Peter Francis Kennedy es un millonario empresario acusado por la Justicia colombiana de abusar sexualmente de menores de edad y obligarlas a interactuar con animales durante los vejámenes. SEMANA revela el expediente del extranjero, que lo tiene al borde de una condena de hasta 25 años.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía, en coordinación con la Fiscalía, se trata de un hombre que ha hecho su fortuna con navieras en distintos rincones del mundo.
Su poder lo demuestra con los pasaportes de cuatro países: Estados Unidos, República Dominicana, Líbano y Austria.

La aparente maldad de Kennedy fue alertada a través de agencias internacionales. En varias comunicaciones con las autoridades colombianas se estableció que este señor sería un pedófilo que usaría su riqueza como fachada e instrumento para acceder a las víctimas.
En la primera alerta se contó que había un supuesto pedófilo en la región, con conexiones directas en el Caribe y Colombia. Con base en esto, se hizo el rastreo, se confirmaron sus movimientos en el departamento del Valle del Cauca y llegaron a las víctimas.

El primer arribo al territorio nacional del extranjero se reportó en 2021. Supuestamente, se radicó en Cali y, desde allí, se empezó a movilizar por todo el mundo. Hay 12 flujos migratorios reportados hacia Estados Unidos, Venezuela, España, República Dominicana, Argentina, Francia y Ecuador.
Aunque el empresario escapó a Buenos Aires para evitar la persecución de la Justicia colombiana, agencias internacionales y la Policía lo rastrearon por más de tres años, ubicándolo en la ciudad de Córdoba. Recientemente, fue extraditado a Bogotá y se inició su juicio.

Las víctimas
Las pruebas ponen en evidencia que el empresario contactaba a las víctimas por medio de Facebook. “Instrumentalizaba su capacidad adquisitiva como medio de coacción económica, realizando ofrecimientos de 100.000 pesos”, se registró en el expediente al que accedió esta revista.
Al parecer, Kennedy se hospedó en un apartamento de renta corta en Cali y allí citaba a las menores de edad; incluso, a algunas les habría entregado 50.000 pesos con el fin de que le facilitaran el camino para acceder a más mujeres.
Uno de los fragmentos más escalofriantes del caso tendría que ver con la zoofilia. Se descubrió, según testimonios, que él obtenía placer sexual al mantener relaciones íntimas con animales.
“La conducta punible presenta componentes de parafilia (zoofilia) instrumentalizada como mecanismo de degradación y anulación de la voluntad. El indiciado integraba a un canino en la escena del crimen, forzando la interacción de las víctimas con el animal mediante conductas de penetración y otros vejámenes”, describieron las autoridades.
La tesis de los investigadores es que el uso del animal como instrumento de victimización buscaba profundizar el trauma y asegurar el control coercitivo sobre las menores. Además, se contó que no usó protección, “una exposición deliberada a riesgo biológico”.

Plan mundial
Peter Francis Kennedy intentó obtener la ciudadanía colombiana y así completar cinco. Para ello, alegó vínculos afectivos y conyugales. El Ministerio de Relaciones Exteriores le negó la petición. No solo pasó aquí, sino también en Argentina.
Detrás de esa jugada hay una hipótesis de la Policía. Se presume que sería su modus operandi para acceder a pasaportes y establecer bases seguras que dificultaran los procesos de extradición o deportación de la región.
Un informe de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia relató que el empresario habría implementado un “esquema de diversificación de identidades” a fin de fragmentar su trazabilidad en los sistemas de control fronterizo global.

“Se destaca que Peter Francis Kennedy realizaba el visado y sellado de sus pasaportes de manera paralela y selectiva. Tenía como objetivo proyectar itinerarios de viaje diferenciados para cada uno de sus documentos de identidad, dificultando la consolidación de un perfil migratorio uniformado y permitiéndole evadir las alertas tempranas o seguimientos por patrones de permanencia en los diferentes Estados”, se reseñó en la investigación.
La Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía, junto con la Interpol, emitió una notificación azul en su contra en 2023. Para 2024, se activó la notificación roja y se logró la captura. Esta semana fue extraditado a Colombia.

Deudas con la justicia
El ciudadano extranjero deberá responder por los presuntos delitos de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años y acto sexual violento. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una condena de hasta 25 años de prisión.
“El hoy imputado, Peter Francis Kennedy, ha sido cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario en la ciudad de Cali. El procesado queda a disposición de las autoridades judiciales competentes para comparecer por las conductas punibles que se le atribuyen, garantizando así el derecho a la justicia y a la reparación de las víctimas”, destacó la Policía.
La institución también señaló que este resultado operacional constituye un hito en la estrategia de la lucha contra la explotación sexual comercial de niños y adolescentes.
Los uniformados creen que el trabajo conjunto con las agencias internacionales, más las capacidades propias, facilitaron el resultado, que se convierte en una de las primeras extradiciones a Colombia por cuenta de delitos sexuales contra menores de edad.
“La materialización de esta captura subraya la eficacia de los mecanismos de cooperación internacional y asistencia judicial bilateral. El éxito del procedimiento evidencia la sinergia técnica y operativa entre los organismos de seguridad colombianos y agencias homólogas extranjeras, consolidando un frente unificado contra la criminalidad organizada y la protección de la integridad de los menores en el ámbito regional”, se concluyó.

Las autoridades tienen identificados los movimientos de más extranjeros inmersos en estas prácticas criminales. Hay especial preocupación por los hechos reportados en ciudades como Medellín y Cartagena, donde diariamente llegan aviones del exterior con sujetos que tienen el objetivo de pagar a cambio de violar niños. Cada semana, Migración Colombia inadmite, por lo menos, a dos visitantes por sospecha de incurrir en estas prácticas.
