Exclusivo: demanda de divorcio revela información que pondría entre las cuerdas al exgobernador Salvador Arana, condenado por parapolítica; piden su expulsión de la JEP

A finales de mayo de 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó la libertad transitoria, condicionada y anticipada del exgobernador de Sucre Salvador Arana Sus, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia debido a sus vínculos con organizaciones al margen de la ley. Desde entonces, el exmandatario salió de prisión y goza de su libertad en Barranquilla, pero debe seguir compareciendo ante la justicia transicional, entregando información precisa y detallada sobre los hechos registrados entre 1996 y 2006 en la región Caribe, principalmente en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre.

La JEP consideró que Arana ha aportado a la verdad, entregando declaraciones sobre nexos de políticos colombianos con grupos paramilitares, incluido sus acercamientos con militantes insurgentes.

Sin embargo, para Ketty Martínez Paternina la decisión constituye una “burla” a la justicia. Ella ha criticado los testimonios revelados por Salvador Arana ante la JEP y ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el compareciente niega y oculta información relevante. Además, asegura que no se ha comprometido con la reparación material de sus víctimas y del paramilitarismo.

Martínez Paternina es hija de la fiscal Yolanda Paternina Negrete, asesinada el 29 de agosto de 2001 en Sincelejo mientras avanzaba en las investigaciones para esclarecer la masacre de El Chengue, perpetrada por paramilitares y en la que fueron asesinados 27 campesinos.

Ketty fue reconocida como víctima en la JEP y reveló que sostuvo una conversación con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en donde le habría confesado que Arana Sus tuvo implicaciones en el homicidio de su madre.

Pues bien, SEMANA conoció en exclusiva un oficio enviado por Ketty Martínez a la JEP, solicitando textualmente la expulsión del exgobernador Arana de la Justicia Transicional de Paz porque " no tuvo disposición de aportar verdad plena, exhaustiva y detallada, además ha creado barreras que han conllevado a lo no reparación material de sus víctimas y del paramilitarismo”.

La solicitud tiene como sustento una demanda de divorcio presentada por la señora Samia Yalima Isaac Tatis, esposa de Salvador Arana. Resulta que en medio de ese proceso de divorcio quedaron al descubierto ciertos elementos claves que la JEP deberá tener en cuenta para el caso que se surte contra el exgobernador.

Según Ketty, el material probatorio revelado por la esposa es suficiente para expulsar al exmandatario de la JEP, toda vez que devela información que, en varias ocasiones, Arana habría negado ante el tribunal.

La reparación a la víctimas

El plan de reparación para su víctimas que Arana Sus mencionó en audiencias consiste, entre otros puntos, en otorgar hectáreas de tierra fértil, de manera que puedan iniciar un proyecto productivo, alegando que, en su condición, no cuenta con recursos económicos.

Sin embargo, en el proceso de divorcio quedaría constatado todo lo contrario. Por ejemplo, de acuerdo con los documentos conocidos por SEMANA, Arana asume todos los gastos de su familia y cuenta con bienes inmuebles que, en teoría, según Ketty Martínez , podrían ser utilizados para el proceso de reparación de víctimas, y a su vez, evidenciaría una “inmensa solidez económica”, contrario a los expuesto en las audiencias.

En la contestación a la demanda de divorcio, se lee que Samia Yalima Isaac “nunca aportó para los gastos del hogar”, por lo que Salvador Arana “asumió el 100% de las obligaciones”.

“El dinero que conseguía era a través de préstamos que le eran otorgados por particulares, con el fin que a su familia nunca le hiciera falta nada a pesar de su situación”, señala la defensa del compareciente.

Pero Ketty Martínez no se explica el porqué Salvador Arana se declaró en “Bancarrota” ante la JEP cuando las pruebas reveladas por su esposa cuestionan lo dicho. En el expediente de divorcio queda al descubierto, por ejemplo, que él habría costeado diferentes viajes al exterior realizados por sus hijos y por su esposa. Así como las pruebas que pondrían en evidencia el pago de varios productos financieros como Falabella, Davivienda y Banco de Bogotá. Además, entre conversaciones, chats de Whatsapps, y otros medios de comunicación también se expone la existencia de supuestos negocios que tendría Arana y la adquisición de bienes inmuebles que aparecen a nombre de Samia Yalima Isaac, pero que habrían sido adquiridos por su esposo. Se trata de dos apartamentos en el norte de Barranquilla y la polémica finca Las Flores, ubicada en el municipio de Sampués, Sucre. Ese predio albergaría una de las fosas comunes más grandes de la región Caribe.

“Para el resorte que le compete a la JEP, estaría saliendo a la luz que el compareciente le estaría mintiendo a la JEP cuando en audiencias ha manifestado que es un hombre de pocos o ningún recurso económico, y al parecer la realidad es otra (...) Todo lo anterior demuestra que la familia del compareciente lleva una vida de lujos y gastos suntuosos, auspiciados por un padre de familia que da muestras de tener un vigoroso músculo económico”, argumenta el oficio dirigido a la JEP.

Según los documentos conocidos por este medio, desde la cárcel Arana habría tenido la posibilidad de realizar transacciones, así como tener el control y manejo de varios de sus inmuebles como el predio de Las Flores.

“Lo que hay que indagar es si el compareciente mientras pedía aceptación en la JEP le fue autorizado por el INPEC la posesión de tener un teléfono en su celda, pues existen pruebas documentales que demostrarían que en efecto el compareciente si tenía en su poder un teléfono estando en su reclusión”, señala el documento enviado por Martínez Paternina.

Otras denuncias

En el expediente de divorcio, la esposa de Salvador Arana asegura que ha sido víctima de maltrato psicológico. Los hechos dan cuenta de un cúmulo de situaciones que describen posibles seguimientos y perfilamientos ilegales, así como posibles interceptaciones de conversaciones que aparentemente son dirigidas en contra de ella. El testimonio revela que Samia Yalima Isaac permanece en zozobra porque siente que hay carros que la siguen y que es espiada por su esposo. Esta situación, al parecer, se estaría registrando desde que Arana estaba recluido en centro carcelario y posterior a su salida.

En atención a lo anterior, Ketty Martínez también solicitó que se le sea revocada la orden de libertad considerando que ese tipo de comportamientos podrían representar “una amenaza a la sociedad”.

Sumado a ello, la defensa de Samia Yalima Isaac solicitó que se interrogue a la señora Karen Álvarez Ricardo, quien fue asignada como abogada de oficio por petición de Arana para que lo representara ante la JEP. El abogado de oficio es una figura que se utiliza cuando la persona no tiene los medios económicos para contratar y pagar un abogado.

De acuerdo con el expediente de divorcio, Álvarez Ricardo habría sostenido un vínculo sentimental con Salvador Arana. Incluso, la defensa asegura que durante su labor como abogada de oficio, habría recibido regalos por parte del exgobernador, entre ellos un supuesto diseño de sonrisa por valor de cinco millones de pesos en mayo de 2022. Bajo estos detalles, se busca esclarecer si el trabajo de Karen Álvarez estuvo amañado o carente de objetividad.

El homicidio del médico anestesiólogo

De igual forma, en el mismo oficio, Martínez Paternina pide que se investigue la presunta relación existente entre Salvador Arana con el homicidio del médico anestesiólogo Luis Alejandro Támara Reyes, asesinado en noviembre del 2009 en Sincelejo cuando un sicario le propinó al menos siete impactos de bala. Luego del crimen, las primeras versiones apuntaban sobre la presunta implicación que habría tenido Arana, pero, según él, no conocía de la existencia de Támara Reyes sino hasta cuando salió de la cárcel que se enteró que el médico anestesiólogo habría sostenido una relación extramatrimonial con Samia Yalima.

Llama la atención que, según Arana, un testigo clave de esa supuesta infidelidad es su propio sobrino Andrés Felipe Díaz Arana.

“También es necesario que la JEP y la Fiscalía General del Nación hagan el análisis exhaustivo en determinar responsabilidades punitivas por parte del sobrino del compareciente y poder constatar si participó en algún tipo de seguimientos o dando información, que permitiera a los autores materiales llevar acabo el asesinato de ese galeno, debido a que el compareciente dentro del proceso de su divorcio pide que citen a su sobrino para que testifique sobre la infidelidad de sus esposa con el médico anestesiólogo, ósea que su sobrino puede tener información valiosa sobre hechos de origen de este repudiable crimen”, manifiesta el escrito.

Martínez Paternina solicitó medidas de protección ante presuntas represalias que se pueden registrar y responsabiliza a Salvador Arana de lo que pueda sucederle contra su integridad.

Abogada Karen Álvarez niega supuesta relación con Arana y presenta denuncia ante la Fiscalía

SEMANA también conoció una denuncia presentada ante la Fiscalía por la abogada Karen Álvarez, relacionada con las supuestas acusaciones lanzadas por la defensa de Samia Isaac, en la que asegura que Álvarez habría tenido una relación sentimental con Arana.

Karen Álvarez habló con SEMANA y aclaró que no tiene ningún vínculo con el exgobernador, más allá de los asuntos labores. En atención a lo anterior, emitió una denuncia contra Samia Isaac por daño al buen nombre.

“No hay ninguna evidencia que lo soporte, pues además no existe, mancillando, afectando, evidenciando de manera grave mi honra, mi buen nombre y sobre todo mi imagen familiar”, aclaró Álvarez en el oficio enviado a la Fiscalía.

Asimismo, este mismo medio recibió un comunicado por parte de Salvador Arana y Samia Isaac Tatis, en el que reconocen la “ligereza” de las acusaciones:

“Si bien es cierto, adelantamos un proceso de separación en un juzgado de Familia de la ciudad de Barranquilla, en el cual en los escritos presentados afloraron afirmaciones y señalamientos producto del dolor que sentimos debido a la situación por la que atravesamos, pues como todas las parejas hemos tenido diferencias, y emociones, es lo cierto que a la fecha hemos decidido conciliar nuestras diferencias por la tranquilad de nuestros hijos y de nosotros mismos. Esto supone, claro está, que muchas de las afirmaciones que hicimos fueron producto de la ligereza y la especulación”, señala el escrito.

El proceso contra Arana

En diciembre de 2009, Arana Sus fue condenado a 40 años de prisión por su responsabilidad directa en el asesinato del alcalde de El Roble (Sucre), Eudaldo Díaz quien públicamente lo acusó en un consejo comunal de tener nexos con las AUC y estar financiándolos con dineros oficiales.

Por estos hechos, la Sala Penal de la Corte Suprema lo condenó por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. En el fallo se determinó que Arana le dio instrucciones precisas al jefe paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, conocido con el alias de Cadena, para que planeara y ejecutara el crimen del mandatario municipal, quien fue secuestrado, torturado y asesinado el 10 de abril de 2003.

Arana Sus cumple además con otra condena de ocho años de prisión por su responsabilidad en el delito de peculado por apropiación a favor de terceros en calidad de coautor. En la decisión, emitida en 2013, se describe que siendo gobernador direccionó recursos públicos para financiar a grupos paramilitares entre los años 2000 y 2001. En total se habrían desviado 478 millones millones de pesos del presupuesto del departamento para financiar a dicho grupo armado ilegal.

Arana Sus fue capturado en la madrugada del 28 de mayo de 2008 por agentes del CTI de la Fiscalía General en su apartamento en Santa Marta. Estuvo cinco años prófugo de la justicia después de la apertura de una investigación de la Corte que truncó su nombramiento como embajador de Colombia en Chile.