Exclusivo: Integración Social, a responder por un hallazgo fiscal de $2.366 millones por mal manejo en comedores comunitarios

La Contraloría de Bogotá acaba de terminar una auditoria a la Secretaría Distrital de Integración Social, ordenada hace tan solo dos meses por el propio contralor Julián Ruiz, luego de que se hicieran públicas varias denuncias de malos manejos al interior de la entidad en la atención de población vulnerable.

SEMANA conoció en exclusiva que el órgano de control determinó un total 21 hallazgos administrativos, de los cuales 10 tienen presunta incidencia disciplinaria y 6 con incidencia fiscal en cuantía de $2.366 millones, en lo relacionado con la gestión fiscal de los recursos aplicados en cumplimiento al objeto del servicio social de los comedores comunitarios.

La ex secretaria Xinia Navarro, quien estuvo en la entidad desde el comienzo de la administración de la alcaldesa Claudia López hasta noviembre de 2021; Julián Moreno, quien fue secretario encargado entre noviembre y diciembre de ese mismo año, y la actual secretaria, Margarita Barraquer, quien asumió el cargo en enero de 2022, deberían entregar respuestas ante la Contraloría por los hallazgos encontrados.

En un primer momento, la Contraloría detectó un hallazgo administrativo por debilidades en el seguimiento a la gestión adelantada por la Secretaría de Integración Social, en la identificación de riesgos en la administración de los recursos, que alertaran oportunamente la posibilidad del cierre de servicios por no adelantar los procesos contractuales oportunamente.

Es decir, para la Contraloría la Secretaría de Integración Social pudo evitar el cierre del algunos comedores comunitarios, pero no lo hizo a tiempo, lo que generó, como también lo evidenció el órgano de control distrital, que se presentaran intermitencias e incumplimiento en la entrega de las raciones alimentarias pactadas para los comedores comunitarios.

Irónicamente, mientras en algunos puntos se presentaban incumplimientos en la entrega de raciones alimentarias a población vulnerable, por otro lado, la Secretaría realizó pagos en los contratos de operación de los comedores comunitarios, mediante giros, superiores al valor de las minutas alimentarias establecidas y aprobadas en las estructuras de costos y/o precios de referencia pactadas en los convenios de asociación. Es decir, se pagó mucho más dinero que lo permitido por un valor de $ 2.284 millones.

Las irregularidades en pagos efectuados por la Secretaría de Integración Social no paran ahí. La Contraloría estableció que hubo un mayor valor pagado entre el reporte de pagos que se hace al registro financiero MC-14, y los informes de interventoría, frente a lo real a pagar según raciones aprobadas. Este hallazgo supera los $46 millones.

De otra parte, se pagaron honorarios a un nutricionista por $10.600.000 bajo el concepto de gastos administrativos, pero estos honorarios ya estaban incluidos dentro de la estructura de costos como costos directos a cargo del operador.

Los resultados de la auditoría son claros en evidenciar que en Integración Social pagaron mucha plata de más en varios rubros, pues adicional a los hallazgos anteriores, la Contraloría encontró un historial de pagos a Idipron por $13.499 millones, cifra incongruente frente a los recursos comprometidos contractualmente según aporte de la Secretaría por valor inicial de $7.160 millones y adición de $1.537 millones, para un total de $8.697 millones.

De otra parte, la Contraloría haló que los informes de interventoría presentan inconsistencias e incongruencia respecto de las cantidades de raciones entregadas y la ejecución financiera, diferencias e inconsistencias de información registrada de entregas de raciones versus valores pagados.

Así mismo, de manera inexplicable, según las bases de datos, los comedores comunitarios prestaron atención a personas que están registradas como muertas, lo que dio origen a un hallazgo administrativo con incidencia fiscal por un valor de $1.492.414.

A lo anterior, se suma que en los comedores comunitarios, según la base de datos de la población beneficiaria, hubo atención de personas privadas de la libertad en centro carcelario por un valor de $16.090.272.

Pero los hallazgos van más allá. Como si fuera poco, la Contraloría evidenció deterioro de instalaciones, elementos de cocina, muebles y una inadecuada disposición de alimentos en los diferentes comedores comunitarios.

Finalmente, se reporta falta de control de los requisitos legales de las entidades sin ánimo de lucro que prestan el servicio de comedores comunitarios.

Desde el Concejo de Bogotá, la cabildante Lucía Bastidas y el concejal Juan Baena, han estado alertando desde principio de año por el caos de la Bogotá cuidadora y los hallazgos de la Contraloría les da parte de la razón.