Nación
Estudiantes de colegios públicos asisten bajo la amenaza del asbesto; Corte Constitucional pide atención urgente
El primero de enero de 2026 arrancará la prohibición total del uso de ese mineral en el país.
En medio del estudio de una tutela que llegó a la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, se visibilizó un complejo panorama sobre la amenaza con la que conviven miles de estudiantes de colegios públicos en el país: el asbesto.
El caso tiene que ver con los muchos problemas de infraestructura que tiene el Instituto Aquileo Parra en Barichara, Santander, y que en estos momentos estaría poniendo en riesgo los derechos a la educación y a la vida de los estudiantes del plantel escolar.
De hecho, la Sala Séptima de Revisión concluyó que “la Secretaría de Educación Departamental de Santander y la Alcaldía de Barichara vulneraron los derechos a la salud y a la educación del niño y de los alumnos que asisten a las tres sedes urbanas del Instituto Aquileo Parra”.
Los magistrados evidenciaron que la planta física del colegio tenía serias falencias que se convirtieron en un grave obstáculo para el proceso educativo de los estudiantes y causan afectaciones a su salud con los techos de asbesto, las aulas con que conservan altas temperaturas y hasta superan dichas condiciones.
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“Los alumnos que estudian en las sedes uno y dos tienen que desplazarse diariamente durante la jornada escolar fuera de las instalaciones educativas para ir al comedor escolar. Pese a haber sido informadas de esta situación hace más de un año, las entidades territoriales no hubieran adoptado ninguna medida transitoria o definitiva para solucionar la problemática”, reprochó la Corte en su decisión.
El alto tribunal también reclamó que la situación demuestra una clara negligencia de las autoridades para atender los problemas y hasta desconocen el interés superior de los menores de edad que estudian en las tres sedes urbanas que conforman el colegio. Por eso, le ordenó a la Gobernación de Santander y a la Alcaldía de Barichara que impulse un plan de contingencia para empezar la sustitución del asbesto.
La decisión de la Corte pide un “plan de contingencia debe adoptar medidas para (i) sustituir de manera definitiva los techos y elementos de asbesto que hacen parte de la infraestructura escolar de las tres sedes urbanas, (ii) atender la problemática asociada a las altas temperaturas que conservan algunos de los salones de las tres sedes urbanas y (iii) garantizar que los estudiantes de las sedes uno y dos –urbanas– no tengan que desplazarse fuera de la institución educativa para ir al restaurante escolar”.
El Ministerio de Educación también debe apoyar al departamento y al municipio para que les brinden asistencia técnica para formular el plan de contingencia e infraestructura educativa, así como información para acceder a recursos adicionales que permitan las obras para mejorar la infraestructura del Instituto Aquileo Parra.
La Sala instó a “la Comisión Nacional para la Sustitución del Asbesto que supervise el cumplimiento de la sustitución de los techos de las tres sedes urbanas de la institución educativa. Asimismo, le ordenó a la Secretaría de Salud del municipio de Barichara, así como a la Secretaría de Salud del Departamento de Santander, que activen la ruta de atención integral para personas expuestas al asbesto”.
Esta situación deja en evidencia que en Colombia todavía existen colegios públicos que siguen funcionando con su infraestructura compuesta por materiales como el asbesto, y deja una seria preocupación, teniendo en cuenta que el próximo 1 de enero de 2026, se termina el plazo de la sustitución de ese material.
