Exclusivo: dos policías serían responsables del incendio en el CAI de Soacha donde murieron 8 jóvenes

El trágico incendio que se desató en la estación de Policía en Soacha, el 4 de septiembre del año pasado, y que cobró la vida de ocho jóvenes que permanecían allí detenidos por diferentes delitos, acaba de tomar un giro inesperado. SEMANA conoció que la Fiscalía citó a audiencia de imputación de cargos a los patrulleros Aleida del Pilar González y Jorge Suárez, como presuntos responsables del delito de homicidio doloso agravado. La orden de imputación tipifica el delito de la siguiente forma: “Homicidio doloso agravado en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con homicidio doloso agravado tentado”.

La Fiscalía tiene en su poder testimonios de otros policías que señalan que estos dos uniformados podrían ser los responsables del incendio de la sala de retenidos de la estación. Los investigadores cuentan con material de alto valor probatorio que comprometería a los uniformados, entre ellos tres videos que podrían ayudar a esclarecer los hechos. Estas pruebas serán presentadas ante un juez el próximo jueves durante la imputación de cargos de González y Suárez.

Desde que se produjo la muerte de los ocho jóvenes en la estación, el fiscal general, Francisco Barbosa, ordenó priorizar esta investigación y se conformó un equipo especial que ha trabajado en la recolección del material probatorio. Por su parte, el director de la Policía, el general Jorge Vargas, ha facilitado el desarrollo de la investigación, desde su llegada al cargo. Los investigadores tienen claro que se trata de la conducta individual de dos uniformados y no de una política de la institución. Sin embargo, las pesquisas continuarán para determinar si hay más uniformados implicados y si hay responsables de más alto rango.

El comandante de la Policía de Cundinamarca, el coronel César Ovidio Castro, entregó en su momento una versión diferente de los hechos. Dijo que “se presentó una asonada al CAI por parte de los familiares, quienes querían visitar a los detenidos, por lo que los capturados prendieron el fuego con sus colchonetas y se registró ese incendio”.

La Policía tomó acciones inmediatamente y trasladó a los jóvenes a centros médicos. Siete de ellos fallecieron en el hospital Simón Bolívar, de Bogotá, y otro en el hospital Cardiovascular.

Los ocho jóvenes permanecían detenidos en la estación de Soacha, y uno de ellos ya había sido condenado. El día en que se generó el incendio en ese lugar había 11 jóvenes. Los otros resultaron heridos.

Una horrible noche

Todo había comenzado ese mismo día a las 11:30 de la mañana del viernes 4 de septiembre, cuatro días antes del homicidio del estudiante de derecho Javier Ordóñez, en el CAI de Villa Luz, en Engativá.

Una larga fila de familiares se formó a la entrada de la estación de la Policía en San Mateo, en Soacha. Con comida en sus manos, todos esperaban poder ingresar para visitar a los detenidos en este lugar. Las expectativas no eran las mejores. Sabían que las condiciones en las que estaban sus hijos y amigos eran muy precarias.

Hacía varios días, sus familiares detenidos les contaban que supuestamente no les daban comida, que los levantaban a la madrugada para desnudarlos y bañarlos con agua fría, y que el hacinamiento era desesperante. La tensión entre los policías y los presos era evidente.

Lo peor estaba por venir. Pasadas las 2:00 de la tarde, y luego de una larga espera, los familiares se incomodaron porque ese día no iban a ver a los detenidos.

Los reclusos se dieron cuenta del hecho y la situación se tornó tensa. En medio de las circunstancias apareció el fuego en la sala de retenidos. Las pistas indicaban que había algo que no se había contado. Por ejemplo, los investigadores descubrieron la presencia de gasolina en el cuerpo de algunos de los ocho jóvenes que murieron en el incendio.

Tampoco era claro por qué era tan difícil aparentemente abrir las rejas o por qué no se desplegó un mayor esfuerzo para apagar las llamas. Al notar que la estación era consumida por el fuego, los familiares decidieron tratar de socorrer a sus hijos y parientes.

Una mujer cogió una manguera e intentó usarla por una ventana, pero un policía se lo impidió. Varias personas empezaron a grabar la tragedia que ocurría ante sus ojos. Los vecinos gritaban del desespero, pedían ayuda; sin embargo, cuentan que nadie hacía mayor cosa.

El concejal Diego Cancino advirtió que, según le habían contado los vecinos, la Policía no dejaba que ayudaran a las víctimas del fuego. Peor aún, que lo habrían acelerado.

Los reclusos que lograron salir se veían ya con la piel quemada. La escena era desgarradora. Una mujer relató que una de las enfermeras que llegó al sitio intentaba retirarles la ropa de la piel afectada por el fuego.

Los especialistas médicos encontraron la gasolina, y así lo dejaron por escrito en los reportes que les entregaron a las familias, en medio del llanto. “Paciente con trauma térmico por combustión de gasolina con quemaduras del 40 por ciento y lesión de vía aérea...”, dice uno de los documentos.

“Estábamos familiares de los detenidos exigiendo una visita. El 3 de septiembre les habían propinado unas golpizas; los policías sabían dónde pegar para no evidenciar maltratos. (...) La policía recibía la comida, y lo que hacían era botarla cuando nosotros nos íbamos”, denuncia una de las madres.

Según su relato, en la estación, en el momento del incendio, había unos 20 uniformados en cambio de turno, y nadie hizo nada. “La policía lo que hizo fue cruzar sus manos y dejar que el fuego se propagara”, aseguró ella.

El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, cuestionó en su momento al concejal Cancino y aseveró que los jóvenes habrían muerto por la inhalación del humo, y no quemados, pese a la evidencia del parte médico.

La pandemia ha agudizado problemas estructurales del sistema carcelario. En marzo del año pasado, se vivieron 10 horas de horror en la cárcel Modelo, cuando 23 internos murieron y otros 80 resultaron heridos en el amotinamiento más grave en la historia del país.

El próximo jueves, Fiscalía presentará ante un juez de la República todas las pruebas que tiene en su poder y que ha podido recolectar en estos cinco meses luego de la tragedia. Mientras tanto, los policías Aleida del Pilar González y Jorge Suárez serán imputados como los posibles responsables del aterrador incendio que dejó siete jóvenes muertos.