Eutanasia y la deuda pendiente: entre la religión y la Constitución

Martha Sepúlveda, la mujer de 51 años con una enfermedad degenerativa y que tenía planeado fenecer el 10 de octubre, inició una batalla jurídica para poder cumplir con su voluntad: morir dignamente y practicarse la eutanasia. Sepúlveda iba a ser la primera persona en Colombia que, sin sufrir una enfermedad en estado terminal, practicaría el procedimiento, pero la IPS Incodol lo frenó a pocas horas de adelantarlo.

Su historia revivió el debate por la falta de reglamentación alrededor de la eutanasia que está despenalizada desde 1997, convirtiendo a Colombia en el único país de América Latina que adelanta este procedimiento a pacientes no terminales. Sin embargo, ha sido un camino espinoso, pues, desde aquella sentencia del entonces magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria, se habla de una legislación para reglamentar la práctica y no ha sido posible.

La primera regulación se hizo en 2015, después del llamado de atención de la Corte que dio 30 días al Ministerio de Salud para regular el derecho a la muerte digna. Seis años después, en julio de este año, esa cartera expidió otra regulación. La novedad de la Resolución 971 es que la eutanasia no se limita a personas con enfermedades en estado terminal, sino también a otras que son incurables y avanzadas. Con base en ello, Martha Sepúlveda tomó la decisión de dejar de sufrir y frenar el crecimiento de su enfermedad.

A pesar de que existan esas resoluciones, hay un vacío jurídico, porque no hay reglas claras y se habla de requisitos, como si fuera un trámite bancario, para solicitar la eutanasia. En 25 años, el Congreso ha evadido su responsabilidad para legislar sobre la materia y no existe una ley estatutaria que regule y defina el derecho fundamental a morir dignamente. “Muchos congresistas tienen votos en sectores religiosos y temen perderlos ante una posición en favor de la eutanasia”, dijo el exmagistrado Jaime Arrubla, quien afirmó que la Corte ha tenido que velar por los derechos de la ciudadanía ante la negligencia del Legislativo.

Arrubla no es ajeno a este tema. En 1997 cuando la Corte despenalizó la eutanasia, Consuelo Devis Saavedra, su esposa, tuvo un accidente que la dejó 14 años en coma. En noviembre de 2011, la familia tomó la decisión de desconectarla e impulsaron la Ley Consuelo Devis, que reguló los cuidados paliativos suministrados a pacientes terminales. Arrubla dio una dura pelea porque el expresidente Juan Manuel Santos objetó esta ley, pero la Corte Constitucional avaló la norma, que está en vigencia. “Los casos como el de la señora Sepúlveda demuestran a la sociedad la necesidad de una regulación. Es una cuestión de humanidad, y se debe respetar a quien tome la decisión”.

Sin duda, la Iglesia católica juega un papel fundamental en esta polémica. Su postura siempre ha sido la de un no rotundo, y la discusión de índole religiosa llegó al Legislativo. El constitucionalista Juan Manuel Charry cree que el Congreso no tendrá la capacidad de regular la eutanasia, y, por ello, los Gobiernos serían los encargados de incluir el tema en su agenda legislativa. “Estos temas no son electorales, son civiles, y esa es la diferencia que no hace el Congreso”, dijo Charry.

Otro punto polémico en el debate es que, según sectores políticos, la Corte está usurpando las funciones del Congreso; pero allí se han tramitado una veintena de proyectos para regularla y ninguno sale adelante. El senador Armando Benedetti empezó el trámite de estas iniciativas, aunque desistió ante el poco interés de sus colegas en avanzar. En las tres últimas legislaturas, el liberal Juan Fernando Reyes asumió esas banderas y ha sufrido dos derrotas. Actualmente, se encuentra en segundo debate un proyecto para legislar sobre el tema y espera que la tercera sea la vencida.

Sin embargo, Charry cree que no se puede culpar a la Corte por las omisiones del Congreso, ya que “está modulando fallos y por esa vía ha generado la sustitución del legislador. Esa vía no es obligatoria, porque la Corte la eligió”. No hay duda de que el Legislativo le ha fallado al país, y han primado los intereses electorales de los congresistas de turno. Mientras este debate continúa, Martha Sepúlveda ha dicho que su “voluntad de acceder a la eutanasia se mantiene”, pues un juzgado de Medellín resolvió una tutela y le ordenó a la IPS realizar el procedimiento. Aún no se conocen detalles sobre el día y la hora en la que se cumplirá la voluntad de esta mujer.