Exclusivo: Emilio Tapia también estaría detrás de los documentos falsos que le metieron a Emcali

Emilio Tapia es nuevamente el protagonista del mayor escándalo de corrupción que vive el país. El contratista, condenado por el escándalo del carrusel de la contratación de Bogotá hace unos años, hoy se perfila como el cerebro tras el entramado que permitió el derroche del dinero que se tenía dispuesto para el acceso a internet de millones de niños en Colombia.

SEMANA, en su portada de esta última edición, documentó su rol en ese episodio y reveló el testimonio ante la Fiscalía de Juan Carlos Cáceres, de Novotic, una fundación que hace parte de la Unión Temporal Centros Poblados.

En la investigación, SEMANA encontró que Tapia, además de estar tras bambalinas del escándalo con la adjudicación de MinTic, también estaría detrás de unos documentos falsos que le metieron a EMCALI con el objetivo de postularse a una millonaria licitación.

SEMANA tiene en su poder las pruebas de la Fiscalía sobre dos cupos crédito falsificados a nombre del banco Itaú, uno por 1.140 millones de pesos y otro por 725 millones de pesos. Los documentos fueron expedidos a nombre de Proctor Construcciones S. A. S. para ganarse contratos con Emcali.

Esos cupos de crédito falsos, fechados en febrero de 2021, fueron presentados a Emcali por los consorcios Clarificación Puerto Mallarino y Renovación Puerto Mallarino, en los procesos 900-IPU-0609-2020 y 900-IPU-0610-2020. Para la Fiscalía, en Emcali se dio el mismo modus operandi que utilizó la unión temporal Centros Poblados en el contrato de MinTIC.

Estos los documentos que analiza la Fiscalía

En una de las cartas con fecha del 10 de septiembre del presente año, Claudia Mercedes Cifuentes Rodríguez, representante legal del banco Itaú le respondió una solicitud a Andrea Muñoz Arango, fiscal 79 de la Dirección Especializada Contra la Corrupción, donde le indica que los documentos con referencia ‘Certificado de cupo de crédito-aprobado’ a la sociedad Proctor Construcciones S.A. S. y dirigidos a Emcali y supuestamente emitidos por el banco, eran falsos. Bonos por $1.140.000.000 y $725.000.000.

“La firma de Jorge Alberto Villa López es producto de falsedad por el método de imitación. La sociedad Proctor Construcciones S.A. S. no es cliente del banco y, por ende, no tiene cupos de crédito aprobados. El señor Luis Antonio Rodríguez Duarte, no registra en nuestras bases de datos como funcionario activo ni como retirado de nuestra sociedad. El dominio oficial de las cuentas del correo electrónico del banco Itaú Corpbanca Colombia S.A. es @itau.co”, le explicó la representante legar de Itaú a la fiscalía.

En cuanto la carta dirigida a Emcali, relacionada anteriormente y con fecha del 8 de febrero del presente año y fechada como ‘Certificado de cupo crédito - Aprobado-’ se lee que el cupo no se encontraba sometido a ninguna condición, salvo aquellas que supuestamente podrían ser referidas al momento del desembolso del dinero que afirmaban había sido aprobado.

“Estos cupos se encuentran vigentes y sus desembolsos dependen de la disponibilidad de los mismos, los cuales deberán cumplir las normas y políticas establecidas”, se agrega en ese documento.

Cabe destacar que el ingeniero civil Jorge Alfonso Molina García, quien fungió como intermediario en las pólizas de Centros Poblados y los cupos crédito para Emcali, le dijo a la Fiscalía que Emilio Tapia no solamente era el “dueño del contrato de MinTIC”, sino de otro en las Empresas Municipales de la capital del Valle. Molina García, en su interrogatorio, también dio datos precisos de cómo la póliza para Centros Poblados fue imposible de adquirir y reveló la manera como se tramitó la garantía falsa.

“Una garantía de oferta debe tener un trámite de entrega de documentos de los implicados, en este caso de los integrantes de la unión temporal de Centros Poblados, no se hizo, ni se envió ni siquiera la cédula, ni del representante legal y por tal hecho se aduce que es un documento que no tiene el trámite respectivo y es falso”, contó Molina García.

Además, señaló como responsable de la falsedad en las garantías de Centros Poblados a Juan José Laverde, quien a su vez culpó a Molina García. Este último relató un hecho insólito ante los investigadores. “Juan José me solicitó que yo me echara la culpa de todo lo sucedido en el proceso de MinTIC. Me dijo: ‘mira, necesito que tú te eches la culpa’, y me lloró, y me dijo que él tenía una familia”, dijo Molina, quien le respondió: “Lo único que yo puedo hacer, Juan José, es decir la verdad”. Laverde le habría insistido: “Trata de que tú seas el culpable, tú sabes que es un grupo muy poderoso, pues te va a apoyar con la manutención de la familia, los pagos jurídicos y todo lo que tú necesitas”.

Según Molina, al día siguiente, un abogado de apellido González le insistió en que se declarara culpable y que dijera que él había hecho las garantías falsas. “Emilio Tapia es el real dueño de ese negocio (de Centros Poblados), tiene un poder que no sé hasta dónde pueda llegar y hacerme daño. Saben dónde vivo, saben cuáles son mis hijos, saben cuál es mi quehacer diario, y de una forma y otra tratarán de destruirme. Entonces tengo temor”, le dijo Molina García a la Fiscalía

También dijo que Laverde, de Rave Agencias Seguros, en una oportunidad y en medio del escándalo, le quitó el teléfono y le borró todos los mensajes que tenía con él.

Molina García sostuvo ante las autoridades que lo que esperaba de Tapia era que lo ayudara con subcontratos y de esta manera habría logrado uno con la Gobernación de Putumayo para la construcción de un colegio y otro con la Gobernación de Caldas.

En el caso de Emcali, las autoridades investigan las reuniones que se habrían realizado en una oficina en la calle 76 de Bogotá entre Emilio Tapia, el excontralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi, quien también fue condenado por el carrusel de la contratación, y la abogada Karin Stefanía Pupo Benito, hija de la excongresista Muriel Benito Rebollo, quien fue capturada en 2006 por sus presuntos nexos con paramilitares.

La Fiscalía investiga esta nueva arista que abriría otro capítulo de los ya conocidos enredos del contratista.