Exclusivo | Contralor en funciones anuncia que en 2024 se determinarán responsabilidades por pérdida de recursos en los Ocad Paz

En entrevista con SEMANA, el vicecontralor en funciones de contralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, hizo un balance de su gestión y anunció acerca de las principales actuaciones que adelanta el órgano de control y cuyos resultados se conocerán en el año que comienza.

SEMANA: Termina un año en el que se vio enfrentado a asumir repentinamente el rumbo de una entidad tan importante para el país como lo es la Contraloría General de la República. ¿Cuál es su balance?

Carlos Mario Zuluaga (C. Z.): Positivo el balance de la Contraloría de este año. Hemos recaudado o recuperado más de 700 mil millones de pesos que estaban abandonados en elefantes blancos, obras críticas, proyectos inconclusos.

Hemos recaudado más de 454 mil millones de pesos vía cobro coactivo que permite que los colombianos tengan más recursos disponibles para la inversión de los proyectos; hemos abierto más de 6 billones de pesos de procesos de responsabilidad fiscal que hoy todos tienen medidas cautelares gracias a la decisión que tomamos de hacer efectivos los embargos a cuentas y a bienes para cuando fallemos los procesos de responsabilidad fiscal tengamos que recuperar.

Hemos logrado durante este año también en el cierre de la auditoría del primer semestre más de 1,2 billones de pesos en hallazgos de responsabilidad fiscal; hemos visitado 32 departamentos de Colombia, conversado con los veedores, hemos logrado tener un acercamiento directo con la ciudadanía, atendiendo las más de 27 mil solicitudes y quejas y denuncias que llegan al órgano de control, de manera que este es un balance importante porque nos da la posibilidad de conectarnos con los territorios, de tener resultados y de recuperar recursos.

SEMANA: Hablando de elefantes blancos, ¿cuáles son esas obras que más le preocupan, a la Contraloría, que se podría decir que están embolatadas?

C. Z.: Tenemos una preocupación importante por el proyecto del canal del Dique. Es una inversión de más de 2 billones de pesos que hoy tiene dos temas que le están haciendo ruido en el sentido de que puede perturbar su cronograma de ejecución. La primera es la aparición de la necesidad de tener licencia ambiental en un proyecto que cuando se licitó no lo tenía y, lo segundo, es la decisión de la JEP para que se indague de manera cuidadosa en la intervención de las obras todos los hechos asociados a víctimas que pueden estar en esa zona. Entonces, ese es un proyecto que nos preocupa.

Nos preocupa también la vía Mulaló-Loboguerrero porque es un proyecto que sigue teniendo dificultades para el cierre financiero, para la ejecución. Nos preocupa también la no demolición del antiguo puente Pumarejo en el departamento del Atlántico y nos preocupan los más de 14 billones de pesos que están todavía convertidos en elefantes blancos y obras críticas y proyectos inconclusos en todo el país.

SEMANA: Hablemos de transición energética. La Contraloría incluso había advertido de los riesgos de un apagón. ¿En qué va ese tema?

C. Z.: Le hicimos llegar al señor presidente un informe que contiene un listado de muchos proyectos que se encuentran en etapa final para que sean conectados al Sistema Energético Nacional o al Sistema Interconectado Nacional.

Son proyectos que pueden estar aportando 3.000 megas de energía que seguramente le pueden servir al país para dos cosas importantes: la primera de ellas, para hacer que haya más energía disponible en la bolsa. ¿Qué significa esto? Que si tenemos más energía en la bolsa, cuando se subaste el precio de la energía por parte de XM a los comercializadores, el precio de la energía va a ser menor.

Lo segundo es que si se agudiza alguna de las variables del Fenómeno de El Niño en el segundo semestre y llueve menos de lo que tenemos pensado, nuestra matriz energética depende del 65 % del agua, de las lluvias. Si eso llega a agudizarse y tenemos ya estos proyectos conectados, probablemente vamos a tener menos riesgos en la disponibilidad de energía que pueda soportar las necesidades o las demandas que el sector tenga.

Pero aquí hay otro problema más serio y es a mediano plazo, y es que Colombia tiene que prepararse para producir la energía que cada año crece con la demanda nacional. Nosotros cada año tenemos un incremento del 7 % de la energía y no vemos ningún proyecto nuevo –grande– andando y el país tiene que tener en cuenta que en 10 años vamos a tener la necesidad del 70 % de la energía que producimos hoy. Es decir, que vamos a necesitar otro Hidroituango, otros embalses. ¿Dónde están? ¿Dónde están las nuevas licitaciones o convocatorias para proyectos de inversión de energía alternativa?

SEMANA: ¿Y usted cree que el presidente vaya a a aceptar esas recomendaciones? ¿Qué falta para que se pongan en marcha estos proyectos?

C. Z.: El Gobierno tiene que buscar un mecanismo transitorio especial que regule la conectividad de estos proyectos al sistema energético.

SEMANA: ¿Qué opina de la posibilidad de que Colombia le compre en un futuro gas a Venezuela?

C. Z.: Esas relaciones de dependencia energética de otras naciones no deberían ser un asunto que esté en la agenda de Colombia cuando nosotros deberíamos pensar en garantizar la autosuficiencia energética y no seguir produciendo más licencias de explotación, por ejemplo, a las más de 2.100 que están hoy en etapa de exploración. Es riesgoso.

Una transición energética puede hacer varios análisis. Nosotros no hemos hecho una concentración en uno de ellos y es todo lo que tiene que ver con exploración y explotación de hidrocarburos que generan anualmente más de 83 billones de pesos a la economía del país. No se puede de tajo decir que no va a haber más exploración y explotación porque quizás hoy no vemos el impacto en estos tres años de cuánto se reduce la regalía, pero si uno ve inestabilidad en el sector, inestabilidad jurídica, no hay más explotación o peor, no se da más licencia para explorar. Estamos hablando de que esos 83 billones en los próximos 10 años, 11 años, 12 años, se empiezan a reducir considerablemente a 10, a 5 billones o a cero.

SEMANA: ¿Qué pasa si no se firman más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos?

C. Z.: Esto desestimula la inversión privada, se puede anticipar la liquidación de los contratos de los que hoy le pagan regalías al país.

Entonces cuando la Contraloría habla de que la transición energética debe ser responsable, medida y justa, nos referimos a que tiene que tener el país claro cómo va a reemplazar en el Presupuesto General de la Nación esos 83 billones de pesos que cada año le aporta la exploración y explotación de hidrocarburos.

Ahora, en la transición energética hay otras aristas. Si vamos a cambiar los carros eléctricos, si vamos a utilizar otros electrodomésticos, si vamos a reemplazar la ganadería. Todo lo que quieran hablar para disminuir el efecto de la intervención, del extractivismo o de cualquier otra actividad o la producción de CO₂.

Todas esas variables que queremos meter en el concepto de la transición energética tienen que tener en cuenta el impacto ambiental, pero también el impacto económico y el impacto social de empleos, porque no se puede hablar de tajo, de cambiar de un modelo a otro sin que exista claramente un plan integral y unos recursos que soporten cómo se va a ejecutar.

SEMANA: La Contraloría también ha estado al tanto del tema de la salud y la deuda del Gobierno con las EPS...

C. Z.: Nosotros hicimos una reunión que tuvo tres resultados importantes. El primero de ellos es que las EPS se comprometieron a anunciar a los colombianos que no interrumpirían la prestación del servicio de salud ni el suministro de medicamentos a los pacientes y a los usuarios del servicio de salud en toda Colombia. Ese es un logro importante porque eso es sacar del debate a la reforma las posibles amenazas que empezaban a aparecer como la de Cruz Verde, que por insuficiencia de recursos o por falta de pago iban a afectar la prestación del servicio y del derecho a la salud de los colombianos.

Es una primera conclusión importante que ya evita que cualquiera otra pueda empezar a hablar de suspensión sobre la premisa que el Estado, el Gobierno colombiano a través de la Adres, sí ha girado los recursos correspondientes a la UPC del año 2023.

Otra cosa distinta es que el país tenga que discutir si es necesario o no que el cálculo actuarial con el que se determine el valor de la UPC tenga que incorporarle otras variables porque la plata de la salud no alcanza. Pero esa no es la discusión de hoy, la discusión de si falta más plata para la salud ha sido desde que tenemos la Ley 100. Cada año los gobiernos incrementan progresivamente el precio de la UPC con el ánimo de oxigenar el comportamiento que tiene el sector y la demanda ocurrente que se genera desde las IPS hacia arriba en la solicitud de prestaciones de servicio médico.

Lo segundo que concluimos en esta reunión, que es muy importante para los colombianos para cierre de año contarles, es que la Contraloría sí va a hacer una depuración de las cifras y ya lo estamos terminando. Vamos a publicar el informe con el objeto de poder determinar los estados de la cartera. Pero esto no es para hacer responsabilidades ni señalamientos, sino justamente para que el país pueda discutir con mayor profundidad ese espacio del valor de cómo, cuánto debe costar financiar la salud.

SEMANA: ¿Cuáles son esas cifras de la deuda en el sector de la salud?

C. Z.: Hay que aclarar que nosotros ni glosamos cuentas ni auditamos cuentas de las IPS, que son las que realmente soportan toda la demanda que hay en el país del sector.

Aquí lo que nosotros estamos validando es si los modelos de contabilización de deuda o de reporte de cuentas por cobrar de los actores que están involucrados en el sistema de salud de las IPS, de las EPS y de la Adres, que es la que paga, tienen el cumplimiento de los requisitos y de los protocolos que se establecieron y sobre la base de ese cumplimiento, hacer unas conclusiones de los valores que quizás puedan ser coincidentes con las que dice hoy el sector.

Las IPS dicen que las EPS le deben 30 billones de pesos y las EPS han reconocido como deuda solo 15 billones, pero pueda (que sea así) porque están glosadas o faltan por auditar. Y la Superintendencia de Salud habla de una deuda reconocida del sector de 9,8 billones de pesos.

SEMANA: ¿Está en crisis el sector de la salud?

C. Z.: La Contraloría responde que sí se necesitan más recursos para la salud, por lo tanto, garantizar el derecho a la salud de los colombianos, o independientemente de quién administra la plata, si la Adres o las EPS, es que se necesita más dinero. Pero también la Contraloría ha dicho, y esto no puede dejar de no aparecer, que los recursos de salud tienen que utilizarse con más eficiencia, porque también han sido durante mucho tiempo malgastados algunos recursos y malversados por algunas EPS y ya la Contraloría en muchos fallos lo ha demostrado. Pago de nóminas, pago de sanciones, de interés en moratorio.

Lo más grave, que en algunos casos se han demostrado, como en SaludCoop, por ejemplo, como hay pagos o uso de los recursos de la salud para financiar infraestructura privada de las EPS.

SEMANA: ¿Qué resultados vendrán importantes vendrán para 2024 de las investigaciones que hoy adelanta la Contraloría?

C. Z.: Nosotros incorporamos en el Plan Nacional de Vigilancia Fiscal del año 2023 un hecho que es novedoso y es la valoración de las actuaciones precontractuales y de aprobación que tuvieron los Ocad-Paz porque es necesario revisar las responsabilidades disciplinarias o penales y fiscales que tuvieron muchos proyectos que hoy ya la Contraloría determinó como siniestrados y que se financiaron con recursos de Ocad-Paz.

Esa es una línea fuerte porque eso cambia por completo el nivel de profundidad con lo que se ha revisado Ocad-Paz porque es que aquí encontramos muchos proyectos que fracasaron porque estuvieron mal estructurados, porque se aprobaron mal. ¿Quiénes participaron en esa aprobación? ¿Quiénes dieron visto bueno? ¿Qué responsabilidades tienen? Ese el paso que viene ahora.