Exclusivo: CIDH pide información al Gobierno de Colombia por destitución de Daniel Quintero

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos empezó en forma el estudio de la solicitud de medidas cautelares que presentó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de que fuera suspendido, por un período de tres meses, por parte de la Procuraduría. La carta dirigida a la canciller Marta Lucía Ramírez pregunta, entre otras cosas, por “información actualizada respecto al estado procesal tanto de la indagación disciplinaria como de la acción de tutela interpuesta a favor del propuesto beneficiario”.

“La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene el honor de dirigirse a la Misión Permanente de la República de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos, con el objetivo de transmitir copia de una nota dirigida al Ministerio de Relaciones Internacionales de su ilustre gobierno relativa a la sociedad de información MC-359-22 (Daniel Quintero Calle)”, precisó el documento.

Igualmente, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH le pidió a la Misión Permanente de Colombia “el testimonio de su más alta y distinguida consideración” en el caso materia de análisis. El suspendido alcalde de Medellín pidió medidas cautelares ante el organismo internacional para proteger sus derechos fundamentales (vida, integridad y familia), así como los políticos “que se encontrarían en riesgo”.

La CIDH le pidió a la canciller Marta Lucía Ramírez que emita “sus observaciones” sobre las medidas cautelares solicitadas por la defensa de Quintero Calle, así como “precisar detalles sobre las acciones adoptadas en torno a la medida de suspensión aplicada” al mandatario de la capital antioqueña.

Igualmente, le pide “aportar información actualizada respecto del estado procesal tanto de la indagación disciplinaria ante la Procuraduría; y el estado de la acción de tutela interpuesta a favor del propuesto beneficiario, aportando el soporte documental correspondiente y el marco normativo interno aplicable, así como los recursos disponibles”.

En la petición radicada por Quintero Calle ante la CIDH el pasado 25 de mayo pidió que se declarara la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la violación de sus derechos fundamentales y políticos, señalando que la decisión emitida por la Procuraduría General en su contra no es “de una autoridad judicial penal independiente e imparcial”.

Igualmente, que se le ordene al Estado colombiano “cesar en las violaciones y ofrecer garantías de no repetición que incluyan las modificaciones legislativas que correspondan de conformidad con el artículo 2 de la Convención Americana”, advirtiendo que la Procuraduría no cuenta con las facultades para tomar este tipo de decisiones

La defensa de Quintero pidió que se tomen todas las medidas para “evitar la destitución definitiva” de la Alcaldía y “mantener activo el esquema de protección para asegurar su vida” en el desarrollo del proceso que se le adelanta.

“En relación con el derecho a la vida y a la integridad personal de Quintero Calle y su familia, se pide al Estado colombiano que dote a las víctimas mencionadas en esta denuncia (su núcleo familiar) de la protección que corresponda para evitar un daño irreparable de estos derechos”, precisa el documento.

Quintero Calle fue suspendido de su cargo el 10 de mayo en el marco de la investigación disciplinaria que se le adelanta por presunta participación en política. Esto después de la publicación en redes sociales de un video de seis segundos en el que el mandatario se subía a un carro y decía ‘el cambio es en primera’ mientras tocaba la caja de tracción.

Para la Procuraduría General esto representa una alusión directa a una de las frases que utilizó la campaña presidencial del candidato Gustavo Petro.