Eutanasia: el derecho tabú

Ovidio González puede ser el único colombiano al que la muerte le llegó con ocho días de retraso. El patriarca de 79 años, víctima de un inmisericorde cáncer en la boca, se convirtió el pasado viernes en el primer hombre en recibir la eutanasia legalmente en el país. La cita se cumplió luego del clamor público de su hijo, el caricaturista Matador, para que su padre pudiera despedirse dignamente de este mundo.

A pesar de que la Corte Constitucional despenalizó la muerte asistida en 1997 y a que el Ministerio de Salud reglamentó el procedimiento hace unos meses (casi 20 años después), el caso de don Ovidio demostró las enormes complejidades que entraña uno de los derechos más complejos reconocidos por la humanidad: el derecho a morir.

Colombia se conmovió con su historia. Según contó Matador, don Ovidio era hasta hace poco un roble. Uno de sus mejores amigos, Gustavo Colorado lo describe en un blog como “un zapatero ateo, anarquista, bohemio, amante del tango y los boleros”. Un tumor le quitó ese ímpetu. Perdió un pedazo de su rostro, de la herida se desprendía un olor nauseabundo, pasó de 85 a 48 kilos. Era tal su agonía que decidió que su mejor remedio era no vivir más. “Mi papá es un amante de la vida, pero lo que él tiene ya no se puede llamar así”, dijo el caricaturista.

Su drama se volvió público hace una semana cuando la Clínica de Oncólogos de Pereira canceló el procedimiento 15 minutos antes de la cita. Los médicos argumentaron que la junta no había autorizado la eutanasia porque su enfermedad no era terminal. Finalmente, después de una semana de un intenso debate sobre si podía ser según el decreto del Ministerio de Salud ‘candidato’ para acceder a ese derecho, don Ovidio llegó nuevamente el viernes al hospital en horas de la mañana junto con sus familiares y amigos. Según contó el médico Daniel Aguirre, le inyectaron solución salina, analgésicos, sedantes y otros compuestos químicos. El procedimiento tardó apenas unos minutos y no le generó ningún dolor.

El caso de Ovidio González dejó en evidencia que las enormes complejidades de la eutanasia no solo son morales, sino también legales. La revista The Economist, que acaba de hacer una portada sobre el tema resumió bien la situación. “En Colombia la Corte Constitucional despenalizó la muerte asistida desde 1997, pero como no dio una guía sobre lo que podía ser aceptado, muy pocos doctores estarían dispuestos a hacerla”.

Como bien señala el semanario británico, la sentencia del homicidio por piedad es considerada un hito en la Corte Constitucional y fue una de las decisiones que mereció que ese alto tribunal fuera admirado en el mundo. Su ponente, el fallecido Carlos Gaviria, escribió que “el derecho a la vida no puede reducirse a la mera subsistencia… Nada tan cruel como obligar a una persona a sobrevivir en medio de padecimientos oprobiosos, en nombre de creencias ajenas”. La corte estimó que los colombianos tenían el derecho de “decidir hasta cuándo la vida es deseable y compatible con la dignidad humana”.

Sin embargo, la eutanasia terminó enredada en todo tipo de vericuetos legales. La sentencia de 1997 ordenó al Congreso reglamentar el asunto, y como este no lo hizo, no se pudo aplicar a cabalidad. Hace unos meses la corte instó al gobierno a expedir un decreto que terminó obligando a los hospitales a tener un comité de tres profesionales para revisar las solicitudes, asegurarse de que el paciente recibiera los cuidados paliativos necesarios y resolver su petición en un plazo máximo de diez días. La norma estableció que podía aplicar a ese procedimiento “todo aquel que es portador de una enfermedad o condición patológica grave, que haya sido diagnosticada en forma precisa por un médico experto, que demuestre un carácter progresivo e irreversible, con pronóstico fatal próximo o en plazo relativamente breve, que no sea susceptible de un tratamiento curativo y de eficacia comprobada, que permita modificar el pronóstico de muerte próxima; o cuando los recursos terapéuticos utilizados con fines curativos han dejado de ser eficaces”.

El caso de Ovidio González no es excepcional. Colombia es un país modelo en ganar ferozmente en las cortes la lucha por las libertades, pero luego perderlas en leguleyadas. Por ejemplo, el país despenalizó en tres casos la interrupción voluntaria del embarazo en 2006, pero como los decretos que lo reglamentaban fueron derogados por el Consejo de Estado, hoy las mujeres que quieren hacer valer ese derecho se estrellan ante requisitos inexistentes, plazos exagerados y una enorme incertidumbre. Lo mismo le ha pasado a la comunidad LGBTI. La corte le dio dos años al Congreso para reglamentar el matrimonio, y como este no lo hizo ahora tienen una figura que pocos entienden: el ‘contrato innominado’. Y se anticipa que sucederá lo mismo con la norma que permite a los transexuales cambiarse de sexo en una notaría. Aún no se ha secado la tinta de ese decreto y ya se han anunciado varias demandas. Como le escribió a Matador uno de sus seguidores en Twitter: “En Colombia legislamos como Suecia, pero ejecutamos como el Congo”.

El problema está en que la indefinición legal en los detalles produce miedo. Así se lo reconoció a la BBC el médico Juan Carlos Arbeláez, quien estaba en la junta que analizó el caso de don Ovidio. Según él, no sería extraño que los especialistas que avalan la muerte digna terminen acusados por homicidio. “Estamos tratando de blindarnos al máximo”, agregó. Lo mismo señaló el oncólogo Juan Paulo Cardona, quien en un principio le negó al papá de Matador la eutanasia. El galeno aclaró que no estaba en desacuerdo con esta práctica, sino que quería cumplir con todos los requisitos de la ley. “No quiero que me juzguen como un médico sin corazón”, dijo, conmovido.

Paradójicamente, el país ‘del Sagrado Corazón’ sí es uno de los pocos del mundo que no penaliza la muerte asistida. Es tan de avanzada que la sentencia de la Corte Constitucional salió en 1997, el mismo año que se legalizó en Oregon, el estado de Norteamérica, líder en el mundo en esta práctica. En ese país, de hecho, solo otros cuatro estados la permiten. En Europa es completamente legal en Suiza, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. En Canadá acaba de ser aprobado por la Corte Suprema. Colombia lleva casi 20 años practicando el procedimiento de forma privada. El médico Gustavo Quintana asegura que ha realizado más de 200. La novedad es que esta es la primera vez que se hace dentro del sistema de salud.

Como dijo Matador, es una ironía que “en un país donde a uno lo matan por un celular, por ser hincha de un equipo de futbol o por un falso positivo, uno pida una muerte digna y se la nieguen”. Pero como en todos los debates que tocan las fibras más profundas de la condición humana, es imposible encontrar verdades absolutas. Hay quienes dicen que la muerte es la instancia más democrática que existe porque a todos les toca. Pero aun así, nadie se acostumbra a que llegue y por eso los debates que giran alrededor de esta son tan complejos. “La eutanasia no es aplicar penicilina. Es un procedimiento novedoso que consiste en terminar la vida de una persona. La sociedad no está acostumbrada a verla ni a hacerla y todos tenemos que aprender a entender ese concepto”, explica Juan Mendoza Vega, presidente de la Academia Nacional de Medicina.

Muchos de los que están en contra, según señala The Economist, tienen un argumento “absolutamente moral. Terminar deliberadamente la vida de un ser humano está mal, porque la vida es sagrada y la resistencia al sufrimiento le confiere su propia dignidad”. Agrega que para otros, más allá de los aspectos religiosos, la eutanasia es peligrosa pues puede abrir una puerta para que los sistemas de salud se rindan ante los altísimos costos de las enfermedades complejas.

Quienes creen que la posibilidad de elegir morir debe ser tan respetable como la de continuar viviendo, entienden que la libertad y la autonomía de los seres humanos son la principal fuente de la dignidad. La eutanasia simboliza el máximo respeto que puede tener el Estado por las decisiones de los individuos. Además, para muchos la prolongación de la vida a toda costa por métodos artificiales es una visión equivocada de los fines de la medicina. Los profesionales de la salud le llaman a esto “encarnizamiento” que no es más que mantener vivo a un ser humano, incluso cuando el sufrimiento no le permite realmente estar viviendo.

Hay muchos ejemplos del sin sentido de obligar a alguien a padecer lo insoportable. Brittany Maynard, la joven estadounidense que anunció su muerte pues padecía de un cáncer cerebral, le dijo a su pareja “hubiera podido vivir dos meses más pero eso no sería vivir, sería sufrir”. Lo mismo expresó hace unas semanas el físico Stephen Hawking, quien reconoció que no descartaba el suicidio asistido cuando se convierta en una carga para su familia pues “mantener con vida a alguien en contra de su voluntad simplemente es una indignidad”. Como dijo la corte en su sentencia hace casi 20 años “quien vive como obligatoria una conducta, en función de sus creencias religiosas o morales, no puede pretender que ella se haga coercitivamente exigible a todos; solo que a él se le permita vivir su vida moral plena y actuar en función de ella sin interferencias”.

Según The Economist, los países del mundo en el que esta práctica se ha realizado desde hace décadas despejan muchos de los temores que existen alrededor de sus riesgos. Suiza, fue el primero en hacerlo en 1942. A la fecha, el suicidio asistido apenas representa el 1 por ciento del total de las muertes, mientras que las cifras de quienes se quitan la vida por otros medios duplican o triplican esa realidad. Eso, sin contar con que la confederación es el único lugar del planeta que permite que los extranjeros viajen allí solo para morir. Los Países Bajos, otro Estado líder en esa práctica, tienen la tasa más alta del mundo, la eutanasia representa el 3 por ciento, del total de los decesos pero se cree que era el 2 por ciento antes de legalizar la práctica y que la reglamentación solo hizo que los holandeses acudieran a los centros médicos con mayor libertad. El 90 por ciento de quienes han ido son pacientes que sufren de cáncer. En Estados Unidos pasa algo similar. Desde que fue aceptado en Oregon, hace 20 años, 1.327 personas se la han practicado sin que exista ningún problema.

En ese contexto, la cancelación de la cita para la eutanasia de don Ovidio le pudo causar un gran dolor a él y a su familia, pero en últimas le hizo un enorme bien al país. “Esta semana se dieron grandes avances. Al volverse público, la sociedad pudo ver con transparencia el proceso con sus fallas y sus bondades”, explica Carmenza Ochoa, directora de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Por otro lado, también envió un mensaje a los funcionarios que temen cumplir con las sentencias que han reconocido libertades. Como dice Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado, “el hecho de que se haya realizado la eutanasia muestra que por fortuna las decisiones de la Corte Constitucional están por encima del procurador”.

Como describió el periódico El País de España, el caso de Ovidio Gonzalez terminó teniendo “un triste final feliz”.