Exclusivo | Documentos falsos, reuniones secretas y hasta amenazas. Advierten presuntas irregularidades en multimillonaria licitación para la alimentación en las cárceles

Sobre el servicio de alimentación en las cárceles hay muchas dudas, reclamos, no solo de sabor o sanidad, también de control, calidad y transparencia en la contratación. Por años, las autoridades han recibido un centenar de reclamos por un objetivo fracasado para los encargados de la alimentación en las cárceles.

La esperanza de superar este amargo momento estaba puesta en la propuesta de cambio de Gobierno nacional y en una nueva licitación que sacaría a los “caciques” de alimentación en las cárceles. Pero lo que no podía ser peor, parece que está por ocurrir.

Antes de acabar el año, se supone que debe quedar firmado el multimillonario contrato para garantizar el derecho a la alimentación de todos los privados de la libertad, en todo el país. Se trata de una licitación por más de 813.000 millones de pesos, divididos en 17 grupos, de acuerdo a la zona del país y el tipo de cárcel.

Todo parecía normal hasta que algunos contratistas que le apostaron a participar de la licitación se percataron de una serie de hechos e informaciones que mancharon la transparencia en el proceso contractual y entristeció el panorama de cambio, donde estaban depositadas las esperanzas de organizaciones como Cárceles al Desnudo que velan por los derechos de los privados de la libertad.

Su directora, Esmeralda Echeverry, radicó un derecho de petición, que a la vez fue una advertencia para la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios (Uspec), la Procuraduría, la Fiscalía y el Inpec, para anticipar a sus directivas de lo que estaría ocurriendo y cómo algunos contratistas tenían una información sumamente delicada y puesta en conocimiento de los entes de control.

“Hemos recibido la denuncia de un contratista de alimentos que advierte presuntas presiones indebidas ejercidas por la Unidad de Servicios Penitenciarios para la adjudicación casi a dedo de los contratos que están en juego en la licitación pública para la distribución de los grupos y los respectivos contratos”, señala el derecho de petición.

La misma directora hizo otra advertencia, respecto de unos “extraños mensajes” que salieron de una funcionaria de la Uspec, encargada, al parecer, de la millonaria contratación. Echeverry aseguró que luego de comunicar al Ministerio de Justicia, el Inpec y la Uspec, la funcionaria en cuestión hizo varias solicitudes a la fundación Cárceles al Desnudo, en el sentido de obtener las pruebas incluidas en las denuncias por presuntas irregularidades en la licitación.

“Para la fundación Movimiento Cárceles al Desnudo, lo ocurrido con la funcionaria nos obliga a solicitarle al Gobierno nacional y a las autoridades que los procesos de licitación que adjudica Uspec sean analizados con lupa, el derecho de petición que desencadenó la actuación de esta funcionaria estaba dirigido a Ministerio de Justicia, Uspec e Inpec y hasta el momento solo la Fiscalía y Contraloría han brindado respuesta, los demás brillan por su ausencia”, señaló Echeverry.

Lo que resulta paradójico, de acuerdo con Esmeralda Echeverry, es que mientras la funcionaria de la Uspec se esfuerza en radicar derechos de petición y tutelas, negadas en la judicatura por improcedentes, lo realmente importante, garantizar la transparencia en la millonaria licitación, pasó a segundo plano. Pues de todas las advertencias no han recibido alguna comunicación.

“Ni siquiera el director de la Unidad ha ordenado investigación al interior de su entidad. Por lo anterior y luego extraños mensajes allegados a través de nuestros canales institucionales, le solicitamos a la Fiscalía General de la Nación que priorice nuestra denuncia e investigue los hechos tan graves que la fundación puso en conocimiento”, explicó Cárceles al Desnudo.

La denuncia

Las advertencias de Cárceles al Desnudo no van solas. Adjunto aparecen decenas de documentos que no solo confirman el pésimo servicio de alimentación que se presta en los centros de reclusión de todo el país, también están las evidencias de las presuntas irregularidades para adjudicar la millonaria licitación a un grupo de contratistas a quienes le diseñaron los pliegos de condiciones, para asegurar la contratación.

“Afirma el denunciante, con prueba en mano, que existen hallazgos que evidencian irregularidades en la administración de la Uspec, incluso advierte que una unión temporal ejerce presunto poderío a través de altos funcionarios de la misma entidad”, indicó Cárceles al Desnudo en su derecho de petición.

Entre las pruebas aparecen documentos y soportes que advierten de qué manera fueron modificando los pliegos de condiciones para acomodar, tipo sastre, esos requisitos sin temor a equivocarse y que se ajustara a los intereses, supuestamente de los contratistas con boleto comprado.

Hay versiones de supuestas reuniones, encuentros entre los encargados de la licitación y los contratistas, según las denuncias, convencidos de quedarse con multimillonario contrato. Adicionalmente, se anticipó que hubo manipulación de documentos para demostrar unas calidades que no correspondían a los contratistas. Todo fue puesto en conocimiento de la Uspec y según los denunciantes no pasó nada.

¿Qué responde la Uspec?

SEMANA se comunicó con el director de la Uspec, pero fue a través de la oficina de comunicaciones que se obtuvieron algunas respuestas. Las dudas justamente estaban en las advertencias que salieron de Cárceles al Desnudo y los contratistas que se anticiparon con la Procuraduría para hacer valer sus derechos a la libre competencia.

Advirtieron que todas las etapas de la licitación estuvieron bajo la vigilancia y el control que exige la misma norma. Varios equipos jurídicos y técnicos, señalaron desde la Uspec, se encargaron de garantizar la transparencia en todo el proceso.

“La licitación ha avanzado, cumpliendo todos los requisitos y tiempos que se encuentran en el aplicativo del Secop, el comité evaluador conformado por las áreas técnico-jurídico y financiero de la entidad están revisando las 18 propuestas que llegaron y conforme a la evaluación, se hará publicación del informe preliminar para seguir avanzando con el cronograma propuesto”, señaló la Uspec.

Aun con las advertencias puestas en conocimiento de la Procuraduría, el proceso de licitación y adjudicación continua de acuerdo con el cronograma previsto, pues la Uspec claramente tiene una responsabilidad ineludible con las personas privadas de la libertad. El contrato debe quedar adjudicado antes de terminar el año.