JUDICIALES
Exclusivo: la impactante carta del magistrado Ibáñez que revela que está chuzado por Gobierno Petro: “Mi celular ha sido intervenido”
“He verificado que han sido intervenidas las comunicaciones de los magistrados auxiliares que trabajan en mi despacho (...). Es una situación absolutamente irregular y arbitraria de la cual somos víctimas”, sostuvo el jurista.
Desde hace meses, las presiones y el hostigamiento que viven los magistrados de las altas cortes es un hecho que estremece al Palacio de Justicia. Pero, hasta ahora, nadie había hecho una acusación tan grave contra el gobierno de Gustavo Petro como la que radicó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en una sentida carta a la fiscal general Luz Adriana Camargo.
SEMANA conoció en exclusiva la misiva, fechada del 14 de junio, en la que el togado, que se caracteriza por su independencia frente al Palacio de Nariño, advierte lo que está viviendo y apunta a un responsable: la inteligencia oficial del Estado.
“Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia), en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Uiaf)”, señaló el magistrado.
Y sostuvo algo alarmante. “También he verificado que han sido intervenidas las comunicaciones de los magistrados auxiliares que trabajan en mi despacho (...). Es una situación absolutamente irregular y arbitraria de la cual somos víctimas (...) y no descarto que esa misma actuación se pueda estar dando en relación con otros magistrados de la Corte Constitucional”, agregó el magistrado.
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En la Corte Constitucional no se ha vivido una situación semejante. El tema ha generado desconfianza y un ambiente de zozobra al interior de esa alta corporación. Llama la atención que quien sufra estas persecuciones sea una voz tan experimentada en el derecho y con tanta autonomía como la de Ibáñez. El jurista llegó a la Corte en el año 2020 y reemplazó a Luis Guillermo Guerrero.
El alto tribunal, durante muchos años, ha tenido una composición relativamente equilibrada con un bloque liberal y otro conservador. Guerrero se consideraba del segundo y el nombramiento de Ibáñez garantizaba ese equilibrio de fuerzas.
Su voz en el derecho era para ese entonces ya bastante conocida. Fue el abogado que denunció interceptaciones y seguimientos ilegales, el tribunal de arbitramento que presidía falló contra Odebrecht y el Grupo Aval en el pleito surgido del contrato Ruta del Sol 2. El laudo le dio la razón al Estado, lo salvó de una billonaria indemnización y castigó a la constructora y los bancos.
Ibáñez Najar es abogado y especialista en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana, y magister en Derecho, con énfasis en Derecho Administrativo, de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. DEA (magister) en Derecho Internacional Público, doctor en Derecho, suma cum laude, y posdoctor en Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional de la Universidad Alfonso X El Sabio, de Madrid España. Doctor honoris causa en Educación de la Unad.
En su trayectoria en la Corte Constitucional ha sido un contrapeso al Gobierno. Por ejemplo, fue el ponente de la discusión de la paz total y pidió tumbar esa iniciativa bandera del gobierno de Gustavo Petro por considerarla inconstitucional.
En cuanto al Ministerio de la Igualdad, que hoy es el proyecto bandera de la vicepresidenta Francia Márquez, la Corte finalmente decidió diferir los efectos de la decisión de inexequibilidad al término de dos legislaturas, pero Ibáñez salvó el voto y aseguró que debía ser inmediato, dado que se había dado la adopción de un acto de naturaleza legislativa sin el cuórum decisorio en el Congreso.