Exclusivo: Emilio Tapia y el despilfarro en préstamos, apartamentos, carros y gastos personales en el escándalo del MinTIC

Cuando la unión temporal Centros Poblados se ganó el millonario contrato con el Ministerio TIC para llevarles internet a los niños de las escuelas más apartadas del país, hubo júbilo en la oficina 601 de un edificio cercano al Parque de la 93, en Bogotá.

Emilio Tapia, el mismo que fue condenado por el carrusel de la contratación en la capital del país, brindó ese día con whisky junto a algunos de sus compinches. De nuevo lo había logrado. A un grupo de empresas que él había coordinado le acababan de adjudicar, en diciembre de 2020, un contrato por más de un billón de pesos para instalar más de 7.000 puntos digitales.

Así se lo contó a la Fiscalía Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, dueño de la firma Novotics y uno de los involucrados en el sonado escándalo que decidió colaborar con la justicia, y cuyo testimonio fue conocido en exclusiva por SEMANA. “Ese día estábamos en las oficinas de la 93 en Bogotá, estaban Emilio, la esposa, Robert Gómez, yo, la doctora María Mónica Pino, el doctor Lucas, había otro abogado, y ese día llegó el momento de abrir los sobres”, les confesó Cáceres a los investigadores, el pasado 3 de septiembre.

Luego, cuando se dieron cuenta de que eran los ganadores del jugoso contrato, empezó la fiesta. “Yo inmediatamente celebré y todos celebramos, eso fue una gritería porque nos la habíamos ganado, yo me fui a una oficina, oré, lloré, llamé a mi esposa, llamé al doctor Oswaldo Medina y dije que Dios había hecho justicia porque nos la habíamos ganado. Abracé a Robert y lloramos, entonces ofrecieron una copa de whisky y después llegó el doctor Pino Ricci (...) Como a las 5:30 o 6:00 de la tarde nos fuimos a una cena todos los que estábamos ahí”, agregó Cáceres en su relato.

Este hombre dejó al descubierto que Emilio Tapia era el verdadero dueño del contrato de Centros Poblados, que le costó la renuncia a la ministra Karen Abudinen, y por el cual acaba de ser nuevamente capturado.

Hoy, el país, en medio de la indignación, no entiende cómo un condenado por corrupción, que obtuvo beneficios de la justicia, reincidió olímpicamente pasando por encima de los organismos de control y todas las autoridades y burlándose de los colombianos.

Pero las cosas se les pueden complicar aún más a Tapia y a sus socios. Hace apenas unos días, tras las gestiones del fiscal Francisco Barbosa en Estados Unidos, una comisión del FBI estuvo en Colombia y se llevó todas las pruebas del caso tras una reunión con el director anticorrupción de la Fiscalía, Edward Alirio Calderón.

En las últimas horas se confirmó que la justicia de Estados Unidos ya tiene abierto un proceso por lavado de activos, teniendo en cuenta que 58.000 millones de pesos del anticipo del contrato con Centros Poblados habrían circulado por el sistema financiero de ese país. Los giros, al parecer, fueron hechos directamente por Cáceres, a quien ya le congelaron sus cuentas. En las próximas semanas podrían librarse órdenes de captura con pedidos de extradición contra algunos de los protagonistas de este escándalo.

“¿Qué papel tuvo Emilio Tapia en el desarrollo del contrato, y en los comités a los que usted hace mención?”, le preguntaron a Cáceres en la Fiscalía. “Él escuchaba, se le explicaba todo, lo que se iba a comprar, estos asesores que él tenía opinaban, también opinaba Luis Fernando Duque (representante legal de la unión temporal), y ellos aparte se reunían con proveedores y traían soluciones a la mesa”, respondió.

Es claro que Emilio Tapia sabe todo lo que pasó porque fue el cerebro. Antes de ser capturado, le hizo llegar una comunicación a la Fiscalía en la que manifestó que estaba dispuesto a colaborar con la justicia. Tapia tiene mucho que perder porque es un reincidente y había recibido beneficios, en un principio de oportunidad, tras ser condenado por el carrusel de la contratación. Se espera que este capo termine delatando a todos los involucrados, incluidos los políticos.

Los investigadores ya tienen pistas claras de un grupo de congresistas de la costa que habría participado del torcido. Hay sospechas sobre algunos miembros del Partido Liberal y Cambio Radical. Algunos habrían presionado para evitar que la ministra Abudinen caducara el contrato. También hay inquietudes sobre altos funcionarios del Ministerio, que ya salieron de la entidad, y que al parecer cumplieron un papel clave en el entramado. Las miradas están puestas sobre las actuaciones que pudo haber tenido el entonces viceministro TIC Iván Mantilla. Las autoridades empiezan a indagar si hubo sobornos a funcionarios. La primera cifra habla de 6.000 millones de pesos entregados, presuntamente, por debajo de la mesa.

Así se gestó la trampa

Cáceres contó que todo empezó a cocinarse después de que el abogado Inocencio Meléndez, también condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, le presentó a Tapia en Sincelejo. Unos días después de ese encuentro, Tapia citó a Cáceres a su oficina en Bogotá, en la calle 93 con 17, para que le explicara exactamente a qué se dedicaba en el mundo de las telecomunicaciones y las redes.

Al poco tiempo llegó la pandemia con sus cuarentenas. Ambos terminaron importando tapabocas desde China, ya que vieron allí una oportunidad de negocio. Luego, Cáceres se enteró de la convocatoria del Ministerio TIC para instalar internet en las escuelas rurales. Como dueño de Novotics, empezó a buscar con quién asociarse para presentarse a dicha licitación. Sin embargo, le cerraron más de una puerta y fue en ese momento cuando le contó a Tapia sobre la oportunidad, quien de inmediato se interesó por el contrato. “Él decía que lo de las redes era como una concesión de las vías, porque si usted monta una red de telecomunicaciones donde nadie ha llegado, pues usted va a tener mucho éxito”, dijo Cáceres en su interrogatorio.

Ambos se pusieron manos a la obra. Tapia empezó a articular todo el entramado empresarial, asesorado por abogados, técnicos, agentes de seguros y en reuniones en Bogotá, Barranquilla y Rionegro (Antioquia). “Él me dice que tiene unas empresas que pueden servir para eso, internacionales, que tiene los contactos. Y ahí se empieza a hacer un trámite con una empresa china, creo que era China Telecom”, contó Cáceres.

Sin embargo, la premura de la licitación y las demoras de los permisos y documentos con empresas internacionales llevaron a descartar a las firmas chinas. Tapia, un experto en hacerle trampa al Estado en la contratación, y al que muchos creían acabado y arrepentido por el saqueo en Bogotá, se movió rápidamente y puso sobre la mesa tres firmas: ICM, Omega Building e Intec. Las reuniones iban y venían.

En la casa de Tapia en Barranquilla, en la carrera 47 con calle 92, al lado de un jardín infantil, se estructuró gran parte del torcido. Cáceres relató un encuentro en esa vivienda al que habría asistido Alfredo Jesús Amín Yaber, un contratista de la costa que hoy también está en la mira de la justicia por el caso. En una reunión, Cáceres se impresionó por la cantidad de gente que visitaba a Tapia.

“Estaba él, había varias personas que no conozco para hablar de otros temas, cuando uno va a la casa de él le toca hacer antesala, porque a él lo visita mucha gente. Ese día llegó Robert. Ahí fue cuando nos presentaron al muchacho Amín, que él le dice Alfredito”, sostuvo.

En una declaración, el propio Amín Yaber le reconoció a la Fiscalía que fue contactado para que revisara toda la documentación técnica que la unión temporal iba a presentar ante el Ministerio TIC. Llama la atención que, insistentemente, a la hora de la estructuración del negocio, hablan de un hombre llamado “Mauricio”.

Tapia se encargó de vincular a las fichas clave de este entramado. No solo habría buscado desde el primer día la asesoría jurídica del abogado Jorge Pino Ricci, sino que contactó a Juan José Laverde, un agente de seguros. Todo parece indicar que las órdenes de Tapia se cumplían al pie de la letra. Por ejemplo, pidió una cuota de 100 millones de pesos a cada uno de los involucrados en el negocio para pagar la gestión de la póliza a un hombre identificado como John González Moreno. Todo esto se lo contó Cáceres a la Fiscalía, en un interrogatorio que inició sobre las 9:00 de la mañana y terminó casi 12 horas después.

La comunicación de Tapia con sus socios era fluida. En WhatsApp tenían dos grupos, llamados ‘Comité UT Urgente’ y ‘Póliza MinTIC’, en los que se cruzaban no solo mensajes, sino que se intercambiaban cuentas bancarias, tablas, reportes, recibos de pago y hasta imágenes de botellas de whisky con las que presumían.

Piñata con el anticipo

Los 70.000 millones de pesos del anticipo del contrato con Centros Poblados terminaron siendo malversados y manejados como plata de bolsillo. La confesión de Cáceres a la Fiscalía da cuenta de ello, pues reveló que se compraron carros, apartamentos, se hicieron préstamos familiares y además Emilio Tapia dio órdenes de consignaciones a cuentas por fuera del país, concretamente a Dubái. La plata tenía que haberse destinado exclusivamente a la compra de los equipos para llevarles internet a los niños más humildes de Colombia.

El detalle de lo narrado por Cáceres es indignante. “Quiero aclarar sobre giros que realicé a personas o empresas que no son proveedores. Quiero aclarar que yo le realicé dos préstamos a una familia, que son esposos, por 503.000 dólares, los cuales yo lo hice por un tema personal, pero ellos ya van a devolver el dinero. Quiero aclarar que también tomé 1.342.000 dólares para comprar un apartamento a nombre mío, pero ya solicité la devolución de ese dinero. Me giré 75.000 dólares por un tema personal”, confesó.

La Fiscalía le preguntó por un giro en particular que recibió su esposa, Shirley Carolina, por 147′595.000 pesos de la firma Inselsa, una de las proveedoras. Cáceres respondió: “Eso ahí debe haber una factura de por lo menos cinco o siete camionetas, no sé cuántas camionetas tenía alquiladas mi esposa, y no sé cuánto tiempo le debían del alquiler de las camionetas”.

Pero, además, Cáceres reveló que la plata del anticipo del contrato también terminó invertida en la compra de un vehículo de alta gama para uno de sus compañeros. “Quiero dejar constancia que Robert Gómez en esos días necesitaba un dinero porque no tenía carro y yo le dije al gerente de Inselsa que le diera un préstamo a Robert de 200 millones de pesos y que yo los iba a descontar de la plata que yo había conseguido”

Cáceres, quien ya solicitó un principio de oportunidad en la Fiscalía, detalló con cifras y documentos cómo la plata del anticipo terminó en cuentas suministradas por Tapia. “Como él representaba a las constructoras y esas eran socias del negocio, por eso le giré ese dinero”, dijo.

Los movimientos, según su testimonio, habrían sido los siguientes. A Safe Cargo Internacional le giró 120.000 dólares; a Cimexp FZ-LLC fueron a parar 73.000 dólares. “Sobre esta quiero decir que él me recalcó varias veces que no había llegado a su destino, que era Dubái; yo tenía que ir al banco a revisar esa transferencia, eso me lo dijo hace poco, yo no alcancé a ir al banco a verificar eso”, aseguró Cáceres. Otra de las transacciones fue a Juan Sebastián Ulloa por 30.000 dólares.

La plata también cayó en manos de otras empresas, por órdenes de Tapia. “2wings Aircraft, por 150.000 dólares; OLT Logistic, por 300.000 dólares. Quiero aclarar que cuando yo hice estos giros a estas compañías que él me dio, yo le dije a Emilio que estas empresas no tuvieran problemas, porque yo era el que estaba girando ese dinero en Estados Unidos. Y él me dijo: esas compañías no tienen problemas. Esos giros los hice el 12 de mayo de 2021 y el 14 de mayo de 2021. Y Marcell Felipe Attomeys, por 50.000 dólares; quiero aclarar que de esta persona no tengo comprobante”, sostuvo Cáceres.

En su relato, también contó que por momentos hubo tensión entre los socios porque el anticipo que estaba previsto para febrero se tardó un poco más en llegar. Se quedaron ilíquidos y no tenían cómo pagar la nómina y a los proveedores. “Emilio Tapia me había dicho que no me preocupara por el dinero porque él tenía 60.000 millones de pesos aprobados en un crédito en el banco BBVA, pero yo personalmente, en la medida en que el tiempo pasaba, me di cuenta de que él no tenía eso, que eran mentiras, él decía que el crédito se lo habían cerrado por las noticias que habían salido del proceso”, contó Cáceres.

Amenazas de un comando armado

El escándalo por el desfalco del contrato de MinTIC con Centros Poblados ha tenido todos los ingredientes propios de la mafia. Cáceres le contó a la Fiscalía que, cuando estalló el escándalo, se reunió con Tapia, y este ya estaba muy desconfiado. Tanto, que Cáceres tuvo que levantarse la camisa y demostrarle que no llevaba su celular para grabarlo. Cuando Tapia le preguntó a Cáceres por su teléfono, este le contó que ya lo había entregado a la Fiscalía con todos los chats. Tapia se llevó las manos a la cabeza, sabiendo lo que se le venía encima. En otra reunión con Tapia, a Cáceres le habrían pedido acordar una estrategia de defensa conjunta.

Por esa razón, los días para Cáceres se volvieron muy complicados. El 6 de agosto, a las 2:00 de la madrugada, un comando de hombres armados irrumpió en su vivienda. “Me amordazaron, despertaron a mi esposa, me empezaron a golpear con una pistola en el pecho, me decían que si hablaba me iba a morir, que si hablaba iban a matar a mi hijo, que si decía algo a la Policía o a alguien, ellos iban a volver.

Después se llevaron a mi esposa al clóset, se llevaron sus joyas, dos o tres relojes míos y un dinero que tenía en efectivo. Hablaban por teléfono con una persona. Ahí duraron aproximadamente 29 minutos dentro de mi casa. Durante ese tiempo me seguían golpeando y diciendo cosas. Cuando se van, me van a poner como una capucha, yo les empecé a decir que no me pusieran eso, que me iba a dar algo al corazón. Mi esposa les dice que me den una aspirina, uno de los señores destapó la aspirina, me la da en la boca y saca agua de una neverita que tenemos en el cuarto. Me la echa en la cara y se va”, contó Cáceres.

En total, se llevaron 170 millones de pesos en efectivo, un reloj Piaget, otro reloj Cartier deportivo, tres cadenas, siete anillos y un par de aretes de oro, al igual que un crucifijo incrustado en piedras preciosas. El robo sumó 220 millones de pesos. “Desde ese día empecé a tener temor por mi vida, por mi esposa y por mis hijos”, dijo Cáceres en la Fiscalía.

Escándalo en EMCALI

Definitivamente ni las condenas, ni la cárcel, evitaron que Tapia se convirtiera en un pulpo de la contratación estatal. Además del carrusel en Bogotá, en los tiempos de Samuel Moreno, y del escándalo de MinTIC por el cual fue nuevamente capturado, sus tentáculos también habrían llegado a las Empresas Municipales de Cali (Emcali).

SEMANA tiene en su poder las pruebas de la Fiscalía sobre dos cupos crédito falsificados a nombre del banco Itaú, uno por 1.140 millones de pesos y otro por 725 millones de pesos. Los documentos fueron expedidos a nombre de Proctor Construcciones S. A. S. para ganarse contratos con Emcali. Los documentos falsificados tienen fecha del 8 de febrero de 2021. Esos cupos de crédito falsos fueron presentados a Emcali por los consorcios Clarificación Puerto Mallarino y Renovación Puerto Mallarino, en los procesos 900-IPU-0609-2020 y 900-IPU-0610-2020. Para la Fiscalía, en Emcali se dio el mismo modus operandi que utilizó la unión temporal Centros Poblados en el contrato de MinTIC.

El ingeniero civil Jorge Alfonso Molina García, quien fungió como intermediario en las pólizas de Centros Poblados y los cupos crédito para Emcali, le dijo a la Fiscalía que Emilio Tapia no solamente era el “dueño del contrato de MinTIC”, sino de otro en las Empresas Municipales de la capital del Valle. Molina García, en su interrogatorio, también dio datos precisos de cómo la póliza para Centros Poblados fue imposible de adquirir y reveló la manera como se tramitó la garantía falsa.

“Una garantía de oferta debe tener un trámite de entrega de documentos de los implicados, en este caso de los integrantes de la unión temporal de Centros Poblados, no se hizo, ni se envió ni siquiera la cédula, ni del representante legal y por tal hecho se aduce que es un documento que no tiene el trámite respectivo y es falso”, contó Molina García.

Además, señaló como responsable de la falsedad en las garantías de Centros Poblados a Juan José Laverde, quien a su vez culpó a Molina García. Este último relató un hecho insólito ante los investigadores. “Juan José me solicitó que yo me echara la culpa de todo lo sucedido en el proceso de MinTIC. Me dijo: ‘mira, necesito que tú te eches la culpa’, y me lloró, y me dijo que él tenía una familia”, dijo Molina, quien le respondió: “Lo único que yo puedo hacer, Juan José, es decir la verdad”. Laverde le habría insistido: “Trata de que tú seas el culpable, tú sabes que es un grupo muy poderoso, pues te va a apoyar con la manutención de la familia, los pagos jurídicos y todo lo que tú necesitas”.

Según Molina, al día siguiente, un abogado de apellido González le insistió en que se declarara culpable y que dijera que él había hecho las garantías falsas. “Emilio Tapia es el real dueño de ese negocio (de Centros Poblados), tiene un poder que no sé hasta dónde pueda llegar y hacerme daño. Saben dónde vivo, saben cuáles son mis hijos, saben cuál es mi quehacer diario, y de una forma y otra tratarán de destruirme. Entonces tengo temor”, le dijo Molina García a la Fiscalía

También dijo que Laverde, de Rave Agencias Seguros, en una oportunidad y en medio del escándalo, le quitó el teléfono y le borró todos los mensajes que tenía con él.

Molina García sostuvo ante las autoridades que lo que esperaba de Tapia era que lo ayudara con subcontratos y de esta manera habría logrado uno con la Gobernación de Putumayo para la construcción de un colegio y otro con la Alcaldía de Caldas (Antioquia).

En el caso de Emcali, las autoridades investigan las reuniones que se habrían realizado en una oficina en la calle 76 de Bogotá entre Emilio Tapia, el excontralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi, quien también fue condenado por el carrusel de la contratación, y la abogada Karin Stefanía Pupo Benito, hija de la excongresista Muriel Benito Rebollo, quien fue capturada en 2006 por sus presuntos nexos con paramilitares.

La bitácora de los chats

SEMANA conoció todo el paquete de chats de varios de los implicados en el escándalo del contrato de MinTIC. Entre otros, están los mensajes del teléfono celular de Juan Carlos Cáceres. Lo que queda claro es que de la camaradería se pasó a la angustia e incluso las conversaciones muestran que algunos se distanciaron cuando la olla empezó a destaparse.

Algunos mensajes llaman la atención. Por ejemplo, en una conversación entre Cáceres y Luis Fernando Duque, representante legal de la unión temporal, se lee el siguiente mensaje: “Alineados con el vice”. El interlocutor responde: “Excelente noticia, te felicito, hermano”. “Vamos bien, falta la ministra”, le contesta. “Excelente”, responden. También se lee: “Interventoría alineada”.

En los mensajes entre Cáceres y Duque quedan en evidencia el desorden y el incumplimiento de las obligaciones a todo nivel. “Voy para Cúcuta a buscar un recurso porque ayer estábamos haciendo cuentas del tema de ejecución para poder avanzar, pero imagínese que el personal está muy inquieto y molesto por el no pago y se dieron cuenta de que no se han pagado los parafiscales. Algunos han amenazado que van a escribir al MinTIC y eso hace que se caiga toda la estrategia que tenemos”.

En los chats hay varias alusiones a las citas de los representantes de Centros Poblados con la ministra Karen Abudinen. Uno de ellos resultó inquietante para los investigadores. “Hay que hacer un trámite y acercamiento con ella en privado”, dice uno de los mensajes que se cruzaron Duque y Cáceres. En otra conversación, ya hablaban de la posibilidad de la caducidad, pero había una preocupación muy grande. “No hemos escrito una línea de defensa, no hemos armado estrategia, son muchos frentes, les pedí a todos que se movieran con soportes”, dice uno de los chats.

También queda en evidencia que Luis Fernando Duque fue el encargado de buscar la cesión del contrato a otro grupo empresarial. Y hay otro mensaje de Emilio Tapia a Cáceres en el que le dice: “Anoche no dormí pensando en la ministra”.

Si bien apenas empezaron las capturas por este escándalo, se sabe que vienen más en camino. Un capítulo aún desconocido es el de los políticos que pudieron haber tenido alguna participación. Aunque por ahora no hay información oficial, en los corrillos se mencionan varios nombres. SEMANA contactó a algunos de ellos.

El senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, negó cualquier vínculo, y aseguró que es amigo del alma de la exministra Abudinen, que defendió su honorabilidad y la caducidad, y que lo que sucede es que lo están confundiendo con un homónimo de un tío suyo de apellido Amín. La senadora Daira Galvis, de Cambio Radical, le dijo a este medio que su nombre ha sonado injustamente en este escándalo y señaló a la representante a la Cámara Katherine Miranda por este hecho. Miranda ha sido valiente y juiciosa en las denuncias en este escándalo de MinTIC. El senador Antonio Zabaraín, de Cambio Radical, también negó tener vínculos con los involucrados en el escándalo de Centros Poblados y dijo que solo sabe de Tapia por el carrusel de la contratación en Bogotá.

El país apenas empieza a conocer la verdad de uno de los episodios de corrupción más vergonzosos en la historia reciente. Todo falló. De otra manera es imposible explicar que Emilio Tapia, el capo de la contratación estatal, haya podido crear un entramado criminal sin que nadie lo notara y se lo impidiera.

Su operación delincuencial parecía perfecta. Pero el mal manejo que su emporio le dio al anticipo de 70.000 millones de pesos y las garantías falsas para sustentar el negocio los dejaron al descubierto a él y a sus secuaces. Tapia pudo moverse de frente en Bogotá, Barranquilla y Rionegro (Antioquia) como un gran empresario, rodeado de abogados y asesores. De nada le sirvieron la cárcel ni el escarmiento público. Sin embargo, también surgen varias preguntas: ¿habrá autores intelectuales, políticos y empresariales aún más poderosos que Emilio Tapia en todo este entramado, así como sucedió en el carrusel de la contratación en Bogotá, en el que las otras cabezas fueron el exalcalde Samuel Moreno, su hermano Iván y los Nule?

Falta entender cómo se diseñó la licitación y cómo llegaron estos desconocidos a quedarse con un contrato de más de un billón de pesos, derrotando a grandes empresas del sector, sin despertar mayores sospechas. Finalmente, la exministra de las TIC Karen Abudinen, una veterana de la política, a juzgar por los chats, habría sostenido reuniones con algunos de estos personajes.

A su juicio, ¿le parecían calificados y competentes para cumplir con el contrato? ¿No vio diferencias entre estos “empresarios” y los de Claro, que se ganaron la otra mitad del contrato? ¿Cuáles fueron los controles que se pusieron en marcha y por qué fallaron? Falta mucho por conocer. Hay vacíos y mucha tela por cortar en este escándalo. Ahora la justicia tendrá que actuar y encontrar a todos los culpables. Tapia tendrá que pagar por lo que hizo y colaborar y delatar a sus cómplices. Colombia quiere ver una sanción ejemplar contra él y los implicados en este escándalo. No se puede seguir premiando a los corruptos.