Judicial

Exalcalde de Popayán, uno de los principales socios de Mario Castaño, a juicio por entrega irregular de contratos

César Cristian Gómez Castro habría recibido una donación de 1.500 millones de pesos de la organización para su actual campaña a la Cámara de Representantes.

11 de marzo de 2022
Ahora su mayor reto será demostrarle a la justicia que las actuaciones en torno al manejo de los dineros públicos de Popayán, no fueron irregulares y que de esos contratos nunca se desvió un peso.

En el desarrollo de la imputación de cargos contra nueve personas relacionadas con el grupo criminal organizado que lideraría el senador liberal Mario Castaño se hizo énfasis en cómo se “cuadraba” la entrega de millonarios contratos de infraestructura en diferentes regiones del país.

En la extensa imputación hecha por la fiscal de la unidad anticorrupción se puso de presente la manera en que en la ciudad de Popayán se entregaron millonarios contratos de manera directa, vulnerando los principios de trasparencia y legalidad que exige la ley. Estos hechos se habrían presentado durante al alcaldía de César Cristian Gómez Castro (2016-2019), quien hoy es candidato a la Cámara de Representantes y fórmula del cuestionado senador Castaño.

En una interceptación telefónica, conocida en exclusiva por SEMANA, se le escucha al senador Mario Castaño hablar con Juan Carlos Martínez Escobar, uno de sus principales asesores, para cuadrar la entrega de 1.500 millones de pesos para Gómez Castro, candidato a la Cámara. Esto teniendo en cuenta la relación de cercanía que tenía su asesor con la familia del exmandatario.

Gómez Castro fue capturado en enero de 2019 en el marco de una investigación por la entrega irregular de un contrato por un valor cercano a los cuatro mil millones de pesos que tercerizó los servicios del tránsito en el municipio. Sin embargo, pese al monto del mismo se le exigía que lo realizara mediante licitación pública, jamás tuvo la intención de convocarla. Pese a que un mes después fue dejado en libertad, el alcalde -suspendido en la recta final de su mandato por tres meses por la Procuraduría General por participar indebidamente en política- siguió vinculado a la investigación.

Tres años después, la Fiscalía General lo llamó a juicio por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En el documento, conocido en exclusiva por SEMANA, se hace referencia.

“Los señores César Cristian Gómez Castro y Roberto José Díaz López lesionaron sin justa causa el bien jurídico de la administración pública”. La Fiscalía General resaltó que debido a su formación académica sabían que su conducta era ilegal y pese a eso siguieron haciéndolo. “Al momento de interesarse, tramitar y celebrar un contrato tenían la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta y capacidad para determinarse de acuerdo a esa comprensión”.

El cuestionado contrato fue firmado en marzo de 2017 por César Cristian Gómez Castro, alcalde de Popayán, y Roberto José Díaz López, secretario de Tránsito y Transporte de la misma ciudad. En esa oportunidad, le pidieron al Concejo autorizar una concesión para entregarle el convenio a la empresa EMTEL SA ESP para la modernización y optimización de los servicios administrativos de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Popayán “a través de una solución integral de tecnología, información, comunicaciones y operación de TIC”.

Como agravante se citó que se estableció que EMTEL tendía un porcentaje del 50 % del valor del recaudo que se hace por concepto de multas de tránsito. “Esta situación viola lo dispuesto en los artículos 17 y 19 del Acuerdo Municipal 088 de 1988 referentes al Fondo Rotatorio de Seguridad Vial del Municipio de Popayán”.

En la investigación se señaló que, pese a lo que habían advertido los funcionarios, la empresa no contaba con la experiencia ni con la capacidad financiera. Tres meses después de la firma del contrato se registró la tercerización del contrato con la empresa QUPUX S.A. para que lo ejecutara, lo que representó otra irregularidad.

“Debe tenerse en cuenta también que con el contrato de alianza de colaboración empresarial celebrado entre EMTEL S.A. E.S.P y QUPUX S.A, se afectó también el fondo rotatorio de seguridad vial creado mediante el acuerdo número 08 de 1998, ya que la mayor parte de dichos ingresos que conforman ese fondo, no irán a las arcas del municipio, como quiera que parte de ellos, en una proporción considerable los recibirá el contratista QUPUX S.A.S. y otra EMTEL. Siendo víctima de las anteriores conductas el municipio de Popayán”.

Próximamente se fijará la fecha en la que se presentará el escrito de acusación contra el exmandatario y el exsecretario de Tránsito de Popayán.