Exclusivo: la historia secreta de la violenta toma de Cali

El 28 de abril, todo parecía normal en Cali en medio de una masiva jornada de protesta pacífica. Sin embargo, de forma paralela, se empezó a ejecutar el plan criminal de las disidencias de las Farc y las milicias urbanas del ELN: la violenta toma de la capital del Valle del Cauca. Dos semanas después, en un hecho sin antecedentes en la historia del país, la tercera ciudad de Colombia, con más de 2 millones de habitantes, sigue literalmente en jaque.

La primera fase de la toma consistió en una oleada de vandalismo, que azotó a la ciudad en diferentes puntos con quema de oficinas públicas, bancos, destrucción del sistema de transporte masivo MIO, saqueo de locales comerciales y fuertes enfrentamientos entre encapuchados y agentes del Esmad.

La violencia fue tal que el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, se vio obligado a decretar un toque de queda urgente después del mediodía de ese miércoles 28 de abril. Los ciudadanos, aterrorizados, se resguardaron en sus viviendas. Y, en las horas siguientes, se divulgaron centenares de videos en las redes sociales, grabados en los desmanes o desde las ventanas de las casas.

Todo era, particularmente, violento, y fue más allá del habitual ataque con piedras de vándalos a la fuerza pública, de gases lacrimógenos y desórdenes. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Sin que nadie lo hubiese al menos sospechado, la toma de Cali había empezado.

SEMANA tuvo acceso a un dosier de interceptaciones telefónicas e información de inteligencia que dejan al descubierto cómo se organizó el bloqueo a la ciudad y quiénes estuvieron detrás. Los investigadores poseen un informe reservado que revela como las disidencias de las Farc, el ELN y grupos barriales y pandillas, convertidos en “determinadores de los puntos de resistencia”, es decir, de los bloqueos, se instalaron estratégicamente en cuatro sitios de Cali: en el Paso del Comercio (para cerrar la vía a Palmira y al aeropuerto), en Calipso (para bloquear el oriente) y en Puerto Rellena y Meléndez (para impedir la salida al Cauca).

La Portada al Mar también fue bloqueada, lo que truncó el paso a Buenaventura, y, asimismo, el puente de Juanchito, que dejó incomunicada a Cali con Candelaria, Valle. Los sectores de Sameco y Menga, asimismo, fueron cerrados. La capital del Valle quedó literalmente cercada. Un plan que, además, buscaba ahorcar el comercio y asfixiar económicamente a la ciudad.

Terrorismo urbano

Las cabezas de la toma de Cali son, según informes de inteligencia, Iván Márquez con la Nueva Marquetalia, y alias Gentil Duarte, jefe de las disidencias de las Farc y encargado del tráfico de drogas en el suroccidente del país, junto con sus lugartenientes alias Jhonnier, alias David y alias Darío. El ELN también desplegó milicianos en diferentes puntos de la ciudad para causar caos.

En el caso de las disidencias de las Farc, la cara más visible es Anderson Johan Maldonado Cáceres, alias Jacobo, señalado de comandar las milicias de la columna Dagoberto Ramos, capturado por la Fiscalía y la Policía en el barrio La Unión, en el oriente de Cali.

Este hombre tenía todo el peso para asegurarse, desde las calles, que la capital del Valle del Cauca quedara sitiada. Por parte del ELN, uno de los protagonistas del plan criminal, de acuerdo con los investigadores, es Yeison Lerma Castro, un hombre que creció en el distrito de Aguablanca en Cali.

En las grabaciones conocidas por SEMANA, se escucha a disidentes de las Farc y a milicianos del ELN dando órdenes y organizando el transporte de material explosivo, armas y hombres a los lugares más afectados por el vandalismo y los ataques contra la fuerza pública. “Estoy necesitando unas cositas”, dice alias Jacobo, en una conversación interceptada en la noche del 30 de abril. Al otro lado de la línea, le responde una voz desde las montañas del norte del Cauca, según las autoridades: “Ya le mandé la que está sin explosivos y la que tiene explosivos”.

Este material, posteriormente, se utilizó contra la fuerza pública en inmediaciones de La Luna, uno de los escenarios de confrontación más convulsionados de Cali. El plan de toma de la ciudad contempló también una fase de destrucción a gran escala para provocar caos, desestabilización, sensación de desgobierno, terror entre los ciudadanos y rechazo a la fuerza pública, especialmente, al Esmad, y así bajarle la moral; aunque, según la Fiscalía, es innegable que algunos de los integrantes de este cuerpo policial han cometido abusos y excesos en el uso de la fuerza, y, por eso, ya avanzan decenas de investigaciones en contra de ellos.

De los centenares de horas de interceptaciones telefónicas, 60 son críticas y arrojan pistas de lo ocurrido. Varias fueron trianguladas en La Luna, y tres de esas líneas de comunicación pertenecen a alias Jacobo.

“Haga eso y queme la sim card, y queme todo, cambie todo. Porque esto está horrible”, dice él, en una de sus últimas conversaciones antes de ser capturado. Su mensaje iba dirigido a otros integrantes de la Dagoberto Ramos, infiltrados en la protesta social para atacar a miembros de la Policía, destruir los CAI y toda la infraestructura de la ciudad. No en vano, en estos 18 días de protestas fueron quemadas 10 instalaciones policiales: estación la Sultana y los CAI Villa del Sur, América, Loma de la Cruz, Pondaje, Paso del Comercio, Metropolitano, Cortijo, Obrero y La Estancia. Ni en el peor momento de la guerra en Colombia se presentó una escalada tan violenta contra los policías en las grandes ciudades.

Atacar la infraestructura urbana fue crucial en el plan criminal para acorralar a Cali. Por esa razón, en las últimas dos semanas, y de manera sistemática, incineraron 11 estaciones del MIO, y 80 buses fueron destruidos, 16 de ellos quemados. También atacaron 22 entidades financieras, nueve sedes gubernamentales, un hotel, un puesto de salud, un colegio; 55 establecimientos comerciales, saqueados y quemados; 37 sistemas para fotomultas, destruidos; 63 estaciones de gasolina resultaron afectadas; y al menos 21 vehículos de emergencia, entre ambulancias y camiones de bomberos, vandalizados. En Cali, hasta ahora, ya se cuentan 45 muertos y 451 heridos.

Algunas de las calles de la capital del Valle parecían el escenario de una guerra civil, y delincuentes lograron instalar retenes para extorsionar a los ciudadanos. La orden era clara: bloquear por completo a Cali, y, por esa razón, instalaron barricadas en varios municipios aledaños, como Buga, Tuluá y Palmira.

Por si fuera poco, las operaciones aéreas del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón fueron intermitentes, y la terminal tuvo que cerrar por completo por varios días, en un hecho insólito e inédito, que ni siquiera se vivió en la peor época de la guerra entre los carteles de Cali y Medellín, en la época de Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela.

Las grabaciones de Jacobo

El actuar criminal del recién capturado alias Jacobo era tan descarado que, permanentemente, se comunicaba con sus superiores en el Cauca para que le enviaran apoyo a Cali. “Acá necesitando apoyo en la madrugada y en la noche. Anoche se armó. Nos encendieron”, se le escucha en una grabación.

Uno de sus cómplices le responde: “¿Sí?, y ¿no tiraron eso que les dejamos?”. “¿Qué dejaron ustedes?, porque las tres papas bomba, eso se perdieron”, dice Jacobo. “No, ahí se le dejaron unas cosas”, le responden. “Aquí no aparece nada, bueno, bueno. Hoy por la noche llego, es que tuve por allá un tropelito (…) déjeme que ya en la noche llegamos por allá”, dice Jacobo en las interceptaciones.

Él tenía su base de operaciones, principalmente, en los barrios Ciudad 2000, Alfonso López, El Vallado y La Unión, donde fue capturado. A Jacobo lo responsabilizan de los hechos más violentos, como el ataque contra el CAI de la Policía en Puerto Rellena, que ardió en llamas. También, la destrucción de las estaciones del MIO en el barrio Calipso, y las balaceras en la comuna 20, la mayoría en Siloé.

Todo eso sin contar con los robos bancarios y el traslado de milicianos de las disidencias de las Farc a La Luna; allí estaba el hotel que hospedaba a los policías que llegaron a Cali como refuerzo, y fue saqueado y atacado con explosivos. En ese atentado participaron encapuchados e infiltrados de la Dagoberto Ramos.

Los milicianos de las disidencias de las Farc se citaron en la bomba Gazel de La Luna. “A mí no me dejaron entrar por el arma, por el fierro no me dejaron entrar”, se escucha en uno de los audios en poder de la Fiscalía.

Eso demostraría que iban armados esa noche, y que los manifestantes de las protestas, que rechazaban los actos violentos, les prohibieron el ingreso; entonces, Jacobo les dio una instrucción, cambiando los planes sobre la marcha: les pidió llegar hasta cierto punto en taxi, y ordenó que alguien pagara el servicio de transporte para que arribaran hasta La Luna. Los investigadores comprobaron que en las conversaciones, cuando se habla de “cosas” o “cositas”, se refieren, la mayoría de las veces, a material explosivo.Las autoridades no tienen duda. El plan de la toma de Cali ha estado a cargo de la columna Dagoberto Ramos, que opera en Corinto, Caloto y Miranda, en Cauca, a escasos 30 minutos de la capital del Valle. Los hombres armados habrían utilizado una ruta porosa entre Puerto Tejada y el corregimiento El Hormiguero para entrar a la ciudad por cañaduzales y el sector de Navarro, todo esto en el suroriente. Esa vía, recordada por la masacre de los cinco jóvenes en Llano Verde, es un tránsito estratégico para la entrada de droga al distrito de Aguablanca.

La Dagoberto Ramos forma parte del Comando Organizador de Occidente, un sanguinario bloque disidente de las Farc que agrupa a ocho columnas y tres frentes de excombatientes que nunca se acogieron al proceso de paz; es comandado por alias Gentil Duarte e Iván Mordisco desde las selvas del Caquetá. Ese comando, experto en terrorismo urbano y que se nutre del narcotráfico, controla territorios en el norte del Cauca con la Dagoberto Ramos y la Jaime Martínez, y el sur de ese departamento con el frente Carlos Patiño. Manejan las rutas de la droga y grandes sembradíos de coca y marihuana.

Su proyecto criminal pretende controlar las redes urbanas del microtráfico, así como sectores vulnerables donde es más fácil reclutar jóvenes. En el informe reservado de inteligencia, conocido en exclusiva por SEMANA, se revela que el suministro de armas para atacar a la fuerza pública está en manos de alias Danielito, alias Anabeiba y alias Jonathan, del frente José María Becerra del ELN. En el caso de las disidencias de las Farc, ese mismo papel lo cumplen alias el Rey, alias 38 y alias Santo Niño.

La llamada Segunda Marquetalia juega un rol importante con ocho hombres y una mujer, encargados también de suministrar armas y de formar parte de una brigada clandestina para cometer actos violentos. Ellos son alias Steven, Sebastián, Kelly, Pier, Pinky, Plo, Ruco, Coyote y Anthony. Uno de ellos es identificado como articulador de masas con influencia en una universidad.

Las autoridades tienen en su poder pronunciamientos de los grupos armados que comandaron la violenta toma de Cali. A través de interceptaciones o videos enviados desde la clandestinidad, los mensajes han sido muy claros sobre su intención de infiltrarse y aprovecharse de las marchas pacíficas. La Nueva Marquetalia, de Iván Márquez, ha dicho: “Que nada nos distraiga de la participación con todas nuestras fuerzas y la potencia en la protesta social que se fortalece en Colombia”.

En el caso del grupo disidente de Gentil Duarte, los investigadores saben que ven en el movimiento bolivariano una alternativa para la concreción de una “fuerza política”. Y, por los lados del ELN, han ordenado participar y apoyar las movilizaciones populares: “La orden que estamos dando es masificar el paro”.

El papel criminal del ELN

El ELN también ha desempeñado un papel fundamental en el plan de la toma de Cali durante el paro. Alias Lerma fue designado por este grupo armado ilegal para liderar el abastecimiento de elementos y ocasionar los desmanes en medio de las protestas. Sus líneas telefónicas así como las de Jacobo funcionaban como una oficina de despacho de elementos explosivos, según la información de inteligencia conocida por SEMANA.

Lerma, quien ya fue capturado durante estos días de paro, creció en el distrito de Aguablanca en Cali y fue identificado por las autoridades como Yeison Lerma Castro, señalado de ser el cabecilla de la red de las milicias urbanas del frente José María Becerra del ELN. Su misión no era solamente atentar contra la fuerza pública, sino reclutar jóvenes en los barrios marginados del área metropolitana de Cali, aprovechando los escenarios de inconformismo social.

En una de las interceptaciones, alias Lerma habla con otro hombre, identificado como alias Jhon, quien le pide “cositas”, refiriéndose a munición. También menciona “puntillas”, que en el lenguaje de dicha organización significa metralla, para la fabricación de bombas molotov. En otro de los apartes, una mujer estaría dispuesta a pagar hasta 7 millones de pesos por un arma. Las primeras pesquisas indicarían que esta sería utilizada para atentar contra la vida de uniformados.

En muchos de los hechos ocurridos habrían utilizado armas del Estado para tratar de inculpar a la fuerza pública. En la casa de alias Lerma se encontró una granada del Esmad, modificada con explosivos y metralla, convirtiéndola en un artefacto letal.

En el extenso dosier conocido por SEMANA sobre la toma de Cali, hay varios elementos incautados, incluidas cartillas, en las que sobresale un manual de instrucciones para promover “el cierre de vías” y “enfrentar a la fuerza pública”. El documento está dirigido a “células de grupos urbanos y radicales en lo urbano”.

También, documentos con instrucciones para moverse en las redes sociales, y convertir en virales las piezas gráficas que enardecen la protesta. Una de las recomendaciones más importantes es que en los bloqueos se armen cocinas “para que el paro no muera”. El manual habla claramente de cómo crear “grupos de gestión para conseguir donaciones de alimentos, pinturas y herramientas para protegerse”.

Asimismo, se comparten links para interconectar a todos los grupos radicales en las diferentes ciudades del país. Se explica cómo fabricar perforadores de llantas, los mismos utilizados en los disturbios de Chile, llamados ‘miguelitos’. Ofrecen instrucciones para neutralizar “las ballenas”, es decir, las tanquetas de la fuerza pública, regando aceite en el piso. Piden que les den gaseosa con laxantes y veneno a los miembros del Esmad, y explican cómo dejar inútiles las motos de los policías.

Adicional a ello, queda establecido que la vigilancia de las fuerzas se haga con drones desde el aire y que reporten los movimientos de los uniformados, además de usar la plataforma Telegram para enviar mensajes de voz como si se tratara de radioteléfonos. Para los más radicales que no están armados, también hay un manual.

“Lleven vinagre y pañuelos para el gas lacrimógeno, pintura para cegar al Esmad, miguelitos (pedazos de mangueras con clavos) para las llantas, en una confrontación golpeen los genitales y muerdan, aceite para echar en las máquinas, celular cargado, tracen vías de escape en grupo, si los intentan agarrar, abrazan las piernas de la gente”, se lee en los documentos.

¿De dónde sale la plata?

La toma de Cali ha sido financiada, según las autoridades, por el narcotráfico. De lo contrario, habría sido imposible. Las gruesas sumas de dinero garantizaban la permanencia indefinida de los bloqueos. Para ello, en cada punto asignaban entre 10 y 15 personas de confianza para mover y organizar a la gente. También se pusieron al servicio varios vehículos particulares que iban de lado a lado de la ciudad, abasteciendo a los vándalos, entregándoles alimentos, agua y dinero en efectivo.

Los investigadores establecieron que parte de los millonarios recursos para la logística empezaron a llegar a Cali de alias Marcos Pacífico, uno de los jefes del ELN que actúa en el suroccidente del país. Se descubrió que la plata fue movida a través de correos humanos. Una de las modalidades era llevarla camuflada en neveras de icopor, simulando que era comida o pescado.

Al mismo tiempo, se conoció que emisarios de las disidencias de las Farc, de Gentil Duarte, se encargaron de reclutar pandilleros y toda clase de delincuentes comunes para participar en las marchas.

Además de millonarios giros de dinero, les entregaron armas. También pagaron para la construcción de más de 200 escudos de hierro para que se protegieran en medio de los enfrentamientos.

Los primeros pasos para la toma de Cali se dieron en abril, cuando las autoridades comenzaron a detectar que varios de los jefes de los vándalos arribaron a la ciudad junto con jóvenes que salían desde Bogotá, Neiva y Cúcuta.

A la capital del Valle llegaron a casas de fachada, y se fueron preparando para actos violentos con la gente ya reclutada en la ciudad. Otras viviendas fueron adecuadas para entrenamientos en el uso de bombas molotov. Estos grupos ya se identificaban como brigadas clandestinas.

Agentes encubiertos siguieron de cerca algunos de los movimientos de los líderes que asistían a reuniones en distintos sectores de Cali, en las que se planeaba la manera de intervenir violentamente en las manifestaciones. Allí se empezaron a conocer los planes para bloquear a Cali.

Por otra parte, inteligencia detectó que, desde comienzos de 2020, el ELN envió a sus llamados líderes políticos a varias zonas del país, aprovechando la pandemia, para realizar lo que llaman el “trabajo barrial”. En Bogotá, Cali, Medellín, Neiva, Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga y Cúcuta, entre otras ciudades, llegaron a barrios populares y de escasos recursos, haciendo trabajo social ante la difícil situación. Entregaban mercados, medicinas, hacían ollas o almuerzos comunitarios en los parques durante los fines de semana, y realizaban actividades artísticas y deportivas, especialmente. A eso lo llamaron “elenización en las ciudades”.

Las llamadas disidencias de las Farc ya estaban haciendo lo propio con las milicias urbanas, que no dejaban de aparecer en sectores populares. Todo esto lo han confirmado las autoridades, a través de confesiones de algunos capturados e incautación de documentos, en los que aparecen nombres, barrios, líderes, pagos de nómina que van desde 200.000 pesos hasta pagos a líderes de entre 3 y 9 millones de pesos. Además, les ofrecen un abogado pago en caso de ser capturados.

Igualmente, las autoridades tienen conocimiento de que incluso se estaría fraguando una gran asonada en Cali contra funcionarios del más alto nivel del Estado, y se estarían pagando millonarias sumas de dinero por atentados selectivos de “alto impacto”.

Para completar este preocupante panorama, la minga indígena llegó a Cali el primero de mayo. Todo se complicó. Los indígenas terminaron mezclándose en los bloqueos con los manifestantes y vándalos, y organizaron sus propios retenes y requisas. Esto indignó profundamente a un sector de la ciudad hasta tal punto que las autoridades investigan quiénes fueron las personas armadas registradas en video, disparando y camufladas entre la minga.

El pasado domingo, el caos estalló cuando se enfrentaron indígenas con habitantes en Ciudad Jardín y Pance. En los choques hubo disparos, por lo menos diez heridos y asaltos de algunos indígenas a condominios privados. Hoy todavía no se sabe con exactitud quiénes son los responsables. Las redes sociales también han sido aprovechadas por los delincuentes en la toma de Cali, y las autoridades indagan el papel de algunos políticos en la toma de la ciudad.

El desempeño del alcalde de Cali ha sido cuestionado por su ambigüedad frente a varios episodios. Por momentos se sintió un preocupante vacío de autoridad, que él mismo reconoce. Entre tanto, el Gobierno nacional fue tímido a la hora de intervenir para impedir que los bloqueos se prolongaran por varios días.

Nadie niega que en Colombia hay razones para salir a protestar de forma pacífica. Sin embargo, el reciente paro, que aún no termina y en medio de los bloqueos, puso al descubierto el poder destructivo del terrorismo urbano, promovido por las disidencias de las Farc y los milicianos del ELN.

Ha quedado claro el nuevo y grave problema enfrentado por los ciudadanos y las autoridades bajo la amenaza de un monstruo de siete cabezas, alimentado por el narcotráfico, y compuesto por grupos sanguinarios capaces de tomarse una ciudad entera por varios días y ante la mirada atónita del mundo, como ocurre hoy en Cali. Quieren lograr lo mismo en Bogotá y Medellín. Colombia está avisada.