Estremecedor: esta es la prueba que hundió a la falsa fiscal después de capturar, liberar y acusar a centenares de personas durante 13 años

Claudia Elena Lozano Doria, quien se desempeñó como directora de la seccional de la Fiscalía en La Guajira, y fiscal en varias seccionales de la costa Caribe por más de una década, hoy está en el ojo del huracán, tras ser condenada a 12 años y 9 meses de prisión por lo que fue considerado como actividades delictivas.

Y es que la historia de esta mujer, entre 2000 y 2013, se convierte en un tema insólito dentro del organismo investigador, pues logró engañar a todo el mundo y adelantar durante este período todo tipo de investigaciones, solicitar órdenes de captura y cerrar expedientes judiciales sin estar capacitada para ello.

La actuación de Lozano Doria no tendría nada de raro de no ser por el hecho de que nunca pasó por una facultad de derecho, no contaba con tarjeta profesional y no tenía ningún certificado de abogada, que la acreditara para desempeñar estos cargos.

Claudia Elena, en pocas palabras, hizo conejo, falseó documentos y llevaba más de una década pavoneándose como fiscal, sin serlo. Sin embargo, la pregunta que ronda ahora es cómo pudo llegar a ocupar estos cargos de poder dentro del ente investigador.

Pues, valiéndose de una relación de amistad, la mujer tocó en septiembre de 2000 las puertas de la Fiscalía para solicitar un trabajo como técnica judicial en la Sección Judicial de Montería, Córdoba. Tomó la tarjeta profesional de su entonces amiga, María Consuelo Mestre, quien terminó convirtiéndose en la principal testigo en su contra.

Según dio a conocer la propia Fiscalía, esta mujer copió gran parte de la hoja de hoja de vida de Mestre para “acreditar formación profesional y un acta de grado con el fin de lograr su nombramiento”. En poco tiempo, y con estos documentos, fue escalando rápidamente posiciones.

Sin embargo, la mentira se rompió por el lado menos esperado: tras salir de la Fiscalía General intentó ingresar a la Judicatura utilizando los mismos documentos falsos para ser nombrada como juez de ejecución de penas de Valledupar. Todo se cayó en un abrir y cerrar de ojos.

Presentó la tarjeta profesional y el diploma de la Corporación Universitaria del Sinú. Sin embargo, al ingresar su número de cédula al sistema se prendieron las alertas: los datos no coincidían y la mismísima Judicatura confirmó que en el registro nacional de abogados no aparecía nadie con ese nombre.

Con esta evidencia, la Fiscalía la vinculó a un proceso por fraude procesal y falsedad en documento privado. Pese a que en un momento firmó un preacuerdo para exculpar sus pecados y lograr una rebaja de pena, como lo afirma la misma Fiscalía, el “desinterés de la defensa y la procesada” los llevó a sentarla en el banquillo de los acusados.

Durante el juicio, la declaración de su examiga la terminó de hundir, asegurando que tanto la tarjeta profesional de abogado como la hoja de vida que presumía Lozano Doria eran de ella. Prácticamente, lo único que modificó fue su nombre y cédula, de resto, todo era plagio.

“La testigo María Constanza Mestre Palomino, abogada de la Universidad del Sinú y examiga de la procesada, correspondía en sus datos, (que) en alguna oportunidad entregó a la procesada junto con una copia de su hoja de vida, con el propósito de obtener un trabajo en la Fiscalía”, testificó la testigo clave.