Exclusivo | En este audio, Juan Fernando Petro, hermano del Presidente, presiona para que le den carro blindado y alardea porque “puso” a Danilo Rueda

“Yo lo puse ahí”, dice Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, Gustavo Petro, al referirse a Danilo Rueda, comisionado de paz del Gobierno nacional. La revelación que hace el hermano del primer mandatario se escucha de su propia voz en un audio que conoció SEMANA.

“Tu subdirector no entiende que yo no soy comisionado de paz, como Danilo Rueda. Él es el comisionado de paz del Gobierno nacional. Danilo Rueda, de hecho yo lo puse ahí”, se escucha en la conversación que sostiene Juan Fernando Petro con un interlocutor que no se conoce, pero que anticipa una polémica.

La voz del hermano del presidente Petro advierte un tufo de molestia porque insiste no ser parte del Gobierno nacional, aunque reiteró que fue gracias a su gestión que Danilo Rueda llegó al cargo de alto comisionado para la Paz. Juan Fernando Petro reclama por la dignidad de su cargo como comisionado, pero internacional.

“No, yo soy alto comisionado de paz internacional y no tiene nada que ver con el Gobierno nacional, con Colombia, con Gustavo, con la Presidencia, con el Estado. Soy nombrado desde afuera, desde Costa Rica, a través de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos”, señala Juan Fernando Petro en el audio que conoció SEMANA.

La molestia del hermano del presidente Petro, que lo llevó a hacer la polémica revelación de ser el responsable de ubicar al alto comisionado de Paz en dicho cargo, cuando se supone es una función del primer mandatario, ocurre mientras advierte que se ha “perjudicado” por falta de una camioneta.

“Entonces él no lo tiene claro y me ha perjudicado mucho en todo lo que tiene que ver con el compromiso de seguridad, porque hemos solicitado inclusive al Dapre una camioneta por mi cargo y no porque sea el hermano de Gustavo. Porque no entiende que no soy comisionado de paz de la institución, del Gobierno, pero sí por mi cargo internacional”, se escucha en el audio.

Juan Fernando Petro insiste que su cargo “internacional” lo obliga a desplazarse por distintos departamentos del país y que la falta de un vehículo lo deja en un riesgo “doble”: por su cargo de comisionado internacional de paz y la condición familiar, de hermano del primer mandatario, que en su criterio sería suficiente para recibir el vehículo que exige.

“Porque yo no tengo oficina, mi oficina es viajar continuamente por todos los departamentos, por todos los territorios. Entonces eso me exige una seguridad doble, primero por el hecho de ser hermano del presidente; segundo, por el hecho de ser comisionado de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos Internacional”, dice el hermano del presidente Gustavo Petro.

En la conversación, Juan Fernando Petro aseguró que ya tocó las puertas de Mauricio Lizcano, en el Departamento Administrativo de la Presidencia, así como de varios oficiales en la fuerza pública y nadie responde a sus requerimientos.

“El Dapre dijo que me daría una camioneta. Yo hablé con Lizcano, él dijo que sí, que claro, era la seguridad de la familia presidencial. Hablé con la coronel Sandra, que sí. Es decir, todo el mundo me ha dicho que sí, pero hasta el momento no tengo ninguna respuesta de ninguna camioneta”, se escucha en la conversación.

Se trata de un hecho particular, que el hermano de un presidente de la República pase por varias instituciones pidiendo una camioneta o seguridad, mientras advierte que su parentesco familiar y un cargo que no reconoce el Gobierno nacional es suficiente para recibir los beneficios.

La Comisión Internacional

En el audio, el hermano del presidente Gustavo Petro asegura que fue nombrado comisionado internacional de paz por una organización no gubernamental, que en su sitio web se conoce como la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, que resulta muy distante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la OEA.

A través de un comunicado, este organismo internacional aseguró que nombró a Juan Fernando Petro como “comisionado del cuerpo de paz” para instalar mesas de diálogo con grupos al margen de la ley en Latinoamérica. Una actividad que el Gobierno nacional no ha reconocido oficialmente.

“El consejo directivo de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, al hacer el anuncio, también rechazó la violencia que se ha presentado en el país contra los miembros de la fuerza pública, que ya han cobrado la vida de 34 policías y 56 militares, y le hizo un llamado al Clan del Golfo para sentarse a dialogar”, señala el comunicado de esta ONG.

Juan Fernando Petro, hermano del presidente, dice que narcos y abogados están usando su nombre para negociar: “Cobran hasta $ 800 millones para tener cita conmigo”

En entrevista con SEMANA, el hermano del presidente Gustavo Petro niega relación alguna con los millonarios cobros a los narcos para convertirlos en gestores de paz. Asegura que nunca se ha reunido con extraditables y que está presto para que lo investiguen.

SEMANA: ¿tenía conocimiento de todo esto que reveló SEMANA?

Juan Fernando Petro (J. F. P.): como chisme lo sabíamos, pero era chisme de pasillo. No le dimos importancia porque en Colombia ocurren muchas cosas y la mayoría no son ciertas. Sin embargo, no me extraña porque en la época de diálogos con el expresidente Álvaro Uribe hubo gente que se aprovechó para meter a otra que nada tenía que ver. No me extraña que haya un cartel de abogados y otros que quieran negociar con la paz. No puedo decir quiénes son porque no tengo datos concretos, la intuición me dice que sí es cierto.

SEMANA: ¿ese rumor lo escuchó en las cárceles?

J. F. P.: no, yo he estado en La Picota y saben todo lo que me costó eso. De hecho, han inventado una historia falsa llamada ‘el pacto de La Picota’, he querido que eso se aclare pero siguen haciendo hilos con ese tema. La información surgió después.

SEMANA: ¿a través de abogados?

J. F. P.: no, mi mundo no es el de los abogados, mi mundo es el de los derechos humanos y la filosofía. Cuando era joven, mi papá me dijo que si estudiaba derecho y dije que no porque no me gusta. Pero creo que puede haber gente que aproveche estas condiciones y se generen negocios sobre eso, la paz es un negocio para algunos.

SEMANA: hay abogados afirmando que usted hace cobros para ingresar narcos a la paz total, ¿es verdad?

J. F. P.: no, empezando que no conozco abogados que estén metidos en el tema de la paz. En los recorridos que hago por el país me he encontrado abogados que preguntan por la paz, pero ninguno me ha mencionado negociaciones o asuntos económicos relacionados con la paz. Eso es falso.

SEMANA: entonces los supuestos cobros que usted hace serían falsos…

J. F. P.: totalmente falso. El presidente Petro sacó un [tweet] diciendo que solo él y el comisionado de Paz son los únicos facultados para hablar de paz si eso se diera. Nadie más puede hacerlo y estoy de acuerdo con él. Después de lo que pasó en La Picota yo no volví a ninguna cárcel y no he hablado con extraditado alguno. Me pueden investigar y encontrarán que esa información es falsa.

SEMANA: ¿por qué lo quiere meter en este tema?

J. F. P.: me quieren utilizar; he aprendido que todo se teje con los intereses políticos y por desgracia la paz tiene esos tintes, en los que hay intereses creados; no todos están de acuerdo con el presidente Petro sobre la paz y buscan cómo dañar sus políticas, utilizan ciertas cosas para esa finalidad y yo soy una de las figuras que puede ser utilizada para eso. Han utilizado mi nombre para hacer negociaciones, sé que eso pasa, aunque no tengo la certeza de quién lo hace y tengo información de que hay gente que paga desde 20 hasta 800 millones de pesos para tener una cita conmigo. Cobran para tener una cita conmigo.

SEMANA: ¿ese cobro lo hacen pensando que usted, por ser el hermano del presidente Petro, puede ayudarles?

J. F. P.: exacto y ahí hay un engaño. Uno de pronto se sienta con alguien para hablar sobre algún tema y resulta que alguien le cobró por eso, eso es increíble y me parece increíble. Todas esas cosas sumadas hicieron que yo me apartara de ese tipo de temas porque ya uno no sabe en quién confiar. Es que hasta una foto ya es problema porque uno no sabe quién es. Hago trabajos personales, de pedagogía de paz en los territorios y de filosofía.

SEMANA: estos cobros de los que habla, ¿los denunció o le comentó al presidente Petro?

J. F. P.: lo hemos hablado informalmente porque yo no tengo datos concretos o nombres sobre los que han hecho eso. Es una información que puede ser chisme, pero no me extraña, y más ahora con la información que se está conociendo sobre los extraditables. Yo me muevo por muchas partes del país para la pedagogía, pero quiero dejar claro que nunca he recibido dinero, no lo exijo y mucho menos me he reunido con extraditables.

SEMANA: ¿cómo se enteró de esos cobros para tener una cita con usted?

J. F. P.: cuando llego a una ciudad o municipio me han dicho que hay gente pidiendo dinero para una cita conmigo, me ha pasado en varios lados, así que nada me extraña. No se deben negociar económicamente con la paz, eso es burdo y sería como si la paz fuera un tema de prostitución y eso no es así.

SEMANA: hay narcos que ya habrían pagado para ingresar a la ‘paz total’. ¿Le preocupa que algunos hayan pagado también para tener una cita con usted?

J. F. P.: claro que me preocupa porque no pido dinero, no he autorizado a nadie ni estoy en ese cuento. Usar mi nombre es grave y tajantemente digo que no tengo nada que ver con ese tema.

SEMANA: cuándo se enteró de los cobros, ¿por qué no hizo la denuncia pública?

J. F. P.: porque no le di importancia, puede ser un chisme y por eso no le di importancia. No creo en chismes, pero ahora con todo esto que está pasando pues es una alerta. Ustedes sacan un artículo con información precisa y eso ya preocupa. No acepto que mi nombre esté ahí porque no tengo nada que ver con el tema, así que ojalá abogados y personas no se dejen engañar.

SEMANA: ¿qué le dijo el presidente Petro cuando usted le contó?

J. F. P.: lo mismo que puso en el trino que escribió porque nadie está facultado por el Gobierno para hablar de paz, eso no tiene discusión. Cuando trabajé con la Comisión Latinoamericana nos acercábamos a la población como mediadores, no como negociadores porque no tenemos esa calidad. Nada más.

SEMANA: ¿cuándo se enteró de ese rumor?

J. F. P.: yo creo que a finales de 2022. Desde ahí se empezó a intuir todo lo que vendría. Eso de negociar económicamente la paz es increíble.

SEMANA: señor Petro, todo esto empezó con las visitas a La Picota que usted hizo con Piedad Córdoba…

J. F. P.: lo han querido conectar, han querido hacer una conexión porque a muchos les interesa que eso pase. Eso nada tiene que ver. Quieren afectar al gobierno del presidente Petro y tengo que repetirlo: no hubo ningún pacto de La Picota, eso lo repetiré en los escenarios que sea. Fuimos a escuchar personajes corruptos que cometieron errores y ahí terminó todo. Quisieron hacer ver que todo empezó desde allá. Cuando estuvimos, Petro era candidato y nadie tenía la certeza de que ganaría. Estuvimos en La Picota, pero nunca entramos al patio de los extraditables. Así que nada tiene que ver una cosa con otra.

SEMANA: pero es que todas las actuaciones que usted haga siempre estarán ligadas al presidente Petro. ¿Él le ha pedido que se mantenga al margen?

J. F. P.: sí, en un sentido; de hecho, estoy al margen de todo lo que tiene que ver con la ‘paz total’, pero como individuo sigo trabajando en temas de paz, pero pedagógicos. Como ser humano me encanta el tema de la paz porque ese es el camino, así que seguiré hablando del tema en varias regiones del país. Eso no es malo, lo malo es que haya gente que quiera sacar provecho de la paz.

SEMANA: ¿ha hablado con el presidente Petro después de la información que reveló SEMANA?

J. F. P.: tenía que verme con él ayer, pero no pude. Él estuvo con la familia y sé que se habló porque mi mamá me llamó. Estoy de acuerdo con lo que el presidente Petro dice y es que nadie tiene facultades para hablar de paz.

SEMANA: ¿qué les dice a quienes, dice usted, usan su nombre?

J. F. P.: que no me metan en enredos. Los extraditables saben que no los conozco y que nunca me he sentado con ellos. Como hombre de paz, puedo decir que ojalá haya caminos para el bienestar de todos, pero que no utilicen mi nombre como un rédito para sus negociaciones. Ellos saben que nada tengo que ver con eso. Lo que hagan el comisionado de Paz y el Gobierno Petro es lo que vale. No tengo capacidad para negociar, ni puedo negociar.

Escandaloso: narcos pagan un millón de dólares para ser gestores de paz. SEMANA destapa la peligrosa trampa que tiene en máxima alerta al Gobierno Petro

Un sofisticado, oscuro y millonario plan amenaza la ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro. SEMANA conoció en exclusiva que algunos narcotraficantes le estarían pagando hasta un millón de dólares a un cartel de abogados a cambio de ser nombrados gestores de paz para así evitar su extradición a Estados Unidos y quedar en libertad. La situación más crítica se vive en las cárceles de Antioquia y en La Picota, en Bogotá. La escandalosa trampa tiene las alarmas encendidas en la Casa de Nariño, la Oficina del alto comisionado para la Paz y el Inpec.

El negocio sucio empezó a gestarse en la pasada campaña presidencial, cuando estalló la polémica por las visitas a las cárceles de Piedad Córdoba y Juan Fernando Petro, hermano del hoy presidente Gustavo Petro. En ese entonces se habló de un “perdón social” que incluiría a corruptos, asesinos y narcotraficantes. En el caso de Córdoba, se denunciaron supuestos ofrecimientos a los extraditables para no ser enviados a Estados Unidos si Petro ganaba las elecciones. Ninguna autoridad investigó el tema y el candidato apartó a Córdoba de su equipo. Desde entonces, un cartel de abogados, muy oportunista, puso en marcha la macabra estrategia que hoy destapa SEMANA.

Varios abogados consultados por este medio dieron fe, bajo reserva, de lo que está ocurriendo en las cárceles donde están recluidos los narcos. “A mi cliente le contaron que con ese pago se garantiza la no extradición, mientras, al mismo tiempo, era posible apuntar a unos beneficios. El tema surgió y se conversó. La información circuló entre varios abogados. Algunos aseguran que tienen audios y chats que confirman las exigencias de dinero”, sostuvo una abogada que defiende a varios capos.

Y agregó: “Incluso se conoce el caso de un narco extraditado, con el nombre o el alias de Álex, que hizo un pago de un millón de dólares a una ONG que le aseguró que ese trámite quedaría congelado, pero no le cumplieron y seguramente estará denunciando ese pago ante las autoridades de Estados Unidos”.

Sobre las pruebas, otra fuente indicó: “Hay un abogado que tiene todas las grabaciones con las exigencias de dinero de dos reconocidos personajes a los narcos para incluirlos en la ‘paz total’. Pero tiene miedo de entregarlas”.

Ante estas graves denuncias, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, expresó que su oficina está al tanto de los hechos: “Hemos tenido información e indicios de que está sucediendo una operación irregular e ilegal, en donde quizás algunos clientes están siendo engañados al recibir ofrecimientos para ser gestores de paz”.

Otro caso que activó las alertas en el Gobierno fue el de José Ómar Henao Acevedo, alias Ómar, señalado de ser un gran capo de la mafia en Antioquia y de comandar la tenebrosa banda de Los Pachelly. Este grupo criminal ha manifestado públicamente su voluntad de formar parte de la ‘paz total’ de Petro. Henao Acevedo estaba preso en una URI de Medellín, pero las autoridades descubrieron una información delicada: le habría pagado a un abogado hasta 120 millones de pesos para ser trasladado a la cárcel de Itagüí. Sin embargo, ya estaba “perfilado” para ser recluido en La Picota, en Bogotá, dijo una alta fuente del Inpec. Por eso, su plan falló y puso en evidencia una primera movida corrupta para obtener beneficios.

El comisionado Rueda explicó a este medio que muchos narcos se han acercado a su oficina a través de abogados y él mismo, acompañado de sus funcionarios de confianza, los ha atendido en audiencias presenciales y, en dos ocasiones, virtuales. “Ningún acercamiento de estos está asegurando que se va a asignar una gestoría o que haya una impunidad frente a los procesos que están en curso”, explicó Rueda.

Según él, hay un examen exhaustivo de los documentos que sustentan el deseo de los narcos de participar en la ‘paz total’. No cualquiera cabe allí. De ocho solicitudes de traslado para colaborar “en labores de paz urbana en diferentes lugares del territorio colombiano”, solo cuatro están vigentes. Todas ellas, justamente, de capos recluidos en Buenaventura y en la cárcel de Itagüí, a donde quería llegar de manera tramposa alias Ómar, jefe de Los Pachelly. Todos los informes presentados se cotejan con quien lleva el proceso penal del narcotraficante.

Los traslados son parte del proceso para que los condenados sean llevados a un solo centro penitenciario que facilite las gestiones de paz frente a aquellos que siguen activos en las calles, dedicados al tráfico de drogas. Sin embargo, aún falta el marco jurídico que permita que formalmente estas personas puedan ser reconocidas como gestoras de paz, y ese trámite, inevitablemente, tiene que darse en el Congreso.

También hay un filtro de la comisión de investigación del Inpec que tiene que expedir una especie de certificado de buena conducta del detenido. Muchos abogados nunca regresan a la Oficina del Comisionado de Paz después del primer contacto. “Uno no sabe lo que pasa después”, dijo el comisionado Rueda, quien sostuvo que, básicamente, están estafando o tumbando a los narcos con falsas promesas. “Ser gestor de paz no tiene precio. Las gestorías solamente se otorgan con condiciones en la medida en que haya un proceso de construcción hacia la paz. Esto no es ni una boleta que se compra, ni tampoco algo que se rifa. Hay unos protocolos rigurosos para que pueda entregarse o designarse a alguien con esa categoría. Si se hace de otra manera, eso es corrupción”, advirtió el comisionado Rueda. ¿Es un delito? “Sí, es un delito”, dijo el funcionario.

Fuentes del Gobierno confirmaron que hace unos días un abogado que dijo venir de Cali en nombre de narcotraficantes, con conexiones con grupos armados ilegales en zonas rurales, se presentó ante el comisionado Rueda, quien lo escuchó y le dejó claros los requisitos. Al terminar el encuentro, el funcionario fue alertado de que esta persona estaba exigiéndoles dinero a los narcos con la promesa de que los convertiría en gestores de paz. Sus peticiones fueron descartadas de manera inmediata.

En libertad, una reconocida narcotraficante de Santa Marta, ligada a Los Pachenca, también estaría gestionando su ingreso a la ‘paz total’ a cualquier precio.

Los abogados, en reserva, revelaron el modus operandi del cartel.

“Lo que conocemos es que algunas fundaciones u ONG están llegando a La Picota a ofrecer esos servicios. Son unas abogadas que se conocen como Las Prepago de La Picota y que garantizan la posibilidad de evitar la extradición a través del proceso de ‘paz total’.

“Entre los privados de la libertad, la versión se regó y muchos estuvieron preguntando con el propósito de ser incluidos”.

Otro abogado, sin aportar pruebas definitivas, se fue de frente contra uno de sus colegas. “El abogado Pedro Niño cobraba primero, prometiéndoles a los extraditables que no serían enviados a Estados Unidos. Lo que me han referido algunos presos por narcotráfico es que ahora les estaría pidiendo altas sumas de dinero para, supuestamente, entrar a la ‘paz total’”.

SEMANA contactó a Niño, quien ha sido abogado del exgobernador de La Guajira Kiko Gómez, para conocer su versión frente a estos señalamientos. “Yo trabajo con total honestidad, ni siquiera a mis clientes les cobro. No soy un hombre de dinero. Si hay investigaciones, que se investigue, porque eso perjudica un proceso de ‘paz total’, trabajamos en tender puentes, me dedico a una labor humanitaria. En estos temas hay enemigos que pueden dañar los nombres. Tengo una organización de derechos humanos con excombatientes, mujeres cabeza de hogar, empresarios en busca de una paz”, dijo.

Los narcos que pagan para ser nombrados gestores de paz lo estarían haciendo directamente en dólares al cartel de abogados. Es una medida desesperada de ellos para intentar salir de la cárcel y evitar una prisión en Estados Unidos.

En las denuncias que hicieron varios abogados a este medio fue mencionado, con cierta regularidad y temor, el nombre de Juan Fernando Petro, el hermano del presidente. “En este momento he estado alejado de eso, porque me ha traído muchos problemas”, dijo.

El comisionado Rueda fue enfático en que él no tiene ningún cargo en el Gobierno, ni autorización alguna para hablar y hacer gestiones en materia de ‘paz total’. “Ninguna persona está autorizada a nombre del presidente Petro o de la Oficina del alto comisionado para la Paz. Soy el único que tiene las facultades delegadas por el presidente para estas posibilidades de traslados o de lo que podría ser un gestor de paz. Nadie que esté obrando a nombre de la oficina cobrando recursos está autorizado ni legitimado para eso”, señaló Rueda. Asimismo, agregó que en la oficina “reposan documentos de las únicas personas que pueden participar como facilitadores en los acercamientos. Pero son unas únicas personas certificadas, las cuales están siendo monitoreadas y tienen que entregar informes permanentes a la Oficina de Paz”.

La ‘paz total’ ha sacudido a tal nivel las cárceles del país que el Inpec le ha pedido a la Oficina del alto comisionado que fije una metodología y dé lineamientos claros ante la avalancha de solicitudes de presos que quieren sumarse a esa iniciativa del Gobierno. Está confirmado que ha habido reuniones de alto nivel entre las dos oficinas para tratar de frenar las trampas de los narcos.

Esmeralda Echeverry, de la Fundación Cárceles al Desnudo, sostuvo: “Son relatos de los propios internos que estaban buscando incluirse en estos procesos. Algunos personajes con perfil alto (narcos) han hecho algunos pagos a personas que son ajenas al Gobierno, pero que en las conversaciones indican que son cercanos al proceso de ‘paz total’”.

“Nos informaron puntualmente que unos abogados estaban intermediando para convertirlos (a los privados de la libertad) en gestores de paz. Se presentan como allegados al Gobierno y garantizan la inclusión a cambio de un pago con cifras elevadas”, reveló Echeverry. “Nos comunicamos con la dirección del Inpec para advertir y se generaron las alertas sobre el tema. Informamos al alto comisionado para la paz y le pedimos revisar el procedimiento, tener una línea clara para evitar malas interpretaciones”, agregó.

El presidente Petro sabe que con los narcos hay que tener mucho cuidado. En el pasado han demostrado que son expertos en buscar rendijas para colarse en los procesos de paz, como ocurrió en los diálogos de Ralito con los paramilitares. Por ejemplo, Miguel Ángel Mejía Múnera, líder del Clan de los Mellizos, terminó pagándoles a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para que le vendieran el bloque Vencedores de Arauca. De esta manera, el narco buscaba evitar su extradición. En el caso de los diálogos con las Farc, durante el gobierno Duque, se conoció un episodio en el que intervino el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. Todo por cuenta de que seis supuestos narcos estaban siendo cobijados con los beneficios otorgados a quienes se desmovilizaron en nombre de las Farc. En 2019, tras la advertencia de la embajada, el gobierno Duque los retiró de la lista.

La abogada Angélica Sánchez, de la mesa de diálogo para la ‘paz total’ en La Picota, dijo que han detectado que se están creando “submesas” que prometen la inclusión en la paz total por medio de ONG o fundaciones que estarían aprovechando la coyuntura para hacer “exigencias de dinero”.

Mientras los narcos intentan colarse como gestores de paz con el pago de millonarias sumas de dinero por medio de un cartel de abogados, en el país crece la preocupación por la falta de operativos contundentes de la fuerza pública contra el narcotráfico.

Las cifras más recientes de la Fiscalía, con corte al 27 de enero de este año, revelan que, después de que el presidente Petro decretó el cese al fuego bilateral, el 31 de diciembre, en lo corrido de 2023 solo han sido destruidos 11 laboratorios de procesamiento de droga. En enero de 2022 esa cifra fue de 213. Por su parte, mientras en enero de 2022 se incautaron 33 toneladas de cocaína, en enero de este año apenas fueron diez.

El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, es testigo de excepción de la preocupación de Estados Unidos por la suerte que está corriendo la lucha antinarcóticos. En ese país también hay alarma porque el Gobierno Petro intentó solicitar que se levantaran las órdenes de captura a cinco narcotraficantes pedidos en extradición y que forman parte del Clan del Golfo y Los Pachenca.

Finalmente, el comisionado Rueda advirtió que el Gobierno no permitirá, bajo ninguna circunstancia, que el cartel de abogados y los narcos se salgan con la suya en la ‘paz total’. “El Gobierno ni vende cupos ni los ofrece. Nosotros con estos indicios, y luego de cotejar una información, vamos a solicitar a la Fiscalía una investigación. Aquí hay una comisión de múltiples delitos”, sostuvo.

El país está avisado, al igual que los abogados corruptos y los narcotraficantes. “Yo no me imaginaba que la paz tuviera tantos negociantes. Y negociantes que pretenden sacar provecho de una circunstancia, de un valor profundo como es la paz, con negocios indebidos, haciendo trampas, y eso afecta, pero al igual creo que también nos fortalece en mantener el rigor en los escenarios dialógicos que se establezcan”, sostuvo el comisionado Rueda, quien dijo que todo lo que se haga en las cárceles “va a ser transparente y no de espaldas a nadie”.

SEMANA confirmó que por lo menos dos abogados cercanos al Gobierno Petro, en medio de las denuncias, se tuvieron que marginar de la estrategia de la ‘paz total’.