Exceso de injusticia: Agente de tránsito pagará 8 años por 50.000 pesos

Al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales lo condenaron a cinco años de cárcel porque recibió un soborno de 6,5 millones de dólares para favorecer un contrato de Odebrecht. Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, recibió cuatro años de prisión tras confesar haber participado en el llamado cartel de la toga, en el que les pedían multimillonarias cifras a los investigados a cambio de archivar sus procesos, en uno de los escándalos más graves en la historia de la justicia.

En contraste, la Corte Suprema acaba de notificar a José Fredy Díaz Camayo, un policía de carreteras que recibió 50.000 pesos, que debe pagar ocho años de cárcel sin derecho a beneficio alguno.

La desproporción entre la pena que deberá pagar este uniformado con varios de los protagonistas de los más escandalosos en la historia reciente del país desencadenó una fuerte controversia en la máxima institución de la justicia en el país. Y, de paso, una polémica pública, pues no es fácil que la ciudadanía entienda tanta asimetría al aplicar las leyes.

Mientras a algunos de los delincuentes más grandes del país les abren la cerradura de la celda en cuestión de meses por negociaciones con la justicia, este agente de tránsito intentó hasta último momento demostrar su inocencia. La pesadilla de Díaz comenzó el 26 de julio de 2012, cuando inmovilizó un bus de transporte público, adscrito a la empresa Coomotor, que acababa de arrollar a un transeúnte cerca al peaje Patá, en la vía que de Neiva conduce a Bogotá. El vehículo quedó inmovilizado, por lo que después el conductor y el policía se encontraron en los patios Las Ceibas para adelantar el peritaje que permitiría hacer la entrega provisional del vehículo, una práctica inusual pero usada en las regiones.

Según el conductor, el agente le pidió 100.000 pesos para agilizar el peritaje, de los cuales entregó 50.000 que tenía en el bolsillo. Según el agente de tránsito, el ciudadano le entregó un billete como parte de una trampa en venganza por haberle quitado el carro. Esta escena no tuvo testigos ni cámaras de seguridad, solo la palabra del uno contra el otro.

En todo caso, al agente de tránsito lo retiraron del servicio de inmediato y lo procesaron penalmente. En primera instancia, un juez lo absolvió, y en segunda, el Tribunal Superior de Neiva lo encontró responsable de abusar de su cargo y sus funciones. El uniformado apeló y durante los últimos ocho años estuvo en libertad mientras el caso llegaba a la Sala de Casación Penal de la Corte, que acaba de dejar en firme la condena.

La discusión en ese alto tribunal no fue fácil por dos razones: 1) porque procesalmente hubo vacíos graves, el más notorio, que las evidencias dejaban dudas razonables sobre quién tuvo la iniciativa de dar o exigir el dinero y 2) porque este es probablemente uno de los casos en los que más se siente el desequilibrio del sistema penal colombiano.

Al final el policía perdió. Ganaron las posturas de los magistrados, que señalan que en cuanto el jefe de rodamientos de Coomotor llamó al agente para que hiciera el peritaje del vehículo, este dejó su turno abandonado, acudió a los patios de inmediato y realizó el procedimiento sin orden judicial. Esto, a sabiendas de que el bus estaba inmovilizado por atropellamiento y lesiones del peatón. Ambas actuaciones, dice la Corte, no tienen otra explicación diferente al afán de hacerse al dinero que finalmente exigió.

Pero de la discusión trascendental solo se conoce un salvamento de voto, que reclama del Congreso leyes que regulen estos reprochables comportamientos de la autoridad, pero con mesura y proporción. “Una pena privativa de la libertad, no puedo dejar de advertirlo, que guarda una desproporción con la conducta y que deriva del aumento indiscriminado de las penas de prisión al que el legislador acude con frecuencia, sin mucho cálculo, a través de normas cerradas que le impiden al juez, en ciertos casos de menor gravedad o impacto del delito, la posibilidad de imponer una pena privativa de la libertad menos drástica o conceder subrogados penales”, dice el magistrado Luis Antonio Hernández.

El lío es que para la ley es igual 50.000 pesos que tres billones. “Al calcular el daño al bien jurídico hay una violación al principio de proporcionalidad que debería regularse por el Legislativo”, recalcó el penalista Pedro Aguilar. El abogado Francisco Bernate, por su parte, considera que esa sentencia es lo que corresponde según el Estado actual de las cosas.

Castigo ejemplarizante o no, el agente de carreteras tendrá que ir a la cárcel por 50.000 pesos, mientras que algunos, como el exviceministro García Morales, entre otros de los llamados delincuentes de cuello blanco, están cómodamente en su casa.