Exclusivo: este es el expediente de la Procuraduría sobre el escándalo de Laura Sarabia; hay testimonios y documentos de la Presidencia. El coronel Feria culpa al fallecido coronel Dávila

Cientos de folios, declaraciones, actas de seguimiento, inspecciones, minutas de ingreso a edificios y parqueaderos, cartas y hasta respuestas oficiales de la Presidencia de la República forman parte del voluminoso expediente que adelanta la Procuraduría contra Laura Sarabia, exjefa de gabinete y quien fue hasta hace unas semanas la mano derecha del mandatario Gustavo Petro. SEMANA revela en exclusiva las hasta ahora inéditas piezas procesales que ha venido recaudando el ente de control y cuyos hallazgos con contundentes.

Las pruebas con las que se ha venido armando el rompecabezas dejarían al descubierto la manera como se habría tratado de desviar evidencias, borrar rastros, justificar delicadas actuaciones, y han puesto sobre la mesa contradicciones e incluso un afán de ocultar información mediante un ya denominado “pacto de silencio” entre los protagonistas de esta trama político-judicial que han sido llamados a rendir su versión ante las autoridades.

Uno de los episodios que más ha llamado la atención de los investigadores son las contradicciones entre Laura Sarabia y su pareja, Andrés Parra, en las diferentes versiones que han dado desde el mismo momento en que decidieron acudir ante las autoridades para denunciar el robo de dinero en efectivo del que fueron víctimas en su propio apartamento.

En el expediente reposa la primera denuncia, fechada el 30 de enero, que no fue interpuesta por Sarabia, sino por su esposo, en la que se lee: “(Pregunta) ¿Manifieste a esta unidad judicial qué elementos fueron los que se perdieron del interior de la maleta que usted tenga conocimiento? (Respuesta) Lo que me informa mi esposa es que ella tenía unos documentos personales y de la oficina; dinero en efectivo, 12.000.000 de pesos colombianos; 4.000 dólares, correspondiente a unos viáticos; pues esta maleta la carga todos los días, siempre está en el carro, pues allí guarda una muda de ropa y elementos de aseo para alguna emergencia”.

Sobre esta denuncia, Sarabia ha dado diferentes explicaciones. En la primera, le dijo a este medio que se trataba de un robo de 4.000 dólares de una maleta. Pero cuando SEMANA reveló que la exniñera Marelbys Meza fue sometida a una prueba de polígrafo en la Casa de Nariño para determinar la ubicación del dinero, anunció que ampliaría su denuncia, destacando que la suma extraviada ascendía ahora a 7.000 dólares, monto respaldado con un comunicado de la Presidencia.

En las primeras declaraciones de Laura Sarabia nunca se refirió a documentos ni personales ni oficiales, este tema solo lo ventiló cuando acudió ante la Fiscalía, y con ese argumento justificó el uso del aparato de seguridad e inteligencia de la Casa de Nariño para resolver este robo doméstico como un asunto de seguridad nacional.

En el testimonio de Parra, hasta ahora desconocido y que en el expediente está escrito en cinco páginas, hace un resumen de cómo se dieron los hechos: quiénes estuvieron en su casa, la verificación del dinero que le pidió su esposa, quiénes tuvieron en su poder el misterioso maletín e incluso siembra la duda sobre Marelbys Meza al señalar: “Tengo conocimiento que la señora Mary en el anterior trabajo tuvo un inconveniente de un dinero que se perdió. Le hicieron un polígrafo y lo perdió”.

Desde el principio de la investigación, la Procuraduría remitió una carta dirigida a Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en la que le pregunta por Sarabia, su nivel de jerarquía en el Gobierno, nombres de los funcionarios que participaron en la irregular prueba de polígrafo, el protocolo empleado y el cuestionamiento que aún no está resuelto: “(Pregunta) Informe el nombre, cargo, dirección física y electrónica del funcionario(s) que dio la orden para realizar la prueba del polígrafo a Marelbys Meza”.

Según los documentos en poder de SEMANA, también se le pide a la Presidencia que “informe si a Marelbys Meza, el 30 de enero de 2023, se le practicó la prueba poligráfica, de ser así, aportar copia de esta, el resultado obtenido y la grabación o registro fílmico de la misma. Además, quién debía efectuar el registro de ingreso en el edificio Galán; si existe registro, aportar los documentos que lo demuestren, entre ellos el registro fílmico de su ingreso”.

Ante estas contundentes preguntas, el 2 junio de 2023, en un documento rotulado como “memorando”, González pidió respuesta directa de los responsables de la seguridad, es decir, al jefe para la protección presidencial, el coronel Carlos Feria.

La respuesta tardó cinco días. El 7 de junio de 2023, en un oficio dirigido a la procuradora general, Margarita Cabello, contestó de una manera que incluso dejó más dudas. Señaló como responsable del polígrafo a la oficina que estaba bajo las órdenes del coronel Óscar Dávila, quien murió en extrañas circunstancias, según Medicina Legal, por un suicidio, sin llegar a dar su versión a la Fiscalía, aun cuando ya había enviado una carta manifestando su interés de declarar.

Dice el coronel Feria que “es importante aclarar a su distinguido despacho que la dependencia responsable de practicar la “prueba de confiabilidad y credibilidad” es la Coordinación Protección Anticipativa-Jefatura para la Protección Presidencial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de conformidad a sus funciones, entre otras, identificar factores de atención que puedan afectar la imagen, integridad y trasparencia del señor presidente, vicepresidente, sus familias, altos funcionarios y personal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”.

El coronel Feria dio esta misma versión a la Fiscalía. Afirmó que quien dio la orden para realizar la prueba de polígrafo fue el coronel Dávila, de quien nunca se conocerá su versión. El poderoso coronel también respondió a la Procuraduría la pregunta sobre quién fue la persona que hizo la prueba de polígrafo, y con nombre propio se refirió al intendente Jhon Alexánder Sacristán.

Chuzadas

Uno de los asuntos más explosivos de este caso se dio cuando el fiscal general, Francisco Barbosa, denunció que en Colombia habían vuelto las chuzadas, y no fue solo para Marelbys y otra empleada del servicio doméstico que trabajaba en la casa de Laura Sarabia. En este caso fueron cuatro las personas a las que les interceptaron las comunicaciones de manera ilegal.

En el expediente reposan las preguntas que le hizo la Procuraduría a través de un oficio del primero de junio de 2023 a la Policía Judicial (Dijín) para que explicara la manera como se dieron estas chuzadas, el funcionario que expidió la orden, el informe de lo obtenido y los números y nombres de los escuchados.

La respuesta fue rápida, pero le endilgó la información a una funcionaria de la Procuraduría. “El día de hoy, 02/06/2023, en las instalaciones de este organismo, la doctora Aura Betulia Fajardo, delegada de la Procuraduría General de la Nación, realizó diligencia de inspección disciplinaria, quien efectuó la verificación del proceso de interceptación de comunicaciones. Es de resaltar que esta funcionaria requirió varios documentos relacionados con el procedimiento de interceptación, los cuales fueron entregados”, dice la Dijín.

Tal como lo hizo la Fiscalía, la Procuraduría también realizó su propia inspección en la Presidencia. La diligencia se realizó la semana pasada, el 26 de junio, como quedó reseñado en un acta. “Se solicitó por parte de la delegada, (Pregunta) quién dio la orden para la prueba del polígrafo, y no se recibió respuesta, ya que (aseguraron) desconocen esta información”, señala una de las respuestas dadas al organismo de control.

Una vez más, la responsabilidad se la endilgan a la oficina de la cual era responsable el fallecido coronel Dávila, dice el acta que “la intendente Ramos indica que la coordinación anticipativa de protección son los encargados de realizar las pruebas, pero que ellos no se encuentran y son quienes podrían indicar los protocolos. Se solicita allegar información adicional de la orden de polígrafo, ingreso, etc”.

Sin embargo, el documento del acta de la Procuraduría deja sobre la mesa la responsabilidad del coronel Feria como funcionario de rango superior. “Se hace claridad de la línea de mando a tener el día de los hechos en cuenta JPP (Jefatura de Protección Presidencial) teniente coronel Feria, teniente coronel Dávila, capitán Gómez, intendente Sacristán”.

Nuevamente, la Procuraduría cuestiona el hecho de que Marelbys Meza hubiera entrado sin registro y se le hubiera practicado la prueba de polígrafo sin ser funcionaria. “La Sra. Patricia Liliana indica que los vehículos oficiales pueden ingresar con ocupantes y no se deja registro respecto a los ocupantes. Si son visitantes deben estar autorizados y se deja registro del ingreso”.

Esta duda, y la declaración de Marelbys Meza a SEMANA, en la que aseguró que no fue registrada al ingresar para que le realizaran el polígrafo, generó la pregunta directa de la Procuraduría y la sorpresiva respuesta dada por la misma Presidencia aparece en otro documento, fechado el 6 de junio: “Realizada la consulta en el sistema de control de acceso a las diferentes sedes de la entidad, no se encontró registro de ingreso el día 30 de enero de 2023 de la señora Marelbys Meza”.

Son cientos de folios con información sobre todas las presuntas irregularidades que se habrían cometido en este caso, y van desde protocolos para el uso del polígrafo, manual de funciones de Laura Sarabia como jefa de gabinete, minutas de libros de registros de entrada de personas y vehículos desde diferentes edificios, incluido el Galán, donde se realizó el polígrafo, la misteriosa oficina de anticipaciones ubicada en la Dian, y muchas más pruebas que, por ahora, plantean que en este caso sí se habrían presentado claras irregularidades por parte de funcionarios del Gobierno.