecciones, aspiran desde el gobierno a “cerrar la brecha que les separa del acuerdo de paz” y explicó que las objeciones presidenciales condensan esas diferencias y fueron presentadas para intentar saldarlas.

Barguil incluso les pidió a Castilla y a Marulanda aplazar la entrega mientras se intentaba llegar un consenso entre los dirigentes de los partidos. Pero ellos le respondieron que “cualquier intento de consenso debiera ser con las Farc y liderado por el propio presidente”.

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Ese día los dos parlamentarios de oposición anunciaron que el 9 de abril radicarían la ponencia. No esperarían más. El momento, además de simbólico por tratarse del día de las víctimas, resultó muy favorable, porque en la Cámara de Representantes los defensores de la JEP se anotaron una victoria -110 votos contra 44-.

Tal como en el informe de la subcomisión de Cámara, Castilla y Marulanda proponen un pacto nacional multipartidista fundamentado en el “respeto por las instituciones y los procedimientos democráticos para superar la polarización”, pero insisten que el medio para lograrlo no son las objeciones porque -a su juicio- ponen en riesgo la separación de poderes. “El presidente desconoció decisiones en firme de la Corte Constitucional. Solicitamos rechazar las objeciones e insistir en el proyecto objetado”, se lee en el informe que radicaron y que presenta coincidencias con el que negó las objeciones en Cámara.

Aún así, en el Senado hay un factor clave: Macías. El presidente de esta corporación defiende a capa y espada las objeciones, incluso ha tratado de lanzar salvavidas. Por ejemplo, justo antes de la votación en Cámara aseguró que las objeciones debían primero votarse en Senado por ser la “cámara de origen del proyecto”. Alejandro Carlos Chacón -presidente de la Cámara- no aceptó esta interpretación jurídica de los artículos 165 y 167 de la Constitución. Macías incluso ha dicho que en caso de que las objeciones no prosperen no hay necesidad de enviar el texto de nuevo a la Corte Constitucional -tal como lo ordenó el tribunal- porque un “poder no tiene por qué dar órdenes a otro”.

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Entre los planes de los defensores de la JEP está lograr que se convoque a plenaria lo más pronto posible -ahora que está radicado el informe- y votar las objeciones antes de terminar la semana, es decir el jueves como plazo máximo. Esto, porque de lo contrario la votación se aplazaría hasta después de Semana Santa, un tiempo valioso en el que pueden perder algunos votos que ya han conquistado.

En el papel, los defensores de la JEP tienen la mayoría también en el Senado. Tienen 14 votos de los liberales, 16 de Cambio Radical, 11 de La U, 5 del Polo Democrático, 9 de los verdes, 3 Decentes, 1 de Colombia Humana y otro de Mais. Es decir, 60 votos.

El Gobierno, por su parte, cuenta 15 votos del Centro Democrático -porque cuatro senadores incluyendo a Uribe estarían impedidos-, 1 de La U, 3 del Mira, 3 de Colombia Justa Libres, y uno de la Alianza Social Independiente. En Senado hay 14 votos del Partido Conservador, sin embargo, dentro del partido hay división, tal como se notó en la votación de la Cámara.

Ahora bien, existe un aparente vacío normativo que no establece las mayorías especiales para decidir sobre objeciones a proyectos de leyes estatutarias. En Senado se corre el riesgo de que si no se obtiene la mayoría en un sentido o en otro, hay que hacer dos votaciones. Si la indefinición sigue, se hunden las objeciones porque se entiende negada la propuesta. Esa posibilidad la abre el artículo 135 del reglamento del Congreso: “En caso de empate o igualdad en la votación de un proyecto, se procederá a una segunda votación en la misma o en sesión posterior, según lo estime la presidencia. En este último caso, se indicará expresamente en el orden del día que se trata de una segunda votación. Si en esta oportunidad se presenta nuevamente empate, se entenderá negada la propuesta”.

Por el momento, la fórmula sigue siendo la misma: los defensores de la JEP quieren precipitar la votación, y sus detractores quieren dilatarla para ganar tiempo. Marulanda y Castilla, al filo del tiempo radicaron el informe que sugiere negar las objeciones que propuso el presidente, pero esto aunque es un paso fundamental, es solo el primero. La batuta la tienen ahora los defensores del gobierno, que deben ser los siguientes en radicar, y el controvertido senador Macías.