Exclusivo: Decreto confirma “revolcón” en la Justicia Penal Militar

El cambio fundamental en el decreto que fija la nueva estructura de la Justicia Penal Militar está en la independencia judicial que espera darle el Gobierno Nacional, un reclamo que desde hace décadas pedían varios sectores políticos y jurídicos en el país.

Se trata del decreto 312 de 2021, que estaba engavetado hace 10 años, pensado, diseñado y estructurado durante el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, pero que solo con la llegada, hace nueve meses como director de la Justicia Penal Militar, del exfiscal encargado Fabio Espitia, se hace realidad.

El decreto que firmó el presidente seguramente levantará una álgida polémica, pues se trata nada menos que de un cambio profundo en el juzgamiento de militares. La intención es tener una justicia independiente y eficaz, lo que se puede leer como la intención de poner en cintura a los militares ante los escándalos que se presentan como los seguimientos ilegales, corrupción y posibles errores en operaciones militares.

El objetivo, según el actual director de esa jurisdicción, Fabio Espitia, es poner en marcha lo que hace 10 años se fijó en ese decreto y avanzar en la modernización de la Justicia Penal Militar, que en sus palabras tenía un atraso de 50 años, “los registros y datos se llevaban en libros, no existe una sistematización, se pierden los libros, se pierden los datos”, le dijo el director de la justicia penal militar a SEMANA.

La nueva estructura que propone este decreto incluye la creación de la Unidad Administrativa de la Justicia Penal Militar, con autonomía presupuestal y le entrega la posibilidad de desprenderse del Ministerio de Defensa con independencia judicial del Gobierno, como una rama más del poder público con fiscales, jueces y magistrados.

La Justicia Penal Militar dejará de funcionar como hasta ahora. La implementación, que se espera, empiece a funcionar el próximo año, de acuerdo al avance de los cambios, llevará esta jurisdicción al sistema penal acusatorio que conocemos en la actualidad. Habrá jueces de control de garantías, recepción de denuncias, imputación de cargos y juicios orales y públicos.

Según explicó Espitia a SEMANA, la Justicia Penal Militar tendrá un nuevo consejo directivo, que además de los miembros de esta jurisdicción, lo integrará el ministro de Justicia y el presidente de la Corte Suprema de Justicia; otro punto a favor de la independencia que se rogaba en procesos o investigaciones que se adelantan contra miembros de la fuerza pública, en razón y por ocasión de sus funciones.

Además de la creación de la Unidad Administrativa, que de manera gradual sumará una planta de personal de hasta 150 funcionarios, el decreto también establece la estructura de lo que podría llamarse la judicatura penal militar, compuesta por los jueces y magistrados que se esperan centralizar en las principales ciudades del país y que en Bogotá funcionará en el Cantón de Puente Aranda.

El otro escenario, de gran importancia, es la creación de la Fiscalía Penal Militar. Un fiscal que será elegido por el presidente de la república, por un periodo de cuatro años y a través de una convocatoria pública. Será este el responsable de diseñar las estrategias de investigación y coordinar el resto de fiscales que estarán a cargo de los procesos.

“La ley 1765 señala que puede ser militar, policía o de los actuales magistrados militares, pero debe contar con 8 años de experiencia en asuntos relacionados con la función en justicia penal militar, incluso puede ser activo o retirado”, explicó Espitia, actual director ejecutivo de esa jurisdicción.

Este miércoles el presidente de la República posicionará a Fabio Espitia como el director de la Unidad Administrativa de la Justicia Penal Militar y se espera que en un mínimo de dos años la nueva jurisdicción esté en marcha.