Exclusivo | Detalles del revelador informe que militares y policías víctimas de minas antipersona entregarán a la JEP

“Dolor, superación y gloria, historias silenciosas de una guerra no escuchada”, así se titula el documento de 120 páginas que reúne la versión de quienes portando el uniforme fueron víctimas del empleo sistemático de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados, elaborado por la corporación MilVíctimas y que será entregado en las próximas horas a la JEP.

SEMANA conoció, en exclusiva, detalles del informe que, entre otras cosas, insiste ante la Justicia Transicional por denuncias sobre graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, crímenes de guerra y de lesa humanidad, cometidos por las Farc en contra de la Fuerza Publica y la población civil colombiana, por medio de la utilización de métodos y medios ilícitos de guerra. Igualmente, señala la Corporación, “evidencia la exclusión y revictimización a la que han estado sometidas durante años las personas militares y policías víctimas de estos hechos y sus familias, quienes aún hoy en día se enfrentan a barreras y dificultades para acceder a su reconocimiento como víctimas ante los organismos del Estado y la sociedad”.

En total, son tres capítulos. El primero de ellos se titula Hagamos memoria, y aporta cifras y contexto sobre la utilización de métodos y medios de guerra, poniendo en evidencia la manera en que las Farc instauraron en su accionar criminal la guerra de minas como una política despiadada que pretendía afectar no solo de manera indiscriminada a la ciudadanía y la Fuerza Pública, sino también desmoronar la moral de las tropas, generar ventaja estratégica sobre las tropas, afectar la economía de Estado y dar origen a una generación de miembros de la Fuerza Publica lesionados, amputados y con altos índices de discapacidad en sus filas, tal como se describe en el Plan Renacer de las Farc.

Las cifras en el documento son escalofriantes. Citando a la Unidad para las Víctimas, se tiene registro de más de 12.031 víctimas de minas antipersona en Colombia, causando entre 1988 y 2012 un total de 2.119 colombianos asesinados en estas trampas mortales.

De otro lado, en cifras de la Oficina para el Alto Comisionado para la Paz, de 1990 a 2020, se registraron un total de 11.986 víctimas de minas antipersona, de las cuales la considerable cifra de 7.225, que corresponde al 60 % de las víctimas, pertenecían a miembros de la Fuerza Pública.

En las cifras aportadas en el informe se describe en detalle la afectación a la Fuerza Pública en el período de 2012 a 2020, registrando de la Policía 247 hombres y 6 mujeres víctimas para un total de 253, mientras que en el caso del Ejercito Nacional se advierte un número superior de víctimas registradas: 1.547 soldados, 249 suboficiales y 77 oficiales, para un total de 1.873; y, finalmente, en el caso de la Armada Nacional, las afectaciones de 5 oficiales, 52 suboficiales, 160 infantes profesionales y 77 infantes regulares arrojan un total de 294 afectados.

La Corporación advierte que la utilización de métodos y medios de guerra ilícitos y el abordaje que durante años se le ha dado al fenómeno, va en contravía de las garantías de las víctimas en términos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, “situación que complejiza aún más sus circunstancias y conlleva incluso a la revictimización”.

Dentro de las causas que hace más difícil la garantía de los derechos de las personas víctimas de minas antipersona se destaca “el desconocimiento del tecnicismo relacionado con esta modalidad de violencia que genera una incorrecta visibilización y reconocimiento de víctimas y la disparidad en la consolidación de datos y cifras reportadas por los organismos e instituciones de carácter oficial, que no permite una caracterización precisa del fenómeno y su afectación a la sociedad”, señala el documento.

De otro lado, la continuidad del fenómeno que se perpetúa de manera sistémica y heredada por prácticas empleadas ilícitamente por las Farc, afecta las garantías de no repetición, poniendo en riesgo la consolidación de la paz en el territorio. Una evidencia de ello son las cifras oficiales ofrecidas por el Cenam, que registraron, para 2021, 266 personas militares víctimas de artefactos explosivos improvisados, y la neutralización de 5.323 artefactos explosivos improvisados.