Exclusivo | Exministra TIC niega ante la Corte Suprema haber sido presionada por congresistas en caso Centros Poblados

Este miércoles, desde las 2 de la tarde, la exministra de las TIC, Karen Abudinen, acudió ante la Corte Suprema de Justicia para atender una citación que le hizo el alto tribunal en el marco de la investigación por el escándalo de Centros Poblados. La exministra, según pudo establecer SEMANA, advirtió que ningún congresista ha participado en estos hechos y que tampoco ninguno la contactó para el tema de los anticipos.

¿A quién se refiere Abudinen? Cabe recordar que los nombres de varios congresistas fueron mencionados en este escándalo sin que hasta ahora se tenga prueba alguna de su participación. Por ejemplo, se habló en una denuncia que posteriormente fue retirada de Armando Benedetti y Antonio Luis Zabaraín.

A Benedetti, sin que hasta ahora haya prueba alguna, se le había señalado por supuestamente haberle pedido a Abudinen en una llamada que cediera el contrato por el que se abrió el escándalo que hoy tiene perdidos $70.000 millones.

Sobre este tema, Benedetti ya se defendió. El congresista publicó varios trinos sobre el tema, aclarando que “con Emilio Tapia jamás en la vida me he tomado un tinto o una Coca-Cola, ni me he reunido, hablado telefónicamente o cruzado un email o un chat. Como en las viejas épocas del ‘rufián’, quieren meterme en cuanto caso de corrupción hay”, indicó en su cuenta de Twitter.

La Corte Suprema de Justicia, cabe recordar, había citado a Abudinen por el escándalo en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Centros Poblados, en donde se encuentran embolatados 70.000 millones de pesos. El contrato tiene que ver con la licitación para llevar internet a las regiones más apartadas del país.

Abudinen entregó en poco más de 2 horas y media detalles sobre el rol que tuvo dentro de la ejecución del polémico contrato en la que están en juego más de 70.000 millones de pesos de un anticipo hecho al contratista.

Pero no solamente la Corte Suprema le puso la lupa al tema. La Contraloría General de la República informó que escudriñará 234 contratos, que datan desde el año 2014, de cuatro empresas contratistas que tienen relación con el caso de corrupción de la Unión Temporal Centros Poblados, investigada por la pérdida del anticipo de más $70.000 millones de pesos que recibió para ejecutar un contrato y llevar el servicio de internet a zonas rurales del país.

Este proceso fiscal se abrió a mediados de agosto pasado por una cuantía estimada de $70.243 millones, por las irregularidades en la planeación adelantada por FunTIC en el trámite de una licitación de 2020, así como en el manejo del anticipo y ejecución del Contrato 1043 del 18 diciembre de 2020 resultado del proceso licitatorio.

Dicho contrato, suscrito con la unión temporal Centros Poblados, tenía por objeto la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de internet en 14.745 centros digitales en zonas rurales de los 32 departamentos del país.