Ordóñez no se rinde: insiste en frenar aplicación de la eutanasia en el país

A 19 días de que se llevó a cabo el primer procedimiento legal de eutanasia en el país, en la persona de Ovidio González, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, continúa en su empeño de cargar en contra de la resolución del Ministerio de Salud que le da pie a su aplicación con base en una decisión de la Corte Constitucional.

Ordóñez, que catalogó a la eutanasia como una “obligación de matar a los enfermos terminales”, posición defendida por los sectores más conservadores de la sociedad colombiana, fue el primero en denunciar dicha resolución ante el Consejo de Estado, bajo el argumento de que es una “licencia para matar”.

Además pidió en su recurso que se decretaran medidas cautelares, buscando suspender de manera inmediata la aplicación del procedimiento hasta que se produzca una decisión de fondo en el alto tribunal.

El caso lleva cerca de dos meses en el despacho de la magistrada María Elizabeth García, que ha escuchado a las partes y se apresta en los próximos días a tomar una decisión definitiva. Según pudo establecer Semana.com, negaría la medida cautelar y mantendría en firme la legalidad de la práctica de la eutanasia en el país.

‘Marido y mujer’ contra médicos

Mientras se toma esta esa decisión, Javier Suárez, director de la Fundación Marido y Mujer, radicó un fuerte memorial ante el despacho de la togada para agilizar su decisión y para buscar también la suspensión de la eutanasia. Se trata de uno de los reconocidos alfiles del procurador en otros temas como uniones gay y aborto, entre otros.

Semana.com conoció el escrito radicado por el polémico abogado, donde argumenta que “ni el presidente de la República, ni sus ministros tienen competencias legales para reglamentar sentencias de la Corte Constitucional, tal como lo advirtió el Consejo de Estado al anular el Decreto 4444, que reglamentaba el aborto en Colombia. Hacerlo es incurrir en el delito de prevaricato por acción”.

Argumenta que es el Congreso de la República mediante una ley estatutaria quien debe reglamentar la eutanasia y no el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, como efectivamente sucedió.

“Quien practique la eutanasia o ayude a practicarla comete un delito, que es sancionado con cárcel, y por eso, se advierte que estamos preparando denuncia penal contra los profesionales que practicaron la eutanasia al ciudadano Ovidio González y, eventualmente, contra sus propios familiares”, indica el escrito.

El jurista finaliza con una solicitud abierta: “Pido a los comités interdisciplinarios de las IPS y de las EPS abstenerse de aprobar la práctica ilegal de la eutanasia porque conlleva el concurso doloso del delito al suicidio”.

Será la magistrada García quien decida si esto es verdad y si se suspenderá o no la práctica de este derecho individual en el país.