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Judiciales
Exclusivo: La carta de la defensa del empresario Carlos Mattos a la Audiencia Nacional de España
El abogado del empresario señala que recientes declaraciones del Ministro de Justicia de Colombia ponen en tela de juicio la seriedad de una autoridad en materia judicial como la Audiencia Nacional en España. Se trata del famoso caso Hyundai.
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SEMANA conoció, en exclusiva, una carta que le envió el abogado del empresario Carlos Mattos en España a la audiencia Nacional en ese país. Esto, después de las declaraciones que les entregó el ministro de Justicia Wilson Ruiz a medios radiales y escritos en Colombia, incluyendo SEMANA, en las que explica que ha establecido comunicación con autoridades en España y que le han confirmado que en los próximos días se daría su extradición.
La misiva está firmada por el abogado Fernando Ismael Oliver Romero y señala: “El Ministro de Justicia colombiano está categorizando tácitamente a la Audiencia Nacional de corrupta, a sucumbir a prácticas que se alejan de los estrictamente jurídico y de lo que esta institución realmente representa”.
Advierte que, de ser ciertas las palabras del Ministro de Justicia, “nos encontraríamos ante la clara intromisión de un tercer país en procedimientos judiciales seguidos en España, con la consiguiente vulneración de los más elementales derechos fundamentales”.
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Otro caso, además de los que se han conocido en Colombia esta semana que serían extraditados, es el del empresario Carlos Mattos. A comienzos de este año, las autoridades de España notificaron al país, por los canales diplomáticos, que se había aprobado su extradición. El ministro, en diálogo con SEMANA, confirmó que en los próximos días se dará el trámite correspondiente para que Mattos llegue a Colombia y que esto se puede señalar tras haber tenido diálogo o reuniones con funcionarios de ese país.
En otro aparte de la misiva señala la defensa de Mattos en España: “Las palabras del Ministro de Justicia ponen en duda la imparcialidad de este órgano judicial y sus declaraciones no deberían pasar desapercibidas, debiendo este órgano judicial pronunciarse de forma pública y averiguar si dicha reunión se produjo, ante quién y en qué términos se promovió, a los efectos de evacuar las eventuales responsabilidades que surgiesen, a fin de garantizar y trasladar el respeto que este órgano judicial brinda a los derechos fundamentales de cualquier justiciable y mostrar la imparcialidad”.
Y es que el sonado caso Hyundai lleva más de cinco años rodando por despachos judiciales y el protagonista de esta contienda legal, el empresario Carlos Mattos, está en España debido a que el juicio en su contra ha sido aplazado en varias ocasiones.
El caso arrancó como una disputa civil por la comercialización de los vehículos Hyundai en Colombia, en la que Carlos Mattos insistía en tener la representación legal. En ese momento, según la Fiscalía, el señor Mattos logró que funcionarios judiciales y abogados se orquestaran para conseguir que el reparto de una demanda terminara en manos de un juez específico.
El proceso de investigación de las autoridades permitió identificar que el plan funcionó y la demanda quedó en manos del juez que —finalmente— tendría, según la Fiscalía, que fallar a favor de Mattos. Esa estrategia criminal incluyó sobornos a funcionarios judiciales y la manipulación del sistema de reparto en los juzgados civiles de Bogotá.
No obstante, el proceso va más allá y un juez, un oficial mayor de juzgado, ingenieros de la rama judicial y abogados terminaron capturados y, al final, los reflectores apuntaron a Carlos Mattos. La Fiscalía obtuvo órdenes de captura en su contra y se solicitó su extradición de España.
En marzo, el Ministerio de Justicia le envió una carta a la Cancillería en la que pide más información sobre el caso de Carlos Mattos y los motivos bajo los cuales se ampara su solicitud de extradición. El motivo es que, aunque Mattos es investigado por tres delitos en Colombia, la petición a España solo plantea uno, lo que podría afectar su proceso e incluso que en el país solo se le pueda juzgar por cohecho. Es decir, existía el riesgo de ser juzgado solo por un delito.